El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes, según dictaminó la Corte Suprema, que ahora debe fijar este viernes la pena de cárcel.

Por 4 votos a 1, cinco jueces decidieron sentenciar al líder ultraderechista de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, exabogado de Lula, contra quien Bolsonaro conspiró tras ser derrotado en los comicios, según las conclusiones del tribunal. «Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho», dijo Zanin en su valoración, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

«La Fiscalía consiguió describir satisfactoriamente una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente y orientada a perseguir un proyecto» centrado en la «permanencia en el poder del presidente Bolsonaro, sea cual fuera el método criminal a ser utilizado», aseguró Zanin.

Tras la declaración de culpabilidad, los cinco jueces discutirán, en principio este viernes, las condenas que serán aplicadas, que pueden llegar a 43 años de cárcel.

El voto a favor de Bolsonaro

Este miércoles, el juez Luiz Fux se pronunció por absolver a Bolsonaro de todos los cargos de golpismo y pidió además la «anulación de todo el proceso». En un pronunciamiento que duró más de 10 horas, el ministro sostuvo que la Fiscalía no probó cabalmente todo aquello por lo que ha acusado a Bolsonaro y aseguró que en un juicio penal «la responsabilidad criminal debe ser probada más allá de toda duda razonable», lo que en su opinión no ocurrió.

Fux eximió a Bolsonaro de haber conspirado contra la democracia con su agresiva campaña de descrédito del sistema electoral antes de los comicios de 2022, en los fue derrotado por Lula, y afirmó que «discursos o entrevistas» no pueden ser tratados por la justicia como si fueran «narrativas subversivas». Pero más allá de absolver a Bolsonaro y sus consideraciones sobre la acusación, el juez fue incisivo en sus críticas al propio proceso abierto en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal.

El magistrado sostuvo que Bolsonaro y los otros siete acusados carecían de «pregorrativa de foro» el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes. En ese marco agregó que el máximo tribunal solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, los cuales consideró que no fueron debidamente probados. 

Estados Unidos amenaza a Brasil con intervención militar

Dos días antes, el martes (9), una portavoz de la Casa Blanca sugirió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría usar la fuerza militar contra Brasil después de que dos jueces de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes y Flávio Dino, dijeran que votarían para condenar al expresidente Jair Bolsonaro (PL) por un supuesto «intento de golpe de Estado».

Hablando durante una conferencia de prensa diaria, Karoline Leavitt dijo que Trump había «tomado medidas significativas con respecto a Brasil en forma de sanciones y también utilizando el recurso de los aranceles». Además de imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas, Trump sancionó recientemente a Alexandre de Moraes a través de la Ley Magnitsky.

Leavitt dijo que Trump actuaría en defensa de la «libertad de expresión», diciendo que «esta es una prioridad para la administración, y el presidente no tiene miedo de usar el poder económico, el poder militar de los Estados Unidos de América, para proteger la libertad de expresión en todo el mundo». Aunque la declaración no fue acompañada de ninguna medida efectiva, es una amenaza criminal. Se produce al mismo tiempo que Estados Unidos ha enviado buques de guerra a las costas de Venezuela, lo que indica que puede intervenir militarmente en América del Sur en cualquier momento.

Mostrando su apoyo a la política del STF que está llevando a una crisis entre Brasil y el gobierno de Estados Unidos, la diputada federal Erika Hilton (PSOL) calificó de «ridícula» la justificación de Leavitt de la «libertad de expresión». Resulta que, incluso si la interferencia de Estados Unidos es inaceptable, la libertad de expresión de Bolsonaro está restringida: incluso antes de ser condenado, tiene prohibido usar las redes sociales.

El gobierno brasileño se pronunció de una manera increíblemente tímida ante lo sucedido. La Cancillería, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó una breve nota, en la que dijo que «el gobierno brasileño condena el uso de sanciones económicas o amenazas de uso de la fuerza contra nuestra democracia» y que el «primer paso para proteger la libertad de expresión es precisamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas».

La Cancillería, que se negó a reconocer el resultado de la voluntad popular expresada en las urnas en Venezuela, ni siquiera mencionó, en la nota supuestamente en defensa de Brasil, a Estados Unidos como el que está amenazando la integridad nacional.

Fuentes: Resumen Latinoamericano / DCO.