La campaña Fin al comercio de armas con Israel ha presentó este miércoles una querella ante la Audiencia Nacional en la que pide inmovilizar y registrar el buque Nysted Maersk, de la naviera Maersk, que hará escala en el puerto andaluz de Algeciras el 26 de septiembre.

Los activistas sostienen que la embarcación podría trasladar piezas destinadas a aviones de combate F-35 con destino a la empresa Israel Aerospace Industries Ltd, en Haifa. Según la denuncia, la ruta prevista incluye escalas en Valencia (18 de septiembre), Barcelona (20) y, tras pasar por Casablanca, su llegada a Algeciras. Desde el puerto algecireño continuará hasta Tánger, donde recogería mercancías, incluido un contenedor con partes de alas de los citados cazas, que serían desembarcadas en Israel el 4 de octubre.

El colectivo recuerda que en septiembre y octubre del año pasado el mismo barco ya transportó material militar desde Estados Unidos a Israel, con parada en Algeciras, y reclama a la Audiencia Nacional que solicite al Ministerio de Exteriores las autorizaciones concedidas a la naviera desde octubre de 2023. También piden que se identifique e incluso se detenga al capitán como posible coautor o cooperador necesario según Andalucía Información.

La querella apunta a un posible delito de contrabando si el transporte se realizase sin autorización española. Cita, además, la normativa nacional que faculta al Gobierno a denegar permisos cuando existan indicios de que el material pueda ser usado para violar derechos humanos, así como el Tratado de Comercio de Armas de la ONU, que prohíbe las transferencias cuando puedan destinarse a genocidios, crímenes de lesa humanidad o violaciones de los convenios de Ginebra. Los activistas añaden que los F-35 israelíes se están utilizando en los bombardeos en Gaza.

Revocan la decisión de la UGR de suspender sus colaboraciones con Israel

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha revocado la decisión de la Universidad de Granada que suspendió sus vínculos académicos y científicos con entidades israelíes. Esta medida fue considerada «discriminatoria» y en contra de los «derechos fundamentales» según recoge Viva Granada.

La anulación del acuerdo se produce tras la evaluación del recurso presentado por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). La decisión del TSJA revoca un fallo anterior que había respaldado la legalidad de la suspensión implementada por la UGR.

La Universidad de Granada tomó esta decisión en respuesta a las protestas y movilizaciones de estudiantes, personal educativo y la sociedad civil, deteniendo así la colaboración con instituciones de Israel.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha evaluado el recurso presentado por ACOM y ha determinado que la medida adoptada por la Universidad de Granada carece de fundamento legal. En su fallo, el TSJA calificó el acuerdo como una acción que «vulnera la dignidad de la persona» y que «estigmatiza» a los afectados, responsabilizándolos del conflicto sin confirmar sus posturas individuales.

Además, el tribunal señaló que la universidad transmite una «opinión negativa» hacia los involucrados, generándoles un peligro al enfrentarlos con la sociedad en general. Esta decisión subraya la importancia de que las instituciones educativas respeten los derechos fundamentales y eviten pronunciamientos que excedan su competencia.

En mayo de 2024, la Universidad de Granada decidió suspender la movilidad estudiantil y de personal con universidades israelíes. Esta medida incluyó la interrupción de la cooperación científico-técnica y la cancelación de varios convenios establecidos previamente.

La suspensión fue una respuesta a las movilizaciones y demandas de diversos sectores de la comunidad universitaria y la sociedad civil, quienes exigían una postura firme ante el conflicto internacional.