La muerte de Manuel José García Caparrós, el malagueño de 18 años fallecido a consecuencia de la bala disparada por la Policía Armada española en la zona de la Alameda de Colón de la capital durante la multitudinaria manifestación celebrada el 4 de diciembre de 1977 sigue siendo a día de hoy una incógnita oficial.

Ya se sabe el nombre de su asesino pero hasta ahora, el acceso a los información sobre este episodio que daba el Estado español había sido parcial ya que había partes que aparecían con tachaduras. Era una demanda histórica acceder a toda la información clasificada para tratar de saber quién estuvo detrás del asesinato de García Caparrós.

La respuesta a estas dudas cada vez está más cerca. El Congreso de los Diputados va a aprobar este próximo martes una instrucción del Departamento de Archivos y Bibliotecas con la que se facilitará el acceso a la documentación íntegra que existe en el Congreso sobre el asesinato del malagueño. Por tanto se permitirá consultar todos los documentos que haya en las Cortes sobre este caso tras 48 años de ocultamiento.

Que la diputada por Sumar y vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados español, Esther Gil de Reboleño, así lo haya anunciado este sábado en Torremolinos a bombo y platillo es patético. Que se pretendan atribuir el «logro» es lamentable, habida cuenta de que son la muleta necesaria por la «izquierda» para sostener el Régimen del 78 y el Estado español que durante casi medio siglo ha ocultado esta información.