El Estado español atraviesa un proceso inédito de fragmentación social: la capa de trabajadores acomodados (o aristocracia obrera en términos marxistas) se contrae desplazando a muchas familias que ocupan ese espacio intermedio hacia estratos inferiores. Tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado al Estado español a contar con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. La integración social se erosiona y la exclusión grave permanece muy por encima de los niveles de 2007. En 2024, la exclusión severa se sitúa un 52% por encima de 2007, lo que arroja un saldo de 4,3 millones de personas.

Así se desprende del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social, realizado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. La fuente principal de esta investigación ha sido la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares en todo el país y cuyos datos podrán explotarse próximamente a través de la web de la Fundación FOESSA.

No fallan las personas, falla el sistema

El IX Informe FOESSA señala que pese a las dificultades que afrontan a diario los hogares en exclusión severa, tres de cada cuatro activan estrategias de inclusión, es decir, buscan empleo, se forman, activan redes y ajustan gastos, pero chocan con barreras estructurales, se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados. La activación en estos hogares pasó del 68% en 2021 al 77% en 2024.

“El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa. Esta realidad demuestra que no fallan las personas, falla el sistema”, aseguró Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del informe.

Vivienda inaccesible y empleo precario, los grandes motores de la exclusión

Los principales motores de la exclusión social en el Estado español son la vivienda y el empleo. “La vivienda es hoy el factor que está activamente reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cuatro hogares de una vida digna, y triturando el difícil equilibrio de las clases medias”, aseguró Flores.

Los datos son claros. El 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la UE. El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza.

Aunque el empleo mejora macroeconómicamente, ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora. La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad (47,5%) de la población activa. Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. De hecho, más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja.

Degradación de la enseñanza obligatoria, el título de la ESO «ya no protege»

A estos dos grandes motores se suman otros cuatro factores multiplicadores de la exclusión: la educación, el origen familiar, la salud y las relaciones sociales. El informe demuestra que la ESO ya no protege. El «cortafuegos» contra la pobreza y la exclusión se ha desplazado al Bachillerato y a la FP. El dato es rotundo: si una persona no consigue completar estudios superiores a la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.

El segundo factor multiplicador es el origen familiar. Los hijos de personas con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza que los de progenitores altamente formados.

“La conclusión del informe es un golpe a nuestra promesa de igualdad de oportunidades. La exclusión social se hereda, y es necesario actuar para compensar las desigualdades de origen porque el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y que el esfuerzo”, indicó el secretario técnico de la Fundación FOESSA.

La desigualdad se mide en años de vida

El informe FOESSA introduce otro factor determinante: la salud. La desigualdad también se mide en años de vida. Además del deterioro de la salud asociado a la malnutrición, el informe detecta cómo las listas de espera y la dificultad para conseguir cita están minando el acceso a la sanidad.

El dato más grave es que el 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica el año pasado. El doble que en el conjunto de la sociedad. La salud mental también se resiente. Los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno adaptativo alcanzan al 6% de la sociedad, pero superan el 12% entre quienes viven en exclusión severa. “El informe pone sobre la mesa que cuando el sistema público se atasca, y retrasa la detección precoz de enfermedades, o no cubre completamente puntos fundamentales como la salud mental, la única alternativa es el pago, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio”, apostilló.

Crece el aislamiento entre personas en exclusión severa

La herida más profunda de todas es la ausencia de una red de relaciones. Aunque a nivel general, en el Estado español, la soledad absoluta (no tener a nadie a quien acudir) es minoritaria e incluso ha bajado -del 6,2% de hogares en 2007 al 4,7% en 2024-, las personas en exclusión severa sufren una fractura aterradora.

El nivel de aislamiento de las personas en exclusión severa se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. “El informe nos alerta sobre cómo nuestro ‘escudo comunitario’, se está debilitando justo donde más se necesita. Donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible; donde se rompen, la dependencia se acelera. Reconstruir esos lazos exige reconocer lo relacional como estratégico: las políticas deben medir y fortalecer el capital social (familia, vecindad, asociaciones) con acciones preventivas y comunitarias”, indicó Flores.

La exclusión grave crece en los hogares encabezados por mujeres

El primer grupo que sufre especialmente esta fractura social son las mujeres. La exclusión sigue creciendo y penalizando a los hogares encabezados por mujeres, pasando del 17% de exclusión en 2007 al 21% en 2024, y especialmente en las familias monoparentales que han pasado del 12% en 2007 al 29% en 2024. De hecho, del total de hogares excluidos graves, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).

La situación administrativa irregular, un multiplicador de la exclusión

La exclusión no es un problema que el Estado español haya importado. El 69%, la gran mayoría, de las personas en exclusión poseen la ciudadanía española. “Lo que vemos no es un problema inherente al origen, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas”, apostilló.

Sin embargo, los datos muestran una brecha persistente y preocupante: casi la mitad (47,4%) de la población de origen inmigrante está en exclusión, una tasa que casi triplica la de la población autóctona (15,3%).

De hecho, un multiplicador directo de esta exclusión es la situación administrativa. El 68% de las personas extracomunitarias en situación irregular sufre exclusión, frente al 43% de quienes tienen permiso. Es una evidencia que esta irregularidad está repuntando, agravada por la lentitud de los trámites que deja a miles de personas en un limbo, el 62% de quienes no tienen papeles afirma estar intentando regularizarse.

La infancia y la juventud, los grandes perdedores

Los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual son los jóvenes y los niños. Un tercio de toda la exclusión severa en el Estado español corresponde a menores de edad, cuya tasa de pobreza se sitúa en el 29%, la más alta de todos los grupos de edad y de las mayores de Europa. A ellos se suma buena parte de la juventud que vive una situación de bloqueo vital: 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española.

La desigualdad salarial se enquista, golpeando especialmente a la juventud, que accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores, rompiendo el equilibrio intergeneracional. Este “efecto cicatriz” que persiste sobre los salarios y la trayectoria laboral, genera pérdidas salariales acumuladas significativas a lo largo de la carrera profesional.

El capitalismo genera desigualdad y fractura

El informe señala que todos estos problemas son síntomas de un modelo de sociedad que genera estructuralmente desigualdad, precariedad y fractura. “Llegamos a la paradoja central que define nuestro tiempo como una sociedad del desasosiego. Coexiste esa bonanza económica aparente con malestares estructurales profundos: vidas bloqueadas, soledad, angustia ecológica, desesperanza. Vivimos en una sociedad ecológicamente vulnerable, anímicamente desasosegada y socialmente desgarrada”, apuntó Flores.

Debemos decir más abiertamente que este modelo es el capitalista. Y solo superándolo y avanzando hacia una economía planificada de carácter socialista se podrán evitar las profundas desigualdades que, sea en los pueblos víctimas de los Estados imperialistas más ricos o sea en el interior de dichos Estados, genera el mismo.