Irónicamente, la misma semana en que a un lado de los Países Catalanes, cierto presidente se lava las manos de responsabilidades jurídicas y políticas por 229 muertos, a otro lado, en Arran se nos investiga por acoso, daños y grupo criminal.

En 2022, en los Países Catalanes y en el Estado Español comenzaron a destaparse una serie de agentes de la Policía española que se habían infiltrado durante meses y años en diferentes colectivos y movimientos sociales. Uno de ellos -el agente I.J.E.G., conocido por el nombre encubierto de Marc Hernàndez Pons- se infiltró en el sindicato estudiantil de nuestro Movimiento: en el SEPC (Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes).

Tanto éste, como el resto de infiltraciones no han tenido ningún tipo de repercusión jurídica ni política. En cambio, Arran, a partir de ser acusadas de hacer pintadas y lanzar huevos a la comisaría de la Policía española en Maó, en la que trabaja el agente I.J.E.G, pasamos a ser investigadas como grupo criminal.

No es sólo que no haya habido ningún control judicial de las actuaciones de estos agentes, sino que esta práctica forma parte de un entramado represivo que viene de lejos -y va para largo.

En los últimos años hemos visto actuaciones de todo tipo. En 2020, en plena pandemia, al menos 11 direcciones de correo electrónico de Arran, Endavant, la CUP, el Ateneo La Base, la Forja y el Sindicat de Llogateres fueron suplantadas y se enviaron más de una veintena de correos falsos para captar información. Encargo llevado a cabo por los Mossos d’Esquadra y la Generalidad de Cataluña.

A estas, sumamos los 10 casos de infiltraciones policiales de todo el Estado -principalmente en los PPCC-, la constante aplicación de la Ley Mordaza, los cambios de protocolo de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional en los últimos meses con el nuevo uso del gas pimienta… y los numerosos casos de multas y penas por manifestaciones, movilizaciones para detener desahucios, etc.

En este caso, el señalamiento para denunciar una infiltración policial, orquestada bajo la colaboración del Ministerio de Interior del «gobierno más progresista de la historia«, les sirve para cargar una vez más contra nuestra organización con unas acusaciones que por su desproporcionalidad flagrante, también parecen ironía.

Y es que a punto de «celebrar» los cincuenta años de la falsa Transición, queda más que claro que ni en las alcantarillas del Estado Español se ha hecho limpieza ni que hay ningún tipo de intención de hacerlo. La impunidad con que hacen y deshacen los propios criminales y partidos hereditarios de la dictadura y los muelles que se repartieron es ridículo.

La represión política es consecuencia inevitable de nuestra lucha: es la herramienta del Estado capitalista para desarticular cualquier forma de organización popular que cuestione, confronte y luche por transformar el sistema. Por ello, sus cuerpos represivos se infiltran -repercutiendo en la vida militante y personal de muchas militantes, con daños psicológicos y agresiones sexuales-, atacándonos, incriminándonos y mintiendo descaradamente con total impunidad… Mientras vuelven a acusarnos de «criminales» a nosotros, la gente joven que nos organizamos para plantar cara y luchar por un futuro mejor, en un país libre y con una vida digna. La enésima prueba de que todavía lo tienen todo atado y bien atado.

Por muchas operaciones policiales que intenten, por mucho humo que intenten vender en campaña electoral, por mucho que maniobren titulares y portadas, no nos detendrán. Sabemos bien que todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos tiene sentido. Que nuestra lucha es más que legítima y que seguiremos luchando.

La juventud ni tenemos miedo, ni pedimos permiso para luchar por nuestra vida, nuestra tierra, nuestra clase y nuestro futuro. Así que, si el Rey quiere corona, corona le daremos.

Arran.