El Tribunal Supremo español ha decidido este jueves apartar del cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz sancionándolo a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. La resolución —adoptada en el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, sin unanimidad y con los votos discrepantes de las magistradas «progresistas» Ana Ferrer y Susana Polo— anticipa un nuevo episodio de choque entre los distintos bloques del sistema judicial español, conformados por uno bajo influencia del PP y la extrema derecha y otro cercano al PSOE.

La Sala sostiene que García Ortiz, cercano al PSOE, deberá abonar otros 10.000 euros en concepto de «daños morales» a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid. La condena no incorpora los otros delitos que pedía acusación. Pese a su gravedad política, el fallo llega sin sentencia redactada y sin que el tribunal haya hecho públicos sus argumentos, aunque se darán a conocer en los próximos días.

El caso vuelve a poner en evidencia cómo las estructuras judiciales, a partir de sus bases institucionales franquistas que siguen en pie, han sido moldeadas por décadas de nombramientos partidistas entre el PP y el PSOE, con algo más de peso de los sectores conservadores. La Fiscalía, en particular, ha sido habitualmente nombrada a dedo por el gobierno de turno, como llegó a insinuar en su momento el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La Fiscalía es un órgano decisivo para investigar la corrupción, a menudo convertida en herramienta de lucha política y económica partidista.

El fallo tendrá efectos inmediatos: en cuanto la sentencia se notifique formalmente, García Ortiz se verá obligado a abandonar la Fiscalía General del Estado, dejando un vacío de poder en un momento en el que se discuten reformas clave sobre la supuesta «independencia judicial», los nombramientos y el control institucional entre facciones.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo ordena devolver o destruir los objetos incautados en los registros, un detalle que muestra que la causa no se ha traducido en hallazgos con impacto penal más allá del citado delito. Sin embargo, el efecto político es mayor e inmediato: el revés judicial supone un golpe directo al PSOE, puesto que muchos interpretan que las filtraciones de García Ortiz tenían como beneficiario político a Ferraz.

 Terminar con un poder judicial burgués

Este no es, ni mucho menos, el primer caso de lawfare llevado adelante por el Tribunal Supremo español. Es continuidad directa de las mega causas contra el independentismo catalán (que incluyeron la prisión de siete cargos electos y dos líderes civiles, el exilo forzoso de cinco cargos más, la inhabilitación reiterada, la imputación de más de 700 alcaldes por el referéndum del 1O, y miles de activistas procesados), en las que la judicatura puso en marcha todos sus mecanismos de montajes judiciales y causas amañadas, sin pruebas de ningún tipo. Todo con el objetivo de aplastar al movimiento democrático catalán en una ofensiva represiva promovida no solo por el PP y Vox, sino también por el PSOE. El mismo Supremo que hoy condena a su FGE, es con el que participaron de la acusación en el juicio del procés a través de la Abogacía del Estado bajo su control.

Lo mismo podemos decir de las miles de causas contra activistas y luchadores, como las 6 de Zaragoza, las 6 de la Suiza, etc. En todos estos casos, la Fiscalía General fue un instrumento del Estado para acompañar las causas de Lawfare y montajes judiciales.

El consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional -creada en 1977 como una heredera directa de la dictadura, que suplantó el Tribunal de Orden Público franquista- y toda la estructura judicial son instituciones reaccionarias al servicio de los capitalistas y el Estado español, defendidas tanto por la derecha como por el Gobierno “progresista” estatal.

Esta casta de jueces puesto a dedo por los partidos del Régimen no se puede reformar con medidas cosméticas, como proponen desde partidos como Podemos o Sumar.

Para terminar con “el partido judicial” español que legisla a favor de los capitalistas, los imperialistas y sus personeros políticos imponiendo su justicia de clase, es necesario imponer medidas radicales. Conquistar nuestra soberanía judicial, hoy secuestrada al ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un órgano supeditado al CGPJ, la elección de los órganos judiciales por sufragio universal, que los jueces no cobren más que el salario medio de un trabajador, y que sean revocables. Asimismo, hay que establecer juicio por jurados populares.

¿Quiénes son los nuestros?

El aparato judicial, que como el represivo y el financiero, están al servicio de la clase dominante en una sociedad capitalista, vive en estas horas una falsa disyuntiva. Las dos columnas del régimen dirimen sus fuerzas: progres y fachas (en lenguaje popular) miden sus fuerzas en los órganos de dirección judicial como si el sistema estuviese en cuestión.

La extrema derecha tiene más camino andado, porque sus huestes han sabido colocar en los últimos 90 años a afines en los órganos claves de dirección: el felipismo y sus seguidores colocaron luego a los que pudieron y en eso estamos: unos u otros; otros y unos, y la casa barriéndola entre los dos.

Ambos aparatos mediáticos viven la falsa contienda con un intento de contagiar que los suyos son los justos y los otros no. En el fondo (y en la superficie) lo que parecen discutir es quién hará el discurso ante la Corona en el llamado comienzo del año judicial, para demostrar lealtad y sumisión a los borbones.

La falsa guerra judicial no es ajena a los intereses de clase. Ellos están en la misma trinchera, defienden los mismos intereses. Lo demás es paripé, titulares e inflar el muñeco del menosmalismo.

Fuentes: Diario Socialista / Insurgente.