José Antonio Gómez, el juez que investiga el caso de los fraccionamientos de forma indebida en los contratos de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, ha llamado a declarar como testigo a la actual consejera de Medio Ambiente. Catalina García, que fue consejera de sanidad entre 2022 y 2024, años en los que se produjeron gran parte de estas contrataciones con empresas privadas.

El caso impulsado por la Fiscalía anticorrupción busca esclarecer si se produjo una forma ilícita de contratación, como denunció la Intervención de la Junta a través de varios informes sobre estos pagos en los que “apreciaba indicio delictivo” a partir del “fraccionamiento indebido” de los contratos con el objetivo de “eludir” la Ley de Contratos Públicos. Según las interventoras, el gobierno andaluz concatenó miles de contratos menores de entre 15.000 y 30.000 euros en 2021 destinados a empresas sanitarias y farmacéuticas como Novartis, Pfizer, Roche, Bayer o HLA hasta llegar a cantidades millonarias. La cuantía total podría sumar 428 millones €.

Los primeros testigos llamados a declarar señalaron a García como la responsable de retirar el control previo a los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud. El caso se encuentra en periodo de instrucción hasta el próximo abril de 2026.

El partido Nación Andaluza ya se ha posicionado por un SAS de titularidad, gestión y provisión 100% públicas con prohibición por ley de las externalizaciones afirmando que «para la burguesía nuestra salud es mera mercancía para hacer negocio». Y afirmando que «solo la lucha por una Andalucía independiente y socialista, que supere las relaciones de propiedad capitalistas y la sobreexplotación asalariada nos permitirán dotarnos de una sanidad andaluza pública y de calidad».