Jesús Fernández, obispo de Córdoba, quien ha cumplido seis meses al frente de la Diócesis, ha valorado el incendio ocurrido el 8 de agosto en la Mezquita de Córdoba. Cuatro meses ha tardado la Iglesia en hacer una valoración de un recinto de valor incalculable, y que gestiona a aprovecha con la colaboración de las autoridades.

Fernández destacó que es imprescindible continuar mejorando los sistemas de autoprotección del templo principal de la Diócesis (algo evidente dado lo ocurrido en agosto).

Un templo del que se apropió la Iglesia católica de manera unilateral, usurpándole la propiedad al pueblo andaluz. Según ha denunciado recientemente el partido Nación Andaluza «en marzo de 2006 el Cabildo Catedralicio de Córdoba inmatriculó (inscribió por primera vez en el Registro de la Propiedad) la Mezquita con el nombre de “Santa Iglesia Catedral de Córdoba” amparándose en dos artículos (el art. 206 de la Ley Hipotecaria y el art. 304 del Reglamento Hipotecario) que equiparan a la Iglesia Católica con una Administración pública y a los Diocesanos con fedatarios públicos. No bastándole a la Iglesia con la apropiación ilegal e ilegítima de un bien que ha sido siempre del pueblo cordobés, está percibiendo unos ingresos anuales por la venta de entradas disfrazada como “donativo” que rondaron los 22,4 millones de euros en 2024″.

En declaraciones a Europa Press, el obispo se excusó bajo el pretexto de que «el riesgo cero no existe». No hay peor argumento para quién tiene tal cifra de beneficios anuales de la Mezquita.

Sobre la prevención de futuros incidentes similares, enfatizó que la única vía es «seguir perfeccionando los sistemas, formar al personal y mantener una estrecha colaboración con otras instituciones, como se hace desde hace tiempo».

El pasado mes de noviembre el Gobierno español (PSOE-Sumar) confirmó la titularidad vaticana de la Mezquita, legitimando este robo a las andaluzas. Por todo ello desde Nación Andaluza se ha propuesto la recuperación de la Mezquita de Córdoba para el Pueblo Andaluz, como centro de interpretación de nuestro rico pasado histórico, sin las tergiversaciones ni manipulaciones históricas a las que nos ha tenido acostumbrados el Cabildo Catedralicio.  Así como que el pueblo cordobés, que ha sufrido históricamente la marginación económica y una situación de pobreza endémica inducida por el subimperialismo español, sea el que se beneficie de los cuantiosos ingresos que genera.