En un acto de clara insumisión a la legislación de memoria democrática y de sumisión a los fascistas, el Ayuntamiento de Sevilla gobernado por el PP ha paralizado la recepción de una subvención estatal de 200.000 euros destinada a la exhumación de la fosa Monumento en el cementerio de San Fernando, la mayor tumba colectiva con víctimas del franquismo pendiente en la capital andaluza. Esta fosa alberga presumiblemente más de 2.600 cuerpos de represaliados.

Pese a que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática completó todos los trámites para abonar la ayuda antes del cierre del ejercicio 2025, el Consistorio de José Luis Sanz no formalizó la aceptación requerida, alegando la «espera de convenios con la Junta y la Diputación», aunque el protocolo marco ya estaba firmado desde junio por todas las administraciones. Esta excusa no convence, ya que el abono era directo y anticipado, y el Ayuntamiento, como propietario del terreno, es el responsable de impulsar el proyecto técnico necesario.

La Federación Andaluza de Memoria Democrática ha calificado esta decisión como un «incumplimiento flagrante» del protocolo y de la ley, que obliga a garantizar «verdad, justicia y reparación» a las víctimas. Denuncian que se trata de un «acto de concesión a sus socios de extrema derecha», tras el reciente pacto del PP con Vox para aprobar los presupuestos de 2026, que incluye borrar referencias a la memoria histórica en la web municipal y reducir la Oficina de Memoria a una apertura mínima.

Además, el Ayuntamiento no ha asignado ni un euro en los presupuestos de 2024, 2025 ni 2026 para este fin, pese al «compromiso institucional» de concluir los trabajos en 2029. Mientras el Gobierno estatal y la Diputación han liberado fondos, la inacción municipal crea un círculo vicioso que retrasa todo: sin proyecto técnico del Ayuntamiento, no se pueden firmar convenios ni transferir más recursos.