La corrupción en la democracias burguesas no es una excepción sino un recurso necesario para acompasar las necesidades de la oligarquía con las acciones de los gobiernos. Una correa de transmisión auxiliar cuando las formulas legales no se ajustan a las necesidades burguesas.

La trama destapada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en torno a la exmilitante del PSOE y exalto cargo de Correos, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI y exinterventor andaluz, Vicente Fernández, ha alcanzado al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla. El director de Internacionalización de la Economía de la Agencia Trade, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, ha sido cesado debido a su relación con una de las empresas investigadas, concretamente el establecimiento de hostelería La Bola, ubicado en la Cartuja.

Según ha adelantado Público, el pasado 16 de diciembre Fernando Ferrero Álvarez-Rentería comunicó a la Consejería de Hacienda, de la que depende la Agencia Trade, su relación con una de las empresas investigadas vinculadas al ex interventor Vicente Fernández, el establecimiento de hostelería que la UCO investiga por si pudo formar parte de una operación de blanqueo de capitales.

A continuación fue cesado de su cargo con «efecto inmediato» aunque el consejo de administración de la Agencia lo formalizó ayer 30 de diciembre. La decisión se realiza por los «daños reputacionales» que podía implicar su continuidad en el cargo. «No tenemos ninguna sospecha, simplemente nos comunicó su participación con esta empresa junto con Vicente Fernández», explica la consejera portavoz, Carolina España.

Fernando Ferrero Álvarez-Rementería fue designado en el puesto de la Agencia Trade en 2023 dentro de una renovación del equipo directivo que se puso en marcha. Desde entonces ha ocupado esta plaza de la que fue cesado el pasado 16 de diciembre.

Por su parte Vicente Fernández, detenido a principios de diciembre dentro de la investigación de la UCO, fue interventor general de la Junta de Andalucía durante la etapa de María Jesús Montero como consejera. Posteriormente, cuando fue designada ministra lo trasladó al Gobierno estatal como parte de su equipo. Así, presidió entre 2018 y 2019 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales hasta que se reabrió el caso Emérita, de la mina de Aznalcóllar, por tuvo la condición de investigado hasta que finalmente se archivó.