El oligopolio de la energía no perdona a las familias obreras en el Estado español, mientras el Gobierno estatal mira para otro lado. El recibo de la electricidad para un consumidor medio acogido a la tarifa regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), registró un aumento del 15,5% a lo largo de 2025, de acuerdo con un estudio de Facua-Consumidores en Acción.

Con ese incremento, la factura de 2025 se situó como la tercera más alta desde que existen los registros usados por la organización, solo por detrás de 2021 (1.116,04 euros) y 2022 (1.538,53 euros).

El análisis toma como referencia a un usuario medio con 4,4 kilovatios (kW) de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kilovatios hora (kWh), según el parámetro empleado por la asociación.

La cifra contrasta con el escaso 3,53% que aumentaron los salarios -según convenio- en el Estado español. Es más complicado aproximarse a los salarios en negro o fuera de convenio y toda regulación legal, tan frecuentes en Andalucía.

Balance anual del PVPC en 2025

La factura anual del usuario medio en PVPC alcanzó los 975,88 euros en 2025. En 2024, el importe había sido de 845,26 euros, según el mismo estudio de Facua-Consumidores en Acción.

Trasladado a una media mensual, el recibo se situó en 81,32 euros durante 2025. La organización encuadra estos datos en la comparación histórica en la que 2021 y 2022 aparecen como los ejercicios con importes superiores.

Fin de los beneficios «caídos del cielo» para la generación nuclear e hidroeléctrica

En paralelo a la difusión del estudio, Facua instó al Gobierno estatal «a emprender nuevas medidas regulatorias para reducir el desproporcionado margen de beneficio de las grandes eléctricas» y reclamó «modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada».

La organización recordó también que, desde 2021, defiende que la nuclear y la hidroeléctrica queden fuera de la subasta marginalista diaria y pasen a precios fijos a largo plazo determinados por el Gobierno. Con esa propuesta, Facua sostiene que se evitaría «los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora».

Además, Facua criticó que el Ministerio para la Transición Ecológica no haya puesto en marcha actuaciones orientadas a reforzar que los usuarios tramiten los descuentos del bono social.

Soberanía energética para la Andalucía trabajadora

Frente al saqueo del oligopolio energético y la pasividad de unos partidos estatales a sueldo de este, el partido independentista y revolucionario Nación Andaluza ha propuesto «una estrategia energética» para el país andaluz que alcance la soberanía energética con estos puntos clave:

• Nacionalización de las suministradoras eléctricas de energía -creando una empresa pública andaluza de suministro eléctrico- así como de las infraestructuras de energías renovables.
• Establecimiento de precios justos para el consumo eléctrico. Creación de un nuevo sistema tarifario que establezca una coherencia y proporcionalidad entre los precios pagados por kWh y las condiciones socioeconómicas de cada hogar.
• Creación de un Plan Andaluz de Soberanía Energética de cara a conseguir que el 75% de la energía que consume Andalucía tenga su origen en fuentes renovables en 2050.
• Control político, legislativo y reglamentario andaluz sobre gasoductos y materias primas que transiten por territorio o aguas jurisdiccionales andaluzas.