Pese a la caída del decreto 5503, el Gobierno boliviano se vio obligado a garantizar que los beneficios sociales anunciados (como el salario mínimo de 3.300 bolivianos) se mantengan, pero desvinculados de las cláusulas que buscaban privatizar recursos o liberalizar precios.

Tras la abrogación del Decreto Supremo 5503 en Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz suscribió una serie de compromisos vinculantes con la Central Obrera Boliviana (COB) y las federaciones campesinas. Lo que comenzó como una medida unilateral de “emergencia económica” derivó en una negociación forzada por el bloqueo nacional, estableciendo una hoja de ruta para sustituir el denominado  “Gasolinazo”.

El acta firmada en la ciudad El Alto no solo deja sin efecto el incremento de los carburantes contenido en la norma anulada, sino que define un nuevo esquema de trabajo: el Ejecutivo ya no legislará de forma aislada, sino a través de una comisión mixta junto a los sectores sociales. El Gobierno aceptó que la legitimidad del nuevo decreto depende ahora del trabajo conjunto con las bases movilizadas.

Blindaje contra capitales extranjeros y conquistas salariales

Ante las denuncias de la COB sobre artículos que abrían la posibilidad de vender recursos naturales y empresas estatales a capitales extranjeros, el Gobierno se comprometió a que el nuevo decreto sea exclusivo y restringido.

Bajo este acuerdo, el acta establece que la futura norma se centrará únicamente en cuatro pilares: la subvención a combustibles, la programación de créditos para el sistema financiero, la mejora de bonos sociales como el Juancito Pinto y la Renta Dignidad, y el ordenamiento de la política salarial.

Como prueba de la presión ejercida, el Ejecutivo firmó un compromiso de cumplimiento inmediato: la nueva norma debe estar lista y promulgada en un plazo máximo de 48 horas. Esto elimina cualquier margen de maniobra para postergar las demandas del sector trabajador.

Pese a la caída del decreto original, el Gobierno se vio obligado a garantizar que los beneficios sociales anunciados (como el salario mínimo de 3.300 bolivianos) se mantengan, pero desvinculados de las cláusulas que buscaban privatizar recursos o liberalizar precios de forma abrupta.

La victoria del movimiento social

La decisión del Gobierno de Paz de dar marcha atrás al decreto 5503 no fue voluntaria, sino el resultado de una escalada de presión social que alcanzó su punto crítico la segunda semana de enero. El acta se firmó la tarde del domingo 11 de enero, tras jornadas de bloqueos que generaban, según el mandatario boliviano, pérdidas de 20 millones de dólares diarios en producción y empleo, haciendo la situación insostenible para el Ejecutivo.

El rechazo masivo se centró en los precios de 6.96 bolivianos para la gasolina especial y 9.80 bolivianos para el diésel, incrementos del 86 y 162 por ciento, respectivamente, que dispararon el costo de vida tras 20 años de estabilidad en los subsidios.

“La lucha ha rendido frutos y es una enseñanza de que solo en unidad se obtienen victorias”, sentenció Mario Argollo, ejecutivo de la COB, al confirmar que el pueblo en las calles tomó la dirección de la agenda económica.

Aunque las medidas de presión se levantan de inmediato, la COB ha ratificado el estado de emergencia. El compromiso gubernamental está bajo vigilancia: si el nuevo decreto no refleja fielmente lo pactado en El Alto, las bases han advertido que el retorno a las carreteras será inmediato.

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara calificó el acuerdo como un “memorándum de preaviso de despido” para el presidente Paz, señalando que  “si no se trabaja con el pueblo, es mejor no ocupar el cargo”.  “Rodrigo Paz tienes una segunda oportunidad para gobernar de forma correcta para todos. No solo para los ricos y poderosos”, puntualizó.

Fuente: Resumen Latinoamericano.