La vieja receta del éxito sigue vigente: si hay una protesta, debe ser sostenida y, sobre todo, contundente. Las escenas del miércoles por la mañana en Estrasburgo lo demostraron: fardos de paja ardían, palés de madera ardiendo. Los agricultores se mantenían firmes, firmes. Se encontraban ante un llamativo edificio circular, una torre de 60 metros de altura que semeja un círculo semiabierto. Un palacio monumental de cristal y acero, sede del Parlamento Europeo.

Ya el lunes, miles de agricultores partieron en largas caravanas de tractores hacia la ciudad más grande de Alsacia. El motivo: el acuerdo UE-Mercosur. El «tratado de libre comercio» con los países sudamericanos del Mercosur. Tras casi 26 años de maratonianas negociaciones, el acuerdo fue firmado el fin de semana en Paraguay por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los jefes de Estado. Con toda la pompa oficial. El lado positivo: una resaca tras el ambiente festivo. Una rotunda derrota para los gigantes de la agroindustria y sus compinches en la administración de la UE. ¡Qué dolor!

Porque el miércoles, la mayoría de los eurodiputados llevaron el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar la legalidad del acuerdo según Junge Welt. Tienen la facultad de hacerlo. Y con razón. Porque este «acuerdo» es un «acuerdo mixto»; afecta tanto a las competencias de la UE como a las nacionales de los Estados miembros. Por lo tanto, el Consejo de la UE, los Estados miembros y el Parlamento deben aprobarlo. Los eurodiputados tienen derecho a veto.

Ciertamente, la votación (334 a favor, 324 en contra, once abstenciones) fue reñida. Sin embargo, una mayoría es una mayoría. ¿Y ahora qué? Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo tendrán que examinar minuciosamente los expedientes, profundizar en los textos legales y examinar la situación jurídica. Esto podría llevar tiempo. Muchos meses, quizás un año y medio o dos años. Y con razón. Porque uno de los objetivos mínimos de las protestas de los agricultores era retrasar la entrada en vigor del acuerdo y someterlo a la revisión parlamentaria. Ciertamente, el ambiente amenazante que rodeaba al IPE-4 —el término técnico para el parlamento— también causó sensación.

Sobre todo porque los agricultores ya no quieren ser vistos como «chivos expiatorios». Se rebelan contra el dumping social, ambiental y de bienestar animal. Los productos del Mercosur, como la carne de res, las aves de corral, el azúcar y el etanol, se producen con estándares sociales, ambientales y de bienestar animal significativamente más bajos. Las granjas locales, por otro lado, deben adherirse a las estrictas regulaciones de la UE. Es importante destacar que los agricultores no quieren más subsidios agrícolas, como a menudo se asume. Quieren igualdad de condiciones.

Muchos agricultores ya se enfrentan a graves dificultades: aumento de los costes (energía, fertilizantes, piensos), presión sobre los precios por parte de los gigantes minoristas, regulaciones administrativas poco prácticas… la amenaza se ha ido apretando durante años. Las consecuencias: las explotaciones agrícolas están cerrando, los agricultores se están hundiendo. «Daños colaterales» de una política agrícola que sirve a los intereses de las corporaciones y el lucro.

Sin embargo, la votación del Parlamento Europeo supone una victoria parcial para la protesta de los agricultores. La vieja receta del éxito está funcionando: el lema: hacer ruido.

Rechazo andaluz a un acuerdo de «los monopolios y sus gobiernos cómplices»

Con motivo de estas negociaciones muchas organizaciones relacionadas con el medio rural andaluz las rechazaron.

El partido Nación Andaluza denunció como un acuerdo de «los monopolios y sus gobiernos cómplices». Denunciaron que «el Gobierno estatal (PSOE-Sumar) ha apoyado el acuerdo. Manifiesta así que los intereses de las áreas y estados industriales prevalecen (de nuevo) sobre los intereses de los países agrarios como Andalucía». Y también la Junta presidida por Moreno Bonilla » que solo ha planteado a través de la Consejería de Agricultura la necesidad de establecer “salvaguardas” para algunos productos y ha establecido lo que llaman “un proceso de vigilancia activa y diálogo”, evidenciando que su papel no es del defender al Pueblo Trabajador Andaluz sino engañarlo y gobernarlo conforme a los intereses de la oligarquía».

Apuntan que tras de este acuerdo «están los intereses del oligopolio industrial y militar europeo agrupado en la ERT (Mesa Europea de la Industria) y a los terratenientes de MERCOSUR y de la Unión Europea. Supone una nueva colonización del continente americano y una intensificación de la transferencia de riqueza y plusvalía desde los países americanos hacia la UE para intentar reimpulsar la decadente industria europea, proporcionar insumos para el rearme imperialista y contener la inflación reproduciendo un esquema librecambista que siempre beneficia a las grandes potencias capitalistas dada su posición privilegiada en la cadena de valor».

Y todo ello compitiendo con China «que también invierte en esa zona en infraestructuras y vende productos en condiciones ventajosas para ambas partes como país en desarrollo».

«Este acuerdo con el MERCOSUR es, además, otro eslabón de la Política Agraria Común (PAC) que busca liquidar la agricultura, ganadería y pesca de las naciones que gobierna como Andalucía en beneficio de sectores que aportan mayor valor añadido al capital. Andalucía tiene un 7% de nuestro PIB y un 9% de la  población activa en el sector primario».

Anunciaban que el impacto de este acuerdo será muy grave «porque perjudica al pequeño y mediano campesinado andaluz (especialmente al aceite de oliva, la carne de vacuno, el azúcar y la miel). Es un acuerdo que terminará con la agricultura familiar que en nuestro país aporta el 56% de la producción y el 70% del empleo».