El sindicato USTEA ha denunciado que la Junta de Andalucía «mantiene una tasa de interinidad inaceptable en la educación pública andaluza, evidenciando su incapacidad —y falta de voluntad política— para consolidar el empleo público docente».

Un estudio elaborado a partir del censo docente realizado por el sindicato revela que, de los 112.357 docentes que sostienen el sistema educativo público andaluz, 19.185 son personal interino. O sea que más del 17 % del profesorado es interino, y la tasa real de interinidad estructural supera el 12 %, muy por encima del objetivo del 8 % fijado por la Unión Europea.

USTEA denuncia que llevan tiempo exigiendo a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que haga públicos los datos reales de interinidad tras los procesos de estabilización, sin obtener respuesta.

Los datos para USTEA confirman que el llamado “proceso de estabilización” derivado de la Ley 20/2021 ha sido «un fracaso absoluto» en Andalucía. Resulta especialmente grave que circunscripciones provinciales como Cádiz y Huelva superen el 20 % de tasa de interinidad estructural, o que Almería se sitúe por encima del 15 %, cifras que evidencian una gestión profundamente irresponsable del empleo público docente. Los procesos de oposición actuales, con una fase eliminatoria y un alto componente memorístico, han fracasado a la hora de proporcionar una estabilidad real y equitativa. Por ello, USTEA exige en mesas ministeriales la implantación del acceso diferenciado (en el que se incluya un concurso de méritos). Este nuevo modelo debe contemplar un sistema que reconozca la experiencia y la antigüedad de forma justa, conviviendo con la libre concurrencia, para evitar que el profesorado sea “de usar y tirar”.

Denuncian que la Junta está utilizando al personal interino «como mano de obra barata, eludiendo su obligación de crear plazas estructurales y recurriendo a parches temporales». Esta política responde a una estrategia clara para el sindicato: «asfixiar la educación pública mientras se favorece a la educación privada-concertada, precarizando plantillas y debilitando un servicio público esencial».

Desde USTEA Enseñanza exigen «rectificación inmediata y la convocatoria de ofertas de empleo público ajustadas a la realidad de las plantillas». Por ello, «hemos reclamado reiteradamente en mesa de negociación una Oferta de Empleo Público del 120%, que permita aumentar la plantilla estructural y avanzar hacia los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Asimismo, exigimos que se incorporen a las próximas convocatorias las 628 plazas que quedaron desiertas en la convocatoria anterior».