El acaparamiento de la tierra y la vivienda por parte de unos pocos ha sido un problema secular en Andalucía. Parece una reminiscencia del feudalismo de hace siglos pero responde a la forma en la que el capitalismo se ha implantado. Estamos en el siglo XXI y el papel de la burguesía rentista sigue siendo central en nuestra tierra. Cada vez más.

Así lo muestra un informe que señala como la exclusión social en Andalucía ha dejado de estar explicada únicamente por el desempleo o la falta de ingresos. Casi una de cada cuatro personas en Andalucía (el 23,8%) tiene problemas graves de vivienda. El último Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, elaborado a partir de los datos de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2024 y presentado esta semana por Cáritas Andalucía, identifica con claridad a la vivienda como la dimensión de exclusión social más extendida en nuestro país.

En 2024, el 23,8% de la población andaluza presenta algún problema grave de exclusión en la dimensión residencial, una proporción superior a la registrada en otras dimensiones clave como el empleo (20,1%), la educación (18,9%) o la salud (18,1%). Este porcentaje equivale a alrededor de dos millones de personas que viven en Andalucía con dificultades serias relacionadas con el acceso, el coste o las condiciones de su vivienda.

La exclusión en Andalucía aumenta fruto del brutal aumento de precios de la vivienda

El informe subraya que este fenómeno no responde a una situación coyuntural, sino a un proceso acumulado que se ha intensificado desde 2018, incluso en contextos de mejora de los indicadores macroeconómicos. El informe revela que nuestra nación partía en 2018 de una situación relativamente más favorable en materia de exclusión residencial que la media estatal. Sin embargo, entre 2018 y 2024, la exclusión en la dimensión de la vivienda ha crecido 7,5 puntos porcentuales entre la población, un incremento más intenso que el registrado en el Estado español.

En la actualidad, el 23,2% de los hogares andaluces está afectado por algún problema grave de exclusión en la vivienda, lo que supone alrededor de 780.000 hogares.

Este deterioro se produce en un contexto de fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario del que es causa en buena parte. Según el Informe FOESSA, el Índice de Precios de la Vivienda ha aumentado un 42,3% en Andalucía entre 2018 y 2024, un crecimiento superior al registrado en el Estado. Este incremento ha superado ampliamente la evolución de la renta media de los hogares, reduciendo la capacidad económica de una parte creciente de la población para sostener sus gastos residenciales sin comprometer otras necesidades básicas.

El sobreesfuerzo residencial y la pobreza severa

El impacto del coste de la vivienda sobre la pobreza es uno de los elementos más relevantes del diagnóstico. Según informa Cáritas Andalucía, más de 400.000 hogares andaluces se sitúan por debajo del umbral de pobreza severa después de afrontar los gastos de vivienda y suministros.

El Informe FOESSA respalda este diagnóstico a través del indicador de gastos excesivos de vivienda, que identifica a aquellos hogares cuyos ingresos disponibles, una vez descontados los gastos residenciales, quedan por debajo del umbral de pobreza severa. Este indicador afecta al 10,5% de los hogares andaluces.

Además, los datos del informe muestran que el 44,4% de la población andaluza no puede hacer frente a un gasto imprevisto, un indicador que refleja el elevado nivel de fragilidad económica existente y la limitada capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

El alquiler concentra una alta vulnerabilidad

Aunque solo el 15,2% de la población andaluza reside en viviendas de alquiler, este grupo concentra una vulnerabilidad especialmente elevada. El Informe FOESSA señala que el 43,1% de las personas que viven de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza, una proporción muy superior a la del conjunto de la población.

Esta situación se agrava entre los hogares en pobreza severa, donde el 26,3% reside en régimen de alquiler, a pesar de contar con menores recursos económicos.

El informe subraya algo evidente: que los problemas de vivienda no actúan de forma aislada, sino que se acumulan y refuerzan con otras dimensiones de la exclusión social. El sobrecoste residencial compromete la capacidad de los hogares para cubrir adecuadamente necesidades básicas como la alimentación, la salud o el mantenimiento de unas condiciones térmicas adecuadas en la vivienda.