En los últimos años, la Junta de Andalucía ha destinado más de 1.100 millones de euros de presupuesto público a financiar centros privados mediante conciertos educativos. Es lo que denuncia el sindicato USTEA que recuerda que «el concierto educativo es, en teoría, una cesión excepcional de un servicio público a una empresa privada» cuando la red pública no puede garantizarlo. Y que en la Andalucía actual «la bajada de la natalidad hace que la educación pública tenga capacidad suficiente para escolarizar a todo el alumnado» sin que haya necesidad de desviar recursos públicos a la enseñanza privada.

USTEA ha rechazado la Resolución de 3 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, por la que se convoca el procedimiento para la suscripción o modificación de los conciertos educativos en Andalucía para el curso 2026/2027, que han terminado el pasado sábado.

Denuncian que «esta convocatoria se produce en un contexto de recortes estructurales sin precedentes en la educación pública andaluza, que ha perdido más de 2.700 unidades (clases) en los últimos siete años, de las cuales 360 corresponden únicamente al presente curso 2025/2026». Mientras tanto «los conciertos educativos no solo no se reducen, sino que se consolidan e incluso se incrementan en determinadas enseñanzas como la Formación Profesional, profundizando en un modelo de privatización encubierta» del sistema educativo.

La política educativa de la Junta es clara: mantener y blindar los conciertos educativos mientras se cierran líneas públicas, se vacían centros y se condena a la desaparición a colegios públicos completos.

En ciudades como Cádiz «no se está permitiendo matricular alumnado en centros públicos», con una estrategia evidente orientada a justificar el cierre de líneas y el debilitamiento progresivo de la red pública, en un agravio intolerable frente a los centros concertados.

Además, estos conciertos educativos se firman con carácter plurianual, lo que implica que todos los ajustes y recortes anuales recaen exclusivamente sobre la educación pública. El resultado es «devastador» provocando pérdida de puestos de trabajo en la enseñanza pública, colapso de las bolsas de trabajo docentes y desplazamientos forzosos de profesorado.

Desde USTEA denuncian que esta política no es neutra, sino ideológica: «una apuesta consciente por la mercantilización de la educación, que convierte un derecho fundamental en un negocio», debilitando deliberadamente la red pública para favorecer intereses privados.

El sindicato exige:

• La no renovación y reducción progresiva de los conciertos educativos.
• La recuperación inmediata de las unidades públicas eliminadas.
• Una planificación educativa basada en criterios de interés general y equidad, no en beneficios empresariales.
• Inversión real y prioritaria en la educación pública, como eje vertebrador del sistema educativo andaluz.