La huelga de tres días convocada por todos los sindicatos del sector ferroviario comienza este lunes en el Estado español con 350 servicios de alta velocidad cancelados, después de que las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por el ministro Óscar Puente, hayan concluido sin acuerdo durante el fin de semana, según informan fuentes sindicales. El Ministerio decretó servicios «mínimos» del 73% para la alta velocidad, lo que en la práctica supone una ilegalización parcial y encubierta del derecho a huelga, pero aún así, los trabajadores han logrado dejar cientos de trayectos sin servicio. En los trenes de mercancías, en cambio, las autoridades han fijado los servicios mínimos al 21%, paralizando la mayor parte de la actividad ferroviaria.

Los sindicatos Semaf, CCOO y UGT, que concentran más del 80% de la representatividad del sector, exigen al Gobierno español un “cambio estructural” en la seguridad del sistema ferroviario tras los desastres ferroviarios de Adamuz (Alto Guadalquivir) y Gelida (Catalunya), que se han cobrado decenas de vidas. En concreto, reclaman “más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas”, según expusieron en las reuniones. Las propuestas presentadas por el Ministerio, que incluyen «mayor inversión en mantenimiento y más contrataciones en Adif», no han convencido a los representantes de los trabajadores, al depender del visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Los efectos del paro son masivos en todos los operadores. Renfe tendrá que cancelar 272 trenes de alta velocidad de los 995 programados, Iryo no operará 48 servicios y Ouigo dejará sin cubrir 30 trayectos, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio y recogidos por Europa Press. En la media distancia de Renfe, los trabajadores han abandonado sus puestos en 683 servicios, y en Cercanías funcionará solo el 50% en hora valle y el 75% en hora punta. En Catalunya, la reducción será aún mayor, entre el 33% y el 66%.

Aunque este lunes continuarán las reuniones técnicas para tratar las propuestas del Ministerio, la huelga sigue en pie. Las fuentes sindicales subrayan que las medidas planteadas por Moncloa “todavía no han convencido” porque se trata de compromisos que requieren la aprobación de Hacienda y no garantizan un aumento real del gasto público en seguridad ferroviaria. La movilización afecta también a todas las empresas de mercancías y al personal de a bordo, recrudeciendo un conflicto laboral con enorme impacto social, donde la lucha contra la precariedad laboral y la seguridad de la clase obrera se sitúan en el centro del tablero político. Esta vez, tras las tragedias de Adamuz y Gelida, el apoyo social a la huelga podría ser mayor que nunca.

Fuente: Diario Socialista.