El último drama presupuestario francés vuelve a exponer la fantasía en el corazón del dominio burgués moderno: la idea de que el capitalismo puede gestionarse a la carte, conservando sus beneficios y descartando selectivamente sus consecuencias.

La duplicidad y contradicción imperial occidental se ejemplificó perfectamente recientemente cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió la piratería de un petrolero venezolano por parte de las fuerzas estadounidenses, pero paradójicamente criticó a las fuerzas iraníes cuando Irán incautó petroleros en el estrecho de Ormuz en 2020. El presidente Trump criticó públicamente el comportamiento de Teherán por considerarlo desestabilizador y perjudicial para el transporte marítimo global, presentándolo como una prueba de que Irán no es «más que problemas».

De manera similar, cuando el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró el 9 de diciembre que «hacer concesiones no es un lema, significa avanzar por el bien común», lo que realmente quiso decir fue: Nosotros, la clase dirigente, estamos todos juntos en esto, y por nuestro bien, debemos salvar el capitalismo (!) Sí, lo que realmente hay detrás del lenguaje reconfortante de ‘compromiso’ y ‘bien común’ es una dura realidad: el Estado francés (junto con sus aliados occidentales) está atrapado en una crisis capitalista cada vez más profunda, y la clase dominante insiste en que la clase trabajadora debe pagar por ello.

El mito del bien común

A simple vista, el concepto del ‘bien común’ sugiere la búsqueda de condiciones sociales que permitan a la sociedad en su conjunto vivir, desarrollarse y reproducirse. Sin embargo, bajo el capitalismo, este concepto se vacía de contenido real. Lo que se presenta como bien común es, en realidad, la preservación de la acumulación capitalista, la credibilidad financiera y los compromisos imperialistas.

El déficit creciente de Francia —que se proyecta superará el 6 por ciento de su PIB— no es producto de una generosidad social excesiva, sino de años de recortes fiscales para los ricos, ‘reformas’ proempresariales, gasto militar desproporcionado y crecimiento estancado. Sin embargo, la solución ofrecida sigue siendo la misma: austeridad para los trabajadores, tranquilidad para los mercados.

Compromiso en un parlamento sin mayoría

La ajustada victoria de M. Lecornu al aprobar el presupuesto de la seguridad social por 13 votos es aclamada como prueba de una gobernanza responsable. En realidad, demuestra la parálisis de la democracia burguesa bajo las condiciones actuales de crisis. Un parlamento fragmentado, cuyos miembros están aterrorizados a las elecciones y atormentados por la ira masiva, está luchando por mantener el sistema funcionando.

La suspensión de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron —que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años— fue una concesión táctica diseñada para ganar tiempo. Apaciguó a los socialistas y a la derecha populista, mientras enfurecía a sectores del capital que exigían una ‘reforma estructural’ inmediata.

El coste de este retraso, por supuesto, se recuperará en otros ámbitos: sanidad, educación, servicios públicos. El proyecto de ley simplemente ha sido aplazado, no retirado. Este es el método preferido del capitalismo: posponer la confrontación, repartir el dolor y volver más tarde con cuchillos más afilados cuando la resistencia ha disminuido.

Robar a los pobres para calmar los mercados

Los mercados financieros han respondido con amenazas apenas disimuladas. El aumento de los rendimientos de los bonos se utiliza como un arma, disciplinando a los gobiernos que dudan en imponer austeridad con suficiente rapidez.

Que Francia se vea ahora obligada a endeudarse a tipos de interés más altos que Italia o Grecia no se trata como una acusación al capitalismo, sino como justificación para nuevos ataques contra los trabajadores.

La indignación del líder republicano Bruno Retailleau de que el gobierno «lleve a Francia a un muro de ladrillos» revela la verdadera preocupación de la burguesía: no el colapso social, sino la fiabilidad de Francia como estado deudor. El ‘futuro’ a proteger es el del capital, no el del trabajo.

Gravar a los ricos: ¿ilusión reformista o alivio parcial?

En este contexto, la propuesta asociada con el economista Gabriel Zucman —un impuesto anual del dos por ciento sobre las fortunas superiores a 100 millones de euros— ha ocupado un lugar central en el debate presupuestario. La propuesta no es ni marginal ni simbólica; Se estima que se aplicaría a aproximadamente 1.800 hogares y recaudaría entre 15.000 y 20.000 millones de euros anualmente, una suma lo suficientemente grande como para reducir significativamente el déficit o compensar medidas de austeridad importantes.

El hecho de que una medida en la que solo 1.800 hogares renuncian a una pequeña proporción de su riqueza para generar decenas de miles de millones en ingresos esté causando tanta indignación entre la élite, nos dice todo lo que necesitamos saber. No hay pensamiento de compromiso, ni preocupación por el bien común; Solo codicia, injusticia, explotación y un sistema moribundo que hace tiempo que ha pasado su fecha de caducidad.

La razón detrás del impuesto Zucman es sencilla. Bajo los regímenes fiscales existentes, los ultrarricos obtienen la mayor parte de sus ingresos de la apreciación de los activos más que de los salarios. Dado que las plusvalías no realizadas están en gran medida sin gravar, los multimillonarios suelen pagar tipos impositivos efectivos de alrededor del 1 por ciento, mucho más bajos que los que asumen los asalariados ordinarios. El impuesto propuesto está diseñado para imponer un tipo mínimo efectivo sobre la riqueza total, corrigiendo lo que Zucman describe como «regresividad estructural» incorporada en los sistemas fiscales modernos (¡por diseño, por supuesto!)

La propuesta ha gozado de un apoyo público abrumador, con encuestas que muestran consistentemente entre el 70 y el 86 por ciento de aprobación. Esto refleja un creciente sentimiento de injusticia fiscal entre la población francesa, especialmente porque los datos oficiales muestran que el 0,1 % superior aumentó sus ingresos en un 119 % entre 2003 y 2022, más de dos veces y media la media nacional.

Con una solución tan lógica y justa sobre la mesa, resulta aún más difícil para la clase dominante conseguir una solución basada en la austeridad (es decir, que obligue a los trabajadores a pagar). Lo que el parlamento pueda impulsar a corto plazo tendrá inevitables ramificaciones a largo plazo, ya que las contradicciones y las consecuencias de la ira de la clase trabajadora se desbordan.

El apoyo a este enfoque fiscal va mucho más allá de Francia. Ha sido respaldado por numerosos economistas convencionales, debatido a nivel del G20 y presentado como un modelo potencial para un enfoque internacional coordinado para la tributación de la riqueza extrema.

Desde un punto de vista puramente técnico, la propuesta es deliberadamente más sencilla que los anteriores impuestos sobre la riqueza como el ISF [Impôt de solidarité sur la fortune], que fue abolido en 2018 tras estar plagado de exenciones y mecanismos de evasión. (¡Es decir, con un ‘compromiso’ incorporado para el ‘bien común’!) Sin embargo, a pesar de su popularidad y aparente lógica fiscal, el impuesto Zucman ha sido bloqueado repetidamente, exponiendo la verdadera naturaleza de clase del estado.

Los argumentos de oposición se han dividido en varias categorías, todas las cuales, en última instancia e inevitablemente, defienden las relaciones de propiedad capitalistas.

La primera es la amenaza de fuga de capitales. Los líderes empresariales y aliados del gobierno sostienen que gravar grandes fortunas empujará a los multimillonarios al extranjero, socavando la inversión y la innovación. El impuesto sobre la riqueza de Noruega se cita habitualmente como advertencia, a pesar de que las tasas reales de emigración entre los ricos siguen siendo extremadamente bajas. Lo que realmente se defiende no es la prosperidad nacional, sino la movilidad irrestricta del capital como palanca frente a la presión democrática.

El segundo es el argumento del daño económico. Figuras como Bernard Arnault denuncian el impuesto como un ‘ataque a la economía’, afirmando que debilitaría a las empresas, disuadería a los emprendedores y reduciría la competitividad. Esto ignora la realidad de que Francia se asienta sobre una enorme riqueza privada acumulada y altos niveles de ahorro. También oculta el hecho de que la austeridad en sí misma suprime la demanda, profundiza el estancamiento y daña la capacidad productiva a largo plazo.

En última instancia, lo que no revela es la irrelevancia de la élite gobernante parasitaria, que no contribuye a la sociedad de manera productiva o efectiva.

En tercer lugar, la objeción constitucional. Los críticos sostienen que los impuestos sobre la riqueza por encima de ciertos umbrales violan los principios de proporcionalidad o derechos de propiedad. Tales afirmaciones revelan la base ideológica de la legalidad burguesa: cuando las demandas democráticas entran en conflicto con la propiedad privada en las altas esferas, la ley se moviliza para proteger la riqueza, no la sociedad en general. ¡Nada nuevo ahí!

Por último, existen objeciones técnicas sobre la supuesta dificultad de determinar el valor de los activos o de convertirlos en efectivo. No son problemas insuperables, sino excusas convenientes. Las propuestas para permitir el pago en acciones o extender la responsabilidad a los exilios fiscales recientes demuestran que existen mecanismos viables, siempre que haya voluntad política. Pero, por supuesto, no lo es.

Desde la perspectiva de la clase trabajadora, la exigencia de que los ricos paguen más es totalmente legítima y económicamente racional. Sin embargo, el destino parlamentario del impuesto Zucman pone de manifiesto los límites de estos programas reformistas. Incluso un intento bastante modesto de redistribución dentro de la sociedad capitalista provoca una resistencia unificada por parte de la burguesía y sus representantes políticos.

La propuesta de respaldo del Partido Socialista —que los contribuyentes deberían verse obligados a prestar al Estado mediante bonos no negociables— es un intento adicional de gestionar la crisis sin enfrentarse a la propiedad. Como todas estas medidas, puede desplazar temporalmente las cargas, pero no puede resolver la contradicción estructural en el corazón del capitalismo: la apropiación privada de la riqueza producida socialmente.

El capitalismo ‘a la carta’ expuesto

Lo que estamos presenciando es un capitalismo a la carta en acción. La clase dominante exige mercados libres mientras disciplina el trabajo. Quiere la intervención estatal cuando el capital está amenazado. Exige ‘responsabilidad’ fiscal, pero solo de los trabajadores, al tiempo que promueve un gasto ilimitado en militarización y rearme.

Así vemos que, mientras el gasto social se recorta drásticamente, los presupuestos militares se disparan. Desde 2017, el presupuesto de defensa de Francia ha aumentado de 32.700 millones de euros a más de 57.000 millones de euros, con nuevas subidas previstas. Así, aunque hay una austeridad creciente para hospitales y pensiones, hay una aparente abundancia de armas y ambición imperial.

Esta contradicción no es accidental; refleja las prioridades de una potencia imperialista en decadencia que intenta mantener su posición global mientras su base social interna se erosiona.

La creciente ira del proletariado

La clase dominante francesa se enfrenta a un problema que su homóloga británica ha suprimido temporalmente: una clase trabajadora militante y organizada, reacia a aceptar sacrificios interminables. Las huelgas repetidas, las manifestaciones masivas y la oposición sostenida a la reforma de las pensiones demuestran que la paz social no puede mantenerse indefinidamente.

A medida que la polarización de la riqueza continúa su trayectoria inmoral, incluso los reformistas liberales en busca del siempre esquivo ‘capitalismo más amable’ mediante una tributación equilibrada se enfrentarán a la inutilidad de su ambición y tendrán que decidir dónde residen sus lealtades: con los explotadores o con los explotados.

El dilema para los políticos capitalistas es agudo. Deben sacar una solución económica de una población que cada vez entiende más que está siendo robada para preservar un sistema que no le sirve. Ni el compromiso tecnocrático ni las maniobras reformistas pueden resolver esta contradicción.

El capitalismo está acabado

La crisis francesa demuestra que el capitalismo no puede gestionarse en beneficio de la mayoría. No existe un menú del que se pueda elegir justicia sin expropiación, estabilidad sin lucha de clases o prosperidad sin explotación. Se están trazando líneas de batalla.

La tarea de la clase trabajadora no es elegir entre paquetes de austeridad competidores, sino organizarse de forma independiente, rechazar la lógica de la gestión de crisis capitalista y luchar por un sistema en el que el bien común sea real porque la explotación ha sido abolida.

El capitalismo solo ofrece hipocresía, dificultades e ilusiones. El socialismo por sí solo ofrece una salida.

Fuente: The Communists.