A la vez que el Consejo de Ministros aprobaba el Anteproyecto de Ley para, según ellos, limitar el negocio de la sanidad privada, la cartera de Hacienda que dirige María Jesús Montero formalizaba un contrato con Quirón Prevención, filial del grupo sanitario privado Quirón.

En efecto, el contrato, tramitado por la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, fue formalizado el 10 de febrero, la misma jornada en la que el Ejecutivo dio luz verde al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por Mónica García.

Mientras García defendía en rueda de prensa que la nueva norma “pondrá coto” a los modelos privatizadores y blindará el sistema público “de las garras especuladoras”, el Ministerio de Hacienda cerraba la adjudicación del lote 2 —análisis clínicos— de un contrato para la realización de pruebas médicas a aspirantes a los cuerpos de vigilancia aduanera. El contrato de la AEAT implica la contratación de servicios sanitarios a una empresa privada por parte de la Administración General del Estado.

Lo de decir una cosa y hacer otra es el abc del gobierno.

Fuente: Insurgente.