En Nueva Revolución iniciamos un ciclo de entrevistas con el sindicalismo de clase y combativo del Estado español para abordar su estado actual y los retos que deben afrontar frente a un mundo laboral que está experimentando importantes cambios. Hoy conversamos con Miguel Cano, miembro del Sindicato Unitario de Andalucía.

¿En qué año nace el Sindicato Unitario y en qué contexto? ¿Se plantea como una ruptura con el sindicalismo de concertación de CCOO-UGT?

El primer congreso del Sindicato Unitario de Andalucía lo celebramos los días 5 y 6 de diciembre de 2011, como resultado del desarrollo de la actividad del Sindicato Unitario de Huelva en distintas provincias andaluzas en los meses previos a lo que sería el 15M. Las respuestas que daban los diferentes gobiernos del Estado a la crisis abierta en 2008, que implicaban más precarización, menores salarios y menos derechos, afectaron al ánimo de gran parte de la sociedad y también al movimiento obrero. Somos fruto de esa actividad del Sindicato Unitario de Huelva, basada en el contacto y la coordinación con otras organizaciones sindicales, políticas y sociales de Andalucía, movilizadas por el contexto político de crisis del sistema capitalista iniciado en aquellos momentos y del que procede la lenta pero imparable muerte del Régimen del 78.

Este sindicato provincial no era más que un órgano de la confederación sindical estatal Sindicato Unitario, que nació al mismo tiempo que cientos de otros sindicatos por toda la geografía española en torno a 1977. En Andalucía, uno de ellos terminó convirtiéndose, por ejemplo, en el Sindicato Obrero del Campo. Sin embargo, estos sindicatos no nacieron como una ruptura con el sindicalismo de concertación. Desde la perspectiva de quienes ganaron la batalla para establecer la línea sindical que debía adoptarse en el nuevo régimen político que se vislumbraba en la calle —y que, tiempo después, hemos comprobado que estaba más que pactado en las altas esferas—, puede interpretarse nuestro nacimiento como una ruptura. Pero, desde nuestra perspectiva, fueron las organizaciones del sindicalismo de concertación quienes protagonizaron la ruptura con el sindicalismo de clase, que había sido protagonista de las luchas obreras desde los años sesenta hasta el final de la dictadura.

La oligarquía española y el capital norteamericano que la sostenía ante la crisis del régimen franquista tenían que desmantelar la dictadura de forma controlada, dado el alto nivel de movilización obrera y popular. Necesitaban, decían, europeizar el movimiento obrero permitiendo la existencia de representantes legítimos a quienes reconocer, siempre que mantuvieran el control del propio movimiento obrero. Para ello impulsaron, junto al nuevo PSOE de Felipe González, a la Unión General de Trabajadores, inexistente en la lucha antifranquista. Este sindicato sí fue concebido y promovido como alternativa al sindicalismo de clase existente en aquellos momentos.

Por otra parte, los dirigentes del PCE, pendientes de cuántos espacios de poder obtendrían en el nuevo régimen naciente, condujeron a la militancia a aceptar el papel de representantes legítimos a cambio de una financiación suficiente que liberara a los dirigentes del trabajo asalariado. Así, en un congreso de las antiguas Comisiones Obreras —en las que militaban trabajadores y trabajadoras pertenecientes, a su vez, a los distintos partidos comunistas existentes—, la mayoría, de acuerdo con la línea del PCE, decidió aceptar el nuevo orden constitucional que se avecinaba. Quienes no compartieron esa decisión constituyeron sus propios sindicatos con el propósito de continuar desarrollando un sindicalismo de clase. Fue el sindicalismo de concertación el que nació como ruptura con el sindicalismo de clase. Ganaron en aquel momento y siguen ganando hasta el día de hoy.

¿Cómo valoráis el estado actual del sindicalismo de clase en el Estado español? ¿Cómo de implantado está en empresas estratégicas y en el tejido empresarial en general?

A nivel estatal no existe un sindicalismo de clase con capacidad de representación general. Las únicas organizaciones designadas como representantes legítimos del conjunto de los trabajadores en el Estado español son CCOO y UGT. Por otro lado, tras cuarenta años de desencanto político, deslocalizaciones, reducciones de plantillas, cierres de grandes empresas, privatizaciones, contrarreformas laborales avaladas por esos sindicatos y represión, el que fue uno de los movimientos obreros más combativos y revolucionarios de Europa en los años setenta se encuentra hoy atomizado, desvertebrado y descabezado.

A nivel sectorial y territorial sí están surgiendo alternativas relevantes al sindicalismo de concertación, como la Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz, Jornaleras de Huelva en Lucha, Las Kellys o los sindicatos del sector de ayuda a domicilio, que en muchas ocasiones avivan las brasas que aún permanecen del sindicalismo de clase.

Con respecto al sindicalismo de clase en las naciones sometidas por la oligarquía española, no nos corresponde valorarlo. Tan solo queremos trasladar que, en la lucha contra la oligarquía española y los capitales foráneos que la sostienen, siempre nos tendrán de su lado.

Sí podemos valorar nuestra acción sindical en Andalucía. Como señalé al principio, estamos desarrollando trabajo en todo el territorio andaluz desde 2011. Hemos intentado constituir sindicatos provinciales en Jaén, Almería y Málaga, sin éxito hasta la fecha. No obstante, contamos con afiliación y delegados en Algeciras y Sevilla y, además, recientemente se ha constituido el Sindicato Unitario de Córdoba.

En Huelva tenemos presencia en algunas fábricas integradas en la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas, así como en sus contratas, fundamentalmente del sector del metal. También disponemos de secciones sindicales en empresas de casi todos los sectores (limpieza, hostelería, construcción, conservas, hostelería, puertos deportivos, ayuda a domicilio, ayuntamientos, etc.) y representación en muchas de ellas. Recientemente hemos culminado un conflicto relevante en el convenio del metal, convocando en solitario una huelga y diversas movilizaciones que impidieron la firma del texto acordado por los sindicatos mayoritarios y forzaron la negociación y firma de un nuevo convenio más cercano a nuestras propuestas, respaldadas en amplias asambleas de trabajadores.

No obstante, la mera lucha sindical no define por sí sola al sindicalismo de clase. Nuestra aspiración es enmarcar la lucha permanente por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en una estrategia orientada a transformar las relaciones sociales de producción y superar la sociedad capitalista, así como cualquier otro sistema de explotación que pudiera sustituirla. Vinculamos la lucha por la emancipación de la clase obrera con la defensa de los intereses históricos y presentes de nuestro pueblo: una clase trabajadora libre de explotadores mediante la construcción de una Andalucía libre.

Actualmente existe un reto generacional. La afiliación media a los sindicatos combativos es relativamente baja, más aún entre las nuevas generaciones. ¿Qué mensaje le transmitiríais a un joven trabajador que se ha incorporado hace poco al mundo laboral para que esté sindicado?

El mensaje que transmitimos de manera constante —aunque sometido a innumerables interferencias— es el de nuestra práctica, nuestra acción sindical en los ámbitos económico y político. Una práctica que nos esforzamos por mantener guiada por los principios ideológicos que nos definen como un sindicato de clase y andaluz, internacionalista, sociopolítico, independiente, democrático, anti patriarcal y no sexista.

Las victorias y las derrotas en el principal frente de la lucha de clases —nuestros centros de trabajo y nuestros municipios—, así como el aprendizaje que extraemos de cada una de ellas, constituyen el único mensaje que podemos y debemos transmitir. El problema es que, hasta ahora, no hemos logrado derribar las interferencias que dificultan y, en muchas ocasiones, impiden que ese mensaje llegue.

Por poner un ejemplo, vuelvo a referirme a la reciente huelga del metal en la provincia de Huelva. El preacuerdo de convenio pactado entre la patronal y los sindicatos CCOO y UGT logró ser frenado pese a que solo contábamos con un 23 % de representación en la parte social de la comisión negociadora. Conseguimos suscribir un nuevo acuerdo más cercano a los objetivos asumidos en las diferentes asambleas de trabajadores y finalmente aprobado en la asamblea correspondiente. El seguimiento del paro en el sector fue total, reconocido tanto por las empresas como por los demás sindicatos. La actuación de los piquetes durante la huelga y en las movilizaciones fue impecable y decisiva para alcanzar la victoria, a pesar de las amenazas y chantajes recibidos por parte de las empresas implicadas. Sin embargo, estos hechos apenas han sido considerados relevantes, mientras que otras movilizaciones que concluyen en derrotas —fundamentalmente por no haberse podido evitar los pactos entre la patronal y los sindicatos de concertación—, acompañadas de multas, detenciones e incluso penas de cárcel, inundan las redes sociales.

Además, debemos comprender que el actual marco interpretativo de la juventud actúa como un muro difícil de penetrar. Tras cuarenta años de representación legal de los trabajadores acompañada de retrocesos en salarios y derechos, la referencia ya no es la lucha sindical de clase, como podía serlo en los años ochenta. La percepción dominante es que todos los sindicatos son iguales, y no precisamente en sentido positivo. Asimismo, la educación pública o concertada que han recibido ha fomentado el rechazo a todo lo que suene a comunismo, anticapitalismo o revolución. Paralelamente, el sistema ha invertido ingentes recursos en cooptar, aislar, reprimir o neutralizar —según los casos— cualquier propuesta organizativa seria orientada a superar el sistema capitalista.

No obstante, la actitud de la juventud que se afilia es notablemente más combativa que la de generaciones anteriores. Se rebela con mayor intensidad frente a las condiciones laborales que padece y, cuando se organiza, demuestra una capacidad de acción extraordinaria, como han evidenciado recientemente los piquetes que garantizaron el seguimiento total de la huelga.

Somos nosotros quienes debemos atender al mensaje que nos transmiten las nuevas generaciones para contribuir a desmontar el marco interpretativo que el sistema ha incrustado en nuestra conciencia colectiva.

Desde los años 80, en el Estado español se ha lleva do a cabo un proceso de desindustrialización en el que se han desmantelado empresas de sectores estratégicos importantes. ¿Cómo ha afectado esta pérdida de masa obrera a la conciencia de clase y al sindicalismo?

Tan solo ha afectado al volumen de la masa obrera y, en particular, a su composición cualitativa en la lucha por la defensa de derechos y salarios. En las grandes empresas que cerraron —Altos Hornos, astilleros, minas, etc.—, la concentración de trabajadores desarrollando su actividad codo con codo facilitaba la comunicación, el conocimiento mutuo, la puesta en común de quejas y la organización de movilizaciones contundentes, como las que se produjeron en aquella etapa.

En Andalucía, fue el campo el que sufrió los cambios de ese periodo, como la otra cara de la desindustrialización. Cientos de jornaleros y jornaleras sin expectativas de futuro pasaron a engrosar sectores como la construcción y la hostelería, mientras se justificaba la importación de mano de obra foránea para las labores agrícolas. Se trataba, además, de una mano de obra más empobrecida y vulnerable, más fácilmente explotable y privada de derechos.

Lo que sí ha afectado de manera decisiva a la conciencia de clase ha sido la pérdida previa de masa militante comunista, lo que, a su vez, permitió que el proceso desindustrializador culminara con éxito para quienes lo impulsaron.

Hemos entrado en la era de la Inteligencia Artificial y la robotización. Dos cuestiones que sin duda dibujan un nuevo horizonte de lucha obrera y nuevos retos para el sindicalismo. ¿Cómo afronta el sindicato el hecho de que miles de trabajadores puedan ser sustituidos por IA y robots en las próximas décadas? ¿Qué medidas habría que tomar para proteger a los trabajadores?

Estamos, sin duda, ante una nueva revolución tecnológica e industrial. No es la primera vez que la clase obrera se enfrenta a un proceso de estas características. La diferencia es que, por primera vez, el propio trabajo asalariado está siendo puesto en cuestión, aunque —desafortunadamente— por iniciativa de las clases explotadoras y no de la clase explotada. Están emergiendo nuevas relaciones de producción con vocación de permanencia: grandes empresas con miles de trabajadores que no mantienen contacto entre sí y cuya única conexión es un teléfono móvil desde el que fichan la entrada y la salida, reciben órdenes, reportan su actividad minuto a minuto y carecen de capacidad real de negociación colectiva. En muchos casos, además, ni siquiera existe una relación laboral propiamente dicha, sino mercantil, bajo la figura de trabajadores autónomos.

En los países capitalistas, el desarrollo de las fuerzas productivas suele traducirse en un salto en el enriquecimiento de las élites y en un incremento de la desigualdad social. No existe alternativa sindical que, por sí sola, pueda detener o paliar la destrucción de empleo asociada a cada salto tecnológico en la industria. La alternativa debe surgir del poder político. Sin embargo, en los países capitalistas, el poder político actúa, en la práctica, como un consejo de administración al servicio de las grandes empresas.

Sin un horizonte revolucionario a la vista, ante esta situación solo podemos desempeñar un papel similar al de asesorías laborales, que es el espacio que el sistema reserva al sindicalismo legal. De nuestra capacidad dependerá que, en los conflictos que vayan surgiendo, sepamos unir, organizar y avanzar en un proyecto histórico orientado a la superación del sistema capitalista.

¿Qué mensaje podemos lanzar desde el sindicato a aquellos trabajadores que se definen como «clase media» y reniegan de su condición de clase obrera? ¿Es necesario recuperar el orgullo de clase y combativo?

Podemos decirles que pronto nos veremos en las asesorías de nuestros sindicatos. El Estado del bienestar europeo está seriamente erosionado, al igual que los regímenes liberales que lo sustentaban. Y sin Estado del bienestar no hay clase media que se sostenga. A ello deben añadirse las consecuencias de la implantación de las nuevas tecnologías. Conviene tener en cuenta que, cuando se promueve el ascenso de las extremas derechas, suele hacerse para descargar sobre las espaldas de los trabajadores los costes de las crisis y para impedir que surja contestación frente a las duras medidas que se adoptan con el fin de mantener niveles de concentración de capital que permitan conservar posiciones en el ranking de potencias mundiales, especialmente ante el ascenso de la República Popular China bajo la dirección de su Partido Comunista.

El orgullo de ser trabajadores combativos no nace de una declaración, sino de la participación en la lucha. Eso es lo que previsiblemente ocurrirá con los sectores de la llamada clase media que vayan siendo arrastrados al desempleo y a la exclusión social por las dinámicas descritas. Sin embargo, el problema no se limita a la ausencia de orgullo en la clase media ante su proletarización, sino que afecta al conjunto de trabajadores y trabajadoras, así como a quienes dicen actuar políticamente en nuestro nombre sin cuestionar el trabajo asalariado como relación social. No se cuestiona nuestra condición de fuerza de trabajo ni la degradación que implica convertirnos en mercancía por carecer de medios propios de vida y depender de otro que se apropia del fruto de nuestro trabajo. El orgullo de pertenecer a la clase obrera solo puede experimentarse cuando, en cada conflicto, se aspira a avanzar hacia la superación de esa condición: dejar de ser un “recurso humano” y afirmarse como personas que producen riqueza para su comunidad, y no para unas élites dominantes y sus representantes institucionales.

¿Cómo se está abordando desde el sindicalismo de clase la integración de la inmigración en el mercado laboral y su implicación en la lucha sindical?

Debemos distinguir entre inmigración regular (con permiso de residencia y trabajo) e inmigración en situación irregular. En cuanto a la primera, no hay que abordar nada sustancialmente distinto para su implicación en la lucha sindical de clase que lo que corresponde al conjunto de las clases trabajadoras. Sus posiciones políticas y sindicales no difieren, en términos generales, de las de los trabajadores y trabajadoras autóctonos. Todos forman parte del mercado laboral regulado en el Estado español.

Dentro de este grupo se incluye también la inmigración contratada en origen. En estos casos sí existen obstáculos específicos a la hora de plantear la lucha sindical o incluso la defensa individual frente a condiciones laborales abusivas. Se trata de trabajadores y trabajadoras vinculados a campañas concretas y de cuyos ingresos dependen, en muchos casos, familiares directos (hijos, padres, etc.). En este contexto, las mujeres se encuentran especialmente expuestas a abusos laborales y sexuales y, cuando deciden denunciar, afrontan represalias y una enorme vulnerabilidad social y administrativa.

Lo más grave, por el nivel de desprotección al que puede someterse a una persona, es la situación de quienes se encuentran en situación administrativa irregular. Son trabajadores y trabajadoras sin derechos efectivos: sin acceso garantizado a vivienda, educación, sanidad o servicios sociales; sin capacidad real para denunciar, demandar o sindicarse sin temor a consecuencias administrativas. No son reconocidos como ciudadanos, pero trabajan —y en condiciones especialmente duras— bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento y a cualquier precio.

En el conjunto del Estado español, la población activa ronda los veinticinco millones de personas, de las cuales cerca de cinco millones proceden de la inmigración regular. Por otra parte, se estima que más de ochocientas mil personas se encuentran en situación irregular y un porcentaje significativo de ellas reside en Andalucía.

Con este sector de la clase trabajadora andaluza, particularmente con quienes pueden ser víctimas de redes de trata o de explotación extrema, trabajamos en paralelo y nos ponemos a disposición de las organizaciones sociales que desde una posición de honestidad y colaboración, les prestan apoyo.

Cuando unos y otros deciden luchar, ofrecen lecciones de dignidad y coherencia. En una ocasión, el Sindicato de Obreros del Campo convocó una huelga en una finca fresera de Huelva y secundaron el paro la totalidad de los trabajadores extranjeros, mientras que la mayoría de quienes actuaron como esquiroles habían nacido aquí. Asimismo, en los encierros de inmigrantes sin papeles de 2001 —en los que nuestro sindicato participó activamente—, alrededor de ochocientas personas, distribuidas en cinco encierros simultáneos en Huelva durante un mes, lograron forzar un proceso de regularización extraordinaria por parte del Gobierno de Aznar.

Tanto aquellos encierros como los actuales asentamientos en los campos andaluces constituyen ejemplos de autoorganización, compañerismo y solidaridad que nos sirve de referencia para el conjunto de la clase trabajadora andaluza.

Con el auge del comercio online se están produciendo cambios importantes en el mundo laboral. ¿De qué manera se está trabajando sobre la necesidad de sindicar a sectores precarizados como los ‘riders’ o trabajadores de empresas digitales?

Creo que ya he ido respondiendo a esta cuestión anteriormente. Están emergiendo nuevas relaciones laborales distintas de las clásicas, basadas en el trabajo asalariado en el marco del Estado del bienestar. Este proceso está vinculado a la acusada caída de la tasa de ganancia en las economías capitalistas occidentales, lo que, a su vez, está generando transformaciones profundas en el orden mundial configurado tras la Segunda Guerra Mundial. Es previsible que estos cambios desemboquen en una nueva división internacional del trabajo en la que la clase obrera andaluza corre el riesgo de ocupar una posición aún más subordinada.

Nuestro trabajo consiste en adaptarnos a estas nuevas condiciones de vida y de trabajo, redoblando los esfuerzos para tejer los vínculos organizativos que nos permitan, en un horizonte lo más próximo posible, contar con la fuerza necesaria para emprender un proceso de superación de la explotación que afecta tanto a la clase obrera como a nuestro pueblo andaluz. Se trata de aportar nuestra contribución a una tarea más amplia: la liberación de la Humanidad de todo sistema social que produzca víctimas y sufrimiento.

El sindicalismo de clase sufre represión y criminalización por parte del Estado, que a menudo os etiqueta como «violentos». ¿Cómo se hace frente a esta ofensiva que busca restringir y limitar vuestra actividad sindical?

La represión y la criminalización del sindicalismo de clase por parte del Estado, la patronal y el sindicalismo colaboracionista son fenómenos consustanciales a las organizaciones anticapitalistas. En el contexto actual, nuestras herramientas defensivas se reducen a mejorar las estrategias de lucha y contar con un equipo jurídico sólido que garantice la mejor defensa posible.

Es cierto que se percibe un aumento de los niveles de represión y criminalización, pero este proceso es paralelo al reforzamiento de los aparatos coercitivos del Estado, cada vez más orientados hacia un modelo de Estado policial. Esta dinámica es consecuencia del desarrollo de los actuales conflictos geopolíticos de alcance global, forma parte de las tendencias observables en numerosos países capitalistas. El incremento de la represión suele acompañar a contextos de crisis económica, política y social.

Se dan situaciones en las que incluso personas afectadas por deficiencias en infraestructuras o en protocolos sanitarios —cuya responsabilidad corresponde a distintas administraciones públicas— terminan viéndose sometidas a procesos de cuestionamiento o judicialización cuando intentan hacer valer sus derechos. Este tipo de dinámicas refleja un deterioro institucional que prioriza la gestión de costes políticos y las mordidas a los presupuestos públicos.

Pero la mayor represión se sufre directamente en los centros de trabajo en los, que al tiempo que se intensifican los ritmos de trabajo, se intensifican también los tratos vejatorios contra la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando intentan hacer valer sus derechos, son despedidos. Y si prosiguen en la lucha se les hace caer todo el peso de Ley y el de las porras policiales. En nuestro caso mas cercano en el tiempo, siete compañeros en dos empresas cordobesas fueron despedidos cuando intentaron constituir secciones sindicales en sus centros de trabajo. Para más inri, una de esas empresas en las que los despedidos y el sindicato nos movilizamos y denunciamos públicamente los hechos, ha iniciado el procedimiento para demandarnos por lo penal junto a Nación Andaluza que fue la única organización política que se solidarizó con esta lucha.

No obstante, el aumento de la represión no elimina el conflicto social; con frecuencia lo intensifica. A mayor número de sectores potencialmente afectados por medidas punitivas o restrictivas, mayor es también la posibilidad de que surjan respuestas colectivas más amplias y coordinadas. Desde nuestra perspectiva, la tarea central consiste en organizar esa respuesta desde la clase obrera andaluza, orientándola hacia un proyecto de liberación social y política propio.

Fuente: Nueva Revolución.