El Gobierno de España ha denegado la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado por un disparo de la policía española durante la manifestación por la soberanía el 4 de diciembre de 1977.

Pedro Sánchez les animó a pedir ese reconocimiento

Después de que el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, enviara una carta a las hermanas de Manuel José García Caparrós en la que les invitaba a gestionar con el Ministerio del Interior español la petición de que el joven malagueño, asesinado de un disparo durante una marcha por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977, fuera reconocido como víctima del terrorismo ahora Interior se niega a ese reconocimiento.

La carta de Presidencia española a las hermanas incluía ya entonces dos errores significativos en cuanto a la importancia que le dan a este caso, que han estado intentando ocultar desde 1977. Uno, con el nombre del asesinado, a quien llama “Manuel Caparrós”, y no Manuel José García Caparrós. El otro error de la misiva es anunciar la desclasificación de los documentos de la Comisión de Encuesta de “1987”, cuando los documentos datan de 1978.

Según el Ministerio del Interior estatal las fuerzas de seguridad hicieron su trabajo aquel 4 de diciembre

En una carta dirigida a las hermanas de Caparrós, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Directora General de apoyo a las Victimas del Terrorismo, Montserrat Torija, dependiente del Ministerio de Interior, considera que esos hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”. Con lo que se reconocería que la Policía española asesinó a Manuel José García Caparrós justificadamente.

La familia del joven sindicalista tiene ahora un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La ley española no ampara a García Caparrós

El reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración administrativa: abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales. La carta que han recibido las hermanas de García Caparrós argumenta que que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

La muerte de García Caparrós, que fue objeto de una investigación interna en el Congreso, no responde a ninguno de estos supuestos que establece la ley estatal, razón por la que Interior ha rechazado su reconocimiento como víctima del terrorismo.

Madrid ha necesitado medio siglo para desvelar a su familia quien fue su asesino, y bajo amenaza penal si desvelan su nombre. Ahora se niega a reconocerlo como víctima de sus fuerzas de seguridad, a pesar de que murió por los tiros de un policía. Solamente en una Andalucía libre constituída en república obrera y popular la memoria de García Caparrós y todos los andaluces y andaluzas asesinados por reclamar la soberanía política y económica del pueblo tendrán el reconocimiento que se merecen. Y sus verdugos, tanto individuales como institucionales, convenientemente juzgados.