Con motivo del aniversario del 40º aniversario del referéndum sobre la permanencia del Estado español en la OTAN el Sindicato Unitario de Andalucía ha emitido una valoración del momento que vive la clase obrera andaluza y mundial que reproducimos en su totalidad por su interés:

«Del “OTAN, de entrada, NO” al “NO A LA GUERRA”, otra vez»

La liberación de la explotación capitalista es tarea común de la clase obrera de todos los pueblos del mundo. Y las guerras provocadas por los Estados capitalistas, no solo fracturan la unidad necesaria para llevar a cabo dicha tarea sino que, aunque parezcan luchas entre naciones, solo son instrumento para la defensa de los intereses del capital. En estos momentos, esos intereses están sembrando de cadáveres de miles de trabajadores y trabajadoras las calles de las ciudades de nuestros pueblos hermanos del Mediterráneo.

Entonces, si la liberación de la clase obrera andaluza requiere su unión consciente con los pueblos explotados del Mediterráneo, ¿cómo podrá realizarse mientras Andalucía continúe subordinada a una política exterior y militar que no responde a nuestras necesidades históricas —tierra, trabajo, soberanía, desarrollo industrial propio— sino a estrategias geopolíticas dictadas por centros de poder ajenos?

Andalucía ha sido históricamente integrada en el capitalismo como periferia agraria, exportadora de materias primas, mano de obra barata y espacio logístico-militar. Sus puertos, su litoral y su posición estratégica en el Estrecho no han sido utilizados prioritariamente para articular un desarrollo autónomo al servicio de su pueblo, sino como piezas de un engranaje mayor: rutas comerciales controladas por grandes navieras, bases militares al servicio de alianzas armadas, enclaves turísticos orientados a la captación de renta externa.

En el actual contexto de guerra global —guerras abiertas, tensiones en el norte de África, militarización del Mediterráneo oriental, control energético y migratorio— Andalucía vuelve a situarse en la frontera geopolítica. Pero esa centralidad estratégica no se traduce en soberanía popular, sino en mayor dependencia: incremento del gasto militar, consolidación de infraestructuras logísticas para la guerra, subordinación energética y alimentaria, y utilización del territorio como plataforma de proyección exterior.

Frente a ello, cabe una primera crítica necesaria a quienes, invocando la seguridad, la estabilidad o la pertenencia a bloques internacionales, defienden a toda costa la participación del Estado español en esa dinámica de confrontación permanente. Su posición parte de un presupuesto falso: que la integración militar y la alineación automática con potencias dominantes garantizan prosperidad y protección. En realidad, consolidan la condición periférica de Andalucía, convierten su territorio en pieza imprescindible de una estrategia global y subordinan las prioridades sociales a los dictados del complejo militar-industrial y financiero. Nos quieren hacer creer que con la defensa (con nuestras economías, con nuestras vidas) de los intereses del capital transnacional, defienden el interés general.

No son los intereses del jornalero, del trabajador portuario, del precariado turístico o del pequeño productor agrícola los que determinan estas orientaciones. Son los del capital transnacional, las industrias de defensa, las grandes distribuidoras alimentarias y los fondos de inversión que capturan la renta agraria y urbana. La guerra y la tensión permanente en el Mediterráneo elevan el precio de la energía, encarecen los alimentos, precarizarán aún más el empleo y legitiman políticas de excepción que refuerzan el control social.

Al mismo tiempo, los pueblos de la otra orilla —Magreb, Oriente Próximo, Mediterráneo oriental— sufren las consecuencias más devastadoras: intervenciones, bloqueos, economías destruidas, migraciones forzadas y muertes. Y sin embargo, esos trabajadores y trabajadoras no son enemigos objetivos del pueblo andaluz, sino parte de la misma cadena de explotación que articula el capitalismo euro-mediterráneo.

Aquí se impone una segunda crítica a quienes, proclamándose pacifistas o contrarios a la guerra, limitan su oposición al plano moral mientras preservan intactas las bases económicas que la generan. Rechazar la guerra sin cuestionar la lógica de acumulación capitalista que convierte territorios en plataformas estratégicas y pueblos en recursos descartables equivale a combatir los efectos y proteger la causa. La competencia interimperialista, la búsqueda de mercados y la apropiación de recursos no son anomalías del sistema; son su dinámica constitutiva. No habrá paz estable mientras persista un modelo basado en la explotación estructural y la desigualdad entre centros y periferias.

Y una última crítica para quienes proclamaron en su momento «»OTAN, de entrada, NO» y ahora repiten el «No a la Guerra». A los mismos que hicieron lo posible y lo imposible para mantenernos vinculados a aquella organización criminal internacional. A los mismos que nos han involucrado en guerras como en Agfanistán, Yugoslavia, Libia, Ucrania… invocando el Derecho Internacional. Es decir, por el derecho que definía el Orden Mundial elaborado y ejecutado por las potencias capitalistas tras la II Guerra Mundial.  Estos son los del Sí a las guerras legales, a las guerras que vienen a defender los intereses de las potencias capitalistas frente a los de los pueblos y la clase obrera. Hoy que, por lo que sea, defienden un orden mundial que está condenado a pasar al basurero de la historia por las conquistas sociales y económicas de la República Popular China conducida por su partido comunista.

La clase obrera andaluza tiene, por tanto, una tarea histórica doble. Primero, desvelar el carácter de clase de la política exterior que convierte su territorio en plataforma militar y su economía en engranaje subordinado. Y segundo, tejer una alianza consciente con los pueblos mediterráneos explotados, basada en intereses materiales comunes: soberanía, control público de la energía, política de defensa armada, cooperación productiva sur-sur, defensa de los derechos laborales frente a la competencia a la baja impuesta por el capital.

La vigilancia crítica de los acuerdos militares, de las inversiones estratégicas, de los tratados comerciales y de las políticas migratorias no es un asunto diplomático abstracto. Es parte de la lucha por el pan, la tierra y el trabajo en Andalucía. Cada euro destinado a la carrera armamentística es un euro sustraído a la reindustrialización, a la transición ecológica justa, a la educación y a la sanidad públicas.

Reivindicar los intereses históricos de la clase obrera andaluza significa la afirmación de un internacionalismo mediterráneo desde abajo: el de los pueblos que comparten explotación estructural frente a centros de acumulación externos. La verdadera frontera no separa continentes; separa clases sociales.

Una política exterior coherente con los intereses del pueblo andaluz exigiría prioridad a la cooperación económica equitativa con los pueblos del sur, defensa de los derechos humanos sin doble rasero y ruptura con la lógica de bloques que convierte el Mediterráneo en teatro permanente de confrontación.

La lucha por esta orientación forma parte orgánica de la lucha general por la liberación de la clase obrera en Andalucía y en todos los pueblos oprimidos y explotados del Mediterráneo.

Porque ningún pueblo periférico se libera aislado, y ningún trabajador gana con la guerra que enriquece a sus explotadores.

Trabajadores y trabajadoras del Mediterráneo, uníos.