La Fiscalía, en base a los informes facilitados por la Subdelegación del Gobierno (Fiscalía que depende jerárquicamente del Gobierno), solicita casi 8 años de cárcel a cuatro activistas vallisoletanos/as por las protestas contra la participación del equipo sionista Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España. Las peticiones son por presuntos delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad. Hay que señalar que en el escrito de acusación se amenaza igualmente con imponer el pago de fianzas a los/as activistas.

En el escrito de la Fiscalía se expresa una clara beligerancia contra las personas procesadas, mediante un relato fantasioso acerca de los hechos realmente acontecidos: la acusación especula con la posibilidad de un impacto de los ciclistas contra los agentes de la policía nacional o contra el público en general y alude al ejercicio por parte de los activistas de una “gran intensidad y violencia” (sic) contra la detención, algo que jamás tuvo lugar. Nos imaginamos que esta descripción tiene una estrecha relación con el rechazo de los encausados/as a llegar a un acuerdo de conformidad con la Administración de Justicia, para lo cual los procesados/as fuimos citados en sede judicial, citación que después no sabían como justificar y alegaron que había sido un error. No fue un error, simplemente no les salió como pretendían y preveían. Desde el primer momento, las personas acusadas reconocimos los hechos, pero sin considerar que tuvieran ningún carácter de ilícito penal, sino que por el contrario estábamos contribuyendo a la denuncia de un hecho inadmisible. En esa convicción, que consideramos que es apoyada por una inmensa mayoría social, seguimos, y con las nuevas circunstancias de la guerra en Oriente Medio, aún mucho más. De aquellos polvos, estos lodos.

A las peticiones penales seguramente se sumarán las administrativas. Hasta el momento, las sanciones económicas interpuestas contra los/as cuatro activistas por parte de la Subdelegación del Gobierno han quedado suspendidas hasta que haya una sentencia judicial. Además, hay que añadir una sanción adicional de 700 euros contra un quinto activista que se concentró conjuntamente con cerca de un centenar de personas en solidaridad con los detenidos a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional de las Delicias, en este caso por la Ley Mordaza, y que actualmente se encuentra recurrida.

Parece incoherente, por no decir absolutamente contradictorio, que a través de las instituciones de un Gobierno que teóricamente hace gala del “No a la Guerra” se soliciten 8 años de cárcel para los/as activistas que, tomándose en serio el genocidio contra el pueblo palestino, salimos a la calle en Valladolid para denunciar la presencia en la Vuelta Ciclista de un equipo representante del Régimen sionista y asesino de Israel, siendo éste el principal exportador de la guerra, el exterminio y la violación de los derechos humanos en Oriente Próximo. Queremos recordar que las mismas prácticas que se hicieron en Valladolid se llevaron a cabo por parte de muchos miles de personas en Madrid, donde el movimiento en solidaridad con Palestina ante el genocidio logró suspender durante su última etapa el evento deportivo.

Pondremos en marcha una campaña informativa lo más amplia posible sobre esta cuestión, en la que irán incorporadas actividades solidarias con los compañeros afectados/as, y que iremos comunicando oportunamente.

Fuente: Izquierda Castellana.