Las protestas por los derechos de los trabajadores de la industria del metal en Cádiz, motivo de huelgas que han sido muy sonadas en los últimos años, tienen repercusiones para algunos de los que las lideran. El sindicato Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) ha denunciado la existencia de «listas negras» que vetan la contratación en las empresas del sector de quienes han encabezado las movilizaciones, algo que la patronal niega. Público ha hablado con tres de ellos.
El metal representa más del 16% del PIB de la provincia de Cádiz, lo cual lo convierte en su sector económico más importante tras el de los servicios. Da empleo a más de 30.000 personas, la mayoría en las empresas auxiliares que subcontratan las grandes compañías tractoras en ese territorio: Navantia, Airbus, Dragados y Alestis, para la construcción y reparación de barcos, aeronáutica, fabricación de estructuras metálicas y productos básicos de hierro y ferroaleaciones. Es, junto al de la aeronáutica en Sevilla, el enclave industrial más importantede Andalucía, la comunidad más poblada de España. Y, según algunas estimaciones, atraviesa tal etapa de bonanza que hay garantizada carga de trabajo para sus empresas hasta más allá de 2030, con la consiguiente necesidad de mano de obra cualificada.
Desde la reconversión naval de los años 80, la mano de obra se fue desplazando progresivamente de las grandes factorías del metal a cientos de pequeñas empresas auxiliares, con peores condiciones laborales y salariales. En ese magma de precariedad surgió la Coordinadora de Trabajadores del Metal, primero como asociación y luego como sindicato, integrada por soldadores, tuberos y caldereros que no se sentían defendidos por las grandes organizaciones sindicales, que firmaban con la patronal los convenios del sector que luego se incumplían sistemáticamente en sus empresas.
Jesús Galván, de 51 años, es uno de los fundadores de la CTM y desde hace seis años no le contratan en ninguna empresa de la Bahía de Cádiz, pese a contar con una experiencia de cerca de tres décadas como soldador que le ha proporcionado una alta cualificación en esa labor. La última vez que trabajó en su tierra fue en 2020, cuando le despidieron tras una protesta laboral, un despido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró nulo en sentencia firme porque lo atribuyó a una represalia por su actividad sindical.
Desde entonces, Jesús Galván, vecino de San Fernando y con dos hijos, ha tenido que irse a trabajar a Bilbao, Tarragona, Bélgica, Guadalupe y Gran Bretaña para encontrar lo que en Cádiz no le daban, pese a que las empresas del sector reclamaban con insistencia mano de obra cualificada como la suya. Galván recuerda que los primeros vetos surgieron en 2018, a raíz de una huelga que convocaron por la muerte de dos trabajadores en una empresa auxiliar próxima a los astilleros de Navantia en Puerto Real. «Aún no éramos ni sindicato ni delegados, pero llenos de indignación, sabiendo que podía haber muerto cualquiera de nosotros, hicimos la huelga. Y ahí nos empezaron a conocer», cuenta a Público.
Jesús Galván y otro de los cabecillas de la protesta, Manuel Balber, fueron despedidos de su empresa y empezaron de esa forma su particular exilio. «Aquí -dice- nos cerraron las puertas. Éramos cadáveres laborales, represaliados, y nos íbamos donde fuera, estuviera bien o mal» . Y en las Antillas, en Guadalupe, trabajando en la construcción de unos tanques para el almacenamiento de caña de azúcar, recibió la noticia de la muerte de su padre, a cuyo entierro no pudo asistir. Y al poco, decidió volver a casa.
Prohibida la entrada de Navantia
Fue a la vuelta de Guadalupe cuando comprobó que algo estaba pasando con su nombre. Jesús Galván consiguió un contrato con una empresa, que era nueva en el metal de Cádiz, para hacer un trabajo en Navantia Puerto Real, pero al llegar a la puerta de la factoría dejaron pasar a todos los empleados de la subcontrata, menos a él. Le dijeron que le faltaba un papel, algo de su documentación. Y no consiguió entrar hasta que pasó más de un mes, después de que interviniera hasta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como responsable del SEPI del que depende Navantia, el alcalde de Cádiz y diputados del Parlamento andaluz.
«Me impidieron entrar porque hay listas negras. La empresa no las va a aponer en el tablón, pero las listas existen. Lo tienen guardado bajo llave, oculto, porque es algo inconstitucionaly vulnera el derecho al trabajo», afirma este experimentado soldador.
Después de eso, el último trabajo que tuvo Jesús Galván en la Bahía de Cádiz fue el que acabó en 2020 con un despido considerado nulo por el Tribunal Superior andaluz. «Veíamos -recuerda- que se acababa la faena y que tendríamos que volver a coger las maletas para buscarnos otra vez la vida fuera y convocamos asambleas a la hora del bocadillo, para que no hubiera represalias, en las que decidimos ir a la huelga para exigir más carga de trabajo en la Bahía».
«La empleadora del actor no solo tenía conocimiento de su actividad sindical, sino que había expresado, a través de su jefe de obras, su malestarcon la promoción de asambleas de trabajadoras relacionadas con la continuación de los contratos de trabajo y la posibilidad de su prórroga o renovación, con la clara advertencia de que si continuaba con dicha actividad sindical afectaría al mantenimiento de su puesto de trabajo», se detalla en la sentencia.
Tras dejar de nuevo su casa para trabajar en Escocia y en Bilbao, hartos de estar lejos de sus familias y viendo que ninguna empresa los contrataba en Cádiz, Jesús Galván y Manuel Balber decidieron montar una cooperativajunto a otros dos miembros de la CTM, con la que estuvieron trabajando durante más de dos años. «No nos lo creíamos. Estar tanto tiempo con la familia, con un sueldo digno, irnos de vacaciones…», dice Galván.
Pero el negocio de la cooperativa se truncó al perder, de pronto, a su principal cliente. Eso ocurrió, según Galván, como si hubiera intervenido una mano negra justo después de que la CTM denunció en el juzgado a la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (FEMCA) por haberles llamado terroristas sindicales que coaccionaban a los trabajadores.
Así que, tras el cierre de la cooperativa, los dos soldadores gaditanos volvieron a hacer las maletas para trabajar en Newcastle, Inglaterra, de donde volvieron hace un año sin haber conseguido desde entonces un nuevo empleo en Cádiz. «Hemos enviado curriculum a todas las empresas, pero nada. Alguna nos ha dicho incluso claramente que no contamos contigo», asegura Galván, que en este tiempo dice haber visto llegar a la factoría de Dragados Offshore de Puerto Real autobuses con trabajadores de otros países contratados como soldadores.
«Ya es impepinable que hay listas negras en la Bahía de Cádiz, pero ahora vamos a ir a por todas. Y nosotros tenemos que entrar a trabajar, aunque nos dejemos la vida, porque es muy injusto», advierte uno de los fundadores de la CTM.
La patronal dice que solo hay listas de candidatos
La Federación de Empresarios del Metal, a preguntas de Público sobre la existencia de listas negras, ha asegurado que «no le consta que haya ninguna lista que no sea la de los posibles candidatos a contratar en función de la carga de trabajo que se le presenta a la empresa». La FEMCA, que representa a a 700 empresas con 22.000 empleados, afirma que «en un escenario en el que falta personal cualificado«, lo que las empresas le trasladan es que «están contratando a todo el personal cualificado del que tienen conocimiento».
Manuel Balber, vecino de El Puerto de Santa María de 54 años y con tres hijos, que ha sufrido casi los mismos despidos que Jesús Galván desde que cogió por primera vez el megáfono en 2016 para exigir el cumplimiento del conveniodel metal en las empresas auxiliares, no entiende cómo soldadores con «la más alta cualificación» como ellos no consiguen un trabajo en la Bahía de Cádiz desde hace seis años.
«Nosotros éramos conscientes de que esto iba a pasar. Las empresas no quieren que levantes la cabeza. Cuando tú hablas y exiges, automáticamente ya eres un conflictivo. Las empresas no respetan los convenios, hacen lo que les da la gana, y los sindicatos mayoritarios no hacen que se cumplan los convenios. Lo único que pedíamos nosotros es que se cumpliera la ley, fíjate, y eso era lo más revolucionario para los empresarios», dice Balber, quien ha acompañado a Jesús Galván en su periplo por diferentes países al no conseguir trabajo en su tierra.
Las empresas no quieren que levantes la cabeza. Cuando tú hablas y exiges, automáticamente ya eres un conflictivo
Según Balber, las listas negras que impiden su contratación en las empresas de Cádiz son, más que nada, un aviso para navegantes. «Están lanzando un mensaje a los trabajadores, avisándoles de que si protestan, no van a trabajar más en la Bahía de Cádiz. Y lo que están haciendo con nosotros es anticonstitucional, negando el trabajo a unas personas que no han matado a nadie», subraya.
Y el veto, aseguran Balber y Galván, se ha extendido ahora, además, a otras provincias. Según estos dos soldadores, hace unas semanas les llamaron de una empresa para trabajar en una refinería de Huelva, pero después les dijeron que no podían contratarles, suponen ellos que cuando comprobaron que eran a los que habían despedido en 2020 en Cádiz tras una protesta laboral. «Solo queremos trabajar y que se cumplan nuestros derechos, pero nos quieren matar laboralmente«, se lamenta el portavoz de la CTM.
Las advertencias desde Navantia
A Diego Rodríguez, otro miembro de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, tampoco lo contratan, pese a que vive al lado de Navantia, en el barrio Río San Pedro de Puerto Real. Él trabajó en los astilleros desde 1995 con diferentes subcontratas y de forma indefinida con una misma empresa durante 14 años, hasta 2017, cuando cerró. Fue más o menos a raíz de ese cierre cuando se puso al frente de las protestas de los empleados del metal para demandar trabajo. Y desde entonces no le han vuelto a contratar en ninguna otra empresa del sector.
«Me dijeron desde el comité de empresa de Navantia Cádiz que si continuábamos con las protestas Navantia iba a tomar medidasy no íbamos a entrar más a trabajar ni en Cádiz ni en San Fernando ni en Puerto Real. Y así ha sido», dice Diego Rodríguez, quien asegura que no le han contestado a ninguno de los curriculum que ha enviado desde entonces solicitando un empleo en las empresas del metal.
Este trabajador del metal, especializado en instalaciones eléctricas, de gases y ventilaciones de buques en reparación, que se consideraba «un animal de astilleros» hasta que fue vetado, explica que se puso al frente de la protesta porque nadie se atrevía a hacerlo. «Lo que estábamos pidiendo -recuerda- no era una locura, solamente que nos pasaran a otra subcontrata que estaba haciendo ya trabajos con Navantia. Pero todos los que participamos en la protesta, salvo uno, nunca más hemos vuelto a entrar en Navantia».
Sin trabajo en el metal, Diego Rodríguez ha tenido que reconvertirse y buscar empleo como operario de instalaciones eléctricas en hotelesy viviendas de nueva construcción. «Las listas negras no sé cómo funcionan exactamente, varían dependiendo si se trata de una empresa concreta o de los trabajos que se hacen en toda una factoría, como Dragados. Pero lo cierto es que no te contratan», subraya.
En un comunicado, la CTM considera que se ha aplicado una pena de «cadena perpetua» a los trabajadores a los que se ha dejado de contratar por haber encabezado protestas laborales en las que se exigía el cumplimiento de los convenios del sector y la legislación laboral. El sindicato ha exigido una solución a esa situación, para lo que ha empezado a mantener una serie de reuniones con comités de empresa de las grandes empresas de la Bahía de Cádiz y responsables de sus ayuntamientos.
«Es una vulneración de los derechos fundamentales y es anticonstitucional. Y supone un ataque a la libertad sindical, que se debería defender desde el sindicalismo estatal, no desde un solo sindicato», advierte la Coordinadora de Trabajadores del Metal.
En la plataforma Change se ha iniciado también una campaña de recogida de firmas para exigir el «fin inmediato del veto y de cualquier lista negra o represalia laboral» en el sector del metal de Cádiz, además de una «investigación urgente e independiente» sobre la existencia de esas listas.
Fuente: Público.
La Otra Andalucía 
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