Desde el sindicato USTEA denuncian la supresión de otras 410 aulas coincidiendo con el periodo de matriculación. Estas eliminaciones afectan a las etapas de Infantil y Primaria y, por primera vez de forma significativa, se extienden también a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Los datos se basan en un estudio anual que realiza USTEA —a través de llamadas a centros y recogida de datos mediante formularios— cuando los equipos directivos ya han recibido por parte de la Consejería la planificación de unidades para el próximo curso. Los datos «evidencian una nueva pérdida de aulas que se suma a las 360 unidades eliminadas en el presente curso y a las 2.758 aulas suprimidas oficialmente según el BOJA desde la llegada del gobierno del PP a la Junta de Andalucía» afirma el sindicato.

Destaca la circunscripción provincial de Córdoba (una de las ocho en las que los Borbones dividieron nuestro país), donde se pierden 20 clases en Primaria y 17 en Secundaria, confirmando «que esta política de recortes se extiende ya claramente a la enseñanza secundaria».

Denuncian que «estas supresiones afectan exclusivamente a la educación pública, mientras que la enseñanza concertada continúa blindada mediante conciertos educativos renovados cada cuatro años». Asimismo, USTEA alerta de la publicación de “0 plazas” en numerosos cursos, «una práctica que limita gravemente la libertad de elección de las familias, reduce el empleo docente y deteriora la calidad educativa».

Los datos recogidos por USTEA muestran que «la Administración está aplicando una estrategia deliberada de reducción de la oferta pública, llegando incluso a bloquear nuevas matriculaciones en cursos intermedios —desde Infantil de 4 años hasta 6.º de Primaria— mediante la publicación de cero vacantes».

Esta política responde a su entender a una doble lógica: mantener aulas ya saturadas en ratio máxima sin abrir nuevas unidades e impedir la incorporación de alumnado en grupos con baja matrícula para forzar la creación de aulas mixtas con varios niveles educativos.

El sindicato denuncia que estas medidas «limitan la libertad de elección de las familias, reducen el empleo docente, deterioran la calidad educativa, con aulas masificadas o agrupamientos que dificultan la atención al alumnado e impulsan una privatización encubierta del sistema educativo».

Desde USTEA exigen a la Junta de Andalucía una planificación educativa que refuerce la escuela pública, garantice el derecho real de las familias a elegir centro y asegure una educación de calidad para todo el alumnado andaluz.