La nueva batería de medidas anunciada por el Gobierno estatal de Pedro Sánchez ante la guerra en Irán vuelve a mostrar los límites de las política «progres» en el capitalismo, centrada en parches fiscales y subvenciones selectivas.

El Ejecutivo estatal presentó el viernes un plan de 80 medidas que, según Moncloa, moviliza 5.000 millones de euros, y que se justifica por el alza de los combustibles, la energía y otros costes derivados de la nueva crisis geopolítica en Oriente Medio.

El Consejo de Ministros se retrasó durante horas por una escenificación de discrepancias entre PSOE y Sumar. Mientras el PSOE quería un decreto centrado en rebajas fiscales, ayudas a sectores afectados y algunas medidas energéticas, Sumar exigía introducir medidas de vivienda y algún mecanismo de control sobre los márgenes empresariales. El resultado fue la aprobación de dos decretos distintos: uno con el grueso del paquete económico y otro específico sobre alquileres.

El primer decreto, presentado como el núcleo del “plan integral de respuesta”, concentra las medidas económicas y energéticas. La estrella del paquete es la ya clásica receta de los gobiernos liberales de toda laya: rebajas fiscales. El Gobierno reduce del 21% al 10% el IVA de la gasolina y el gasóleo, así como el IVA de la electricidad y el gas natural. También rebaja al 10% el IVA de los pelets y la leña, congela el precio máximo del butano y el propano, rebaja el impuesto especial de la electricidad y suspende temporalmente el impuesto a la producción eléctrica. Moncloa lo presenta como una rebaja de hasta el 60% de la carga fiscal en la factura eléctrica y una disminución significativa en el precio final de los carburantes.

Junto a eso, el Ejecutivo incluye ayudas específicas para sectores afectados por el aumento de costes: 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transporte y actividades afectadas, refuerzos al llamado “escudo social”, bonificaciones energéticas, prohibición de cortes de suministros a hogares vulnerables y la reactivación o ampliación de algunos instrumentos de protección ya utilizados en crisis anteriores —y con sus correspondientes limitaciones—.

Una cláusula que impide despidos objetivos ligados a esta crisis en empresas que reciban ayudas públicas, pero que no impide la no renovación de contratos temporales ni despidos por periodos de prueba, etc. —es decir, no impide que las empresas maniobren en este sentido aprovechando las reaccionarias reformas laborales, incluyendo la aprobada bajo este gobierno—.

Además el decreto, a petición de Sumar, incorpora un “refuerzo” de la supervisión para evitar que las rebajas fiscales se conviertan simplemente en un aumento de los márgenes privados —algo fácil de enunciar, pero que en la práctica no tiene trascendencia, si no no son los propios trabajadores organizados los que imponen el control a sus patronales desde cada centro de trabajo—.

La medida no supone en verdad una inversión de 5.000 millones, sino una pérdida de recaudación fiscal por ese valor y cuyo impacto real en los precios de los combustibles está siendo ampliamente cuestionado —apenas contener unos céntimos las subidas que van a continuar—. Sin embargo, este decreto contaría con el apoyo de las derechas, siempre favorables a rebajas fiscales, y previsiblemente será aprobado en los próximos días.

El segundo decreto, más polémico y el más discutido dentro del propio Gobierno, se refiere a la vivienda. Allí se incluyen dos medidas principales: por un lado, una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027; por otro, un límite del 2% a la actualización anual de los alquileres hasta esa misma fecha. Es decir: el Gobierno intenta mostrarse activo frente a la emergencia habitacional, pero lo hace mediante una fórmula que ni rebaja de manera generalizada las rentas ni altera la estructura especulativa del mercado inmobiliario. Y, además, lo hace con una debilidad política inocultable: el propio Ejecutivo admite que no tiene garantizada mayoría parlamentaria para convalidar ese segundo decreto.

Lo que se vuelve a ver, una vez más, es la continuidad de las políticas de estos gobiernos “progresistas” —bien con Sumar o antes con Unidas Podemos— que llevan años sin plantear siquiera la más mínima reforma de carácter estructural con respecto a vivienda, la fiscalidad o la cuestión energética. Sus medidades son parches destinados a garantizar los beneficios millonarios de las grandes empresas y rentistas, mientras es la clase obrera y los sectores populares los que sufren las consecuencias.

No es compatible garantizar los beneficios empresariales y aumentar en miles de millones el gasto militar, al mismo tiempo que se nos quieren vender un supuesto “escudo social” que no mejora las condiciones sociales ni los servicios públicos y le deja espacio para que capitalice el descontento la demagogia de la extrema derecha.

Sánchez dice “No a la guerra” porque recuerda las masivas manifestaciones por Palestina de 2025, pero su «No a la guerra» permite que sigan operando bases de Rota y Morón en Andalucía, envía barcos de guerra a Chipre y a otros frentes de la OTAN en Europa del este, comercia armas con Israel y sube el gasto militar.

Sólo la articulación y movilización popular andaluza orientada hacia la superación del capitalismo, la planificación democrática de la economía y la autodeterminación nacional puede sacar al país andaluz