Para hacer frente a las consecuencias de la agresión imperialista contra Irán el gobierno estatal presidido por Pedro Sánchez está discutiendo en estos momentos en las Cortes del reino de España dos decretos ley: uno que contiene medidas fiscales y medidas de apoyo a determinados sectores económicos y otro con medidas para ayudar a las personas que viven de alquiler.

Desde el partido de izquierda independentista Nación Andaluza se han posicionado contra estas medidas que «evidencian la continuidad de las políticas del gobierno “progresista” estatal incapaz de acometer una reforma de carácter estructural con respecto a vivienda o la fiscalidad».

Califican estas medidas como «parches destinados a garantizar los beneficios millonarios de las grandes empresas y rentistas, mientras es la clase obrera y los sectores populares los que sufren las consecuencias».

El primer decreto baja el IVA relacionado con las energías del 21 al 10%. Desde Nación Andaluza critican lo que «rebaja impuestos indirectos beneficiando más a quienes más consumen -la burguesía- pues tienen más inmuebles y mayor capacidad de consumo». Y pronostican que el «impacto real en el precio de los combustibles será muy limitado habida cuenta del carácter oligopólico del este mercado: REPSOL, BP y CEPSA suministran a la mayoría (entre el 65% y el 83%) de las gasolineras».

Nación Andaluza exige «medidas reales» como la rebaja del IRPF a 0 para «las personas con ingresos inferiores a 22.000» y por lo tanto «no tengan retención ni tributen por el IRPF. Por otra parte, también exigimos que las rentas comprendidas entre 22.001 y 36.000 euros su tipo impositivo se rebaje al 50% en ambas administraciones».

En relación al segundo decreto lo consideran «insuficiente» y de aprobación «incierta» ya que el propio gobierno estatal reconoce que no tiene la mayoría suficiente. «Este decreto está falto de concreción en cuanto a las obligaciones de los propietarios en su cumplimiento y, dado su carácter temporal, podría ser obviado por los tenedores de viviendas. Además los contratos firmados a partir de 2019 contemplan la posibilidad de hasta 3 prórrogas tácitas del contrato a partir de la finalización del mismo».

Además apuntan a la Junta de Andalucía que, en ejercicio de sus competencias, «debe limitar los alquileres en las zonas tensionadas -todas las ciudades de más de 100.000 además de algunas comarcas de nuestra costa- impidiendo que, conforme a lo previsto en la nueva ley de vivienda, un nuevo contrato de alquiler puedan superar el importe del último alquiler pagado en la misma». Además, consideran «necesaria la restitución del impuesto sobre el Patrimonio a partir de este ejercicio 2026 así como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias superiores a 200.000 € por heredero, quedando exenta la vivienda habitual».

Nación Andaluza caracteriza estas medidas como «cosméticas que contrastan con el aumento en miles de millones del gasto militar». Y concluyen afirmando que «sólo el Pueblo Trabajador Andaluz organizado para conquistar una Andalucía independiente, soberana y socialista donde la planificación democrática de la economía y la autodeterminación nacional sean la norma, podrá dejar de ser el pagano de sus guerras imperialistas».