La Audiencia Nacional española ha paralizado la puesta en libertad de María José Baños mediante la introducción de un nuevo trámite administrativo no previsto legalmente para su caso. Según denuncian las organizaciones que impulsan la campaña por su liberación, el juez ha decidido consultar a las «posibles víctimas» de los hechos por los que la presa política de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) fue sentenciada, una medida recogida en leyes posteriores a su condena y que, por tanto, no resulta aplicable por el principio de irretroactividad, según explica su abogada Alejandra Matamoros en un vídeo difundido en redes sociales. Esta maniobra del tribunal de excepción español se produce después de casi un mes de tramitación del expediente de libertad condicional, durante el cual todos los informes médicos y jurídicos emitidos han resultado favorables a su salida de prisión.

La decisión judicial implica, en la práctica, la posibilidad de «alargar la decisión durante meses» y buscar «alguna excusa para denegarle la libertad condicional», según denuncia Matamoros. Baños cumple condena exclusivamente por «daños materiales», por lo que los colectivos en defensa de los presos políticos consideran especialmente notorio que este movimiento busca dilatar un proceso que ya debería estar resuelto. El tribunal ejecuta este bloqueo a sabiendas de que la situación de salud Baños es de extrema gravedad y de que su vida corre peligro cada día que permanece en el centro penitenciario debido a su delicado estado de salud.

Las organizaciones sociales que sostienen la movilización interpretan esta medida como un intento de la Audiencia Nacional de «retorcer su propia legalidad» para dejar el expediente «en un cajón». Afirman que el Estado español busca que el paso del tiempo «enfríe la solidaridad y debilite la campaña» de presión que se desarrolla en las calles. Por ello, y ante este escenario de vulneración de derechos, los colectivos solidarios denuncian que se está utilizando a una presa política como rehén de maniobras judiciales para evitar una excarcelación que ya cuenta con el aval de los informes técnicos pertinentes.

Como respuesta al bloqueo institucional, los impulsores de la movilización han realizado un llamamiento general a «redoblar los esfuerzos» y a impulsar «más actos, más difusión y más presión». Sostienen que cada avance logrado hasta la fecha ha sido «fruto de la organización y la presión en las calles», por lo que instan a llenar las ciudades con el grito de «libertad para María José Baños«. La campaña advierte que no dará «ni un paso atrás ni un respiro» hasta lograr que la interna sea liberada de forma inmediata ante el riesgo inminente que supone la continuación de su encarcelamiento.

Fuente: Diario Socialista.