La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ha decretado archivar la investigación por la muerte de Haitam Mejri, ocurrida el pasado 7 de diciembre tras una intervención de la Policía Nacional española. Según han informado fuentes judiciales en un comunicad recogido por elDiario.es, la jueza ha ratificado su decisión de cerrar el caso apenas dos días después de recibir el informe definitivo del Instituto de Medicina Legal (IML), que exculpa la actuación policial. La magistrada ha ordenado el sobreseimiento sin haber tomado declaración, ni como investigados ni como testigos, a los seis agentes que redujeron al hombre de 35 años. Tampoco se ha molestado en identificar a los testigos presenciales del suceso.

El auto judicial fundamenta el archivo en la autopsia oficial del IML, que concluye que la muerte se produjo por un «delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias». Este diagnóstico, caracterizado según los forenses por una «alteración aguda del estado mental» e «hiperactividad autonómica», es una categoría médica no reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por las principales asociaciones de psiquiatría. El «delirio agitado» es un concepto profundamente controvertido debido a su uso recurrente por los aparatos jurídicos para justificar «muertes» bajo custodia o durante reducciones policiales violentas, atribuyendo el desenlace a factores biológicos internos de la víctima y no al uso de la violencia policial.

Frente a la tesis oficial, la familia de Mejri sostiene que se produjo un uso desproporcionado de la fuerza que podría constituir un asesinato. Las grabaciones de las cámaras del local y de los dispositivos asociados a las pistolas táser, desveladas por elDiario.es, muestran claramente que el fallecido recibió entre siete y once descargas eléctricas de hasta 2.000 voltios, además de golpes y el uso de gas pimienta. El informe pericial aportado por el especialista Aitor Curiel, presidente de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense, documenta 86 lesiones en el cadáver y rebate al IML señalando que, en ausencia de dosis letales en sangre, la actuación policial se alza como el «elemento más claro y objetivo» que desencadenó la parada cardiorrespiratoria.

La instrucción ha sido una constante negativa sistemática de la jueza y la Fiscalía a practicar diligencias esenciales solicitadas por la acusación particular. Los letrados de la familia han presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al considerar que la magistrada ha ignorado pruebas materiales y testimoniales para dar validez exclusiva al informe del IML, el cual tacha de «hipótesis» al contrainforme de la familia. Según fuentes judiciales, el proceso se remitirá ahora a la Audiencia Provincial de Málaga, que deberá decidir si mantiene el archivo o si ordena reabrir la investigación para determinar las responsabilidades penales de los agentes implicados.

Fuente: Diario Socialista.