El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero, se ha convertido en una de las mayores tragedias de la historia reciente del ferrocarril en el Estado español: 46 personas perdieron la vida y más de 150 resultaron heridas en el choque entre un tren Iryo (Málaga-Madrid) y un Alvia (Madrid-Huelva).

La investigación de la Guardia Civil apunta cada vez con más claridad a que este desastre no fue un accidente imprevisible, sino el resultado de graves fallos en el mantenimiento de la infraestructura y en los sistemas de seguridad.

La vía se rompió un día antes

Según el último atestado de la Guardia Civil, la rotura del carril en la zona del descarrilamiento se produjo la noche del 17 de enero, alrededor de las 21:46 horas, varias horas antes del accidente mortal. El Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión compatible con una rotura de la vía. Sin embargo, esta anomalía no activó ninguna alarma efectiva ni se tomó medida alguna para restringir el tráfico o reparar el problema de inmediato.

Esta información descarta hipótesis como un fallo súbito en el momento del paso de los trenes, fallos técnicos de última hora en los convoyes o negligencia directa de los maquinistas. El problema estaba latente en la infraestructura desde el día anterior.

Fallo en los sistemas de seguridad y notificación

El informe también destaca que los sistemas de seguridad no funcionaron correctamente para detectar y notificar el incidente. A pesar de que el SAM registró la anomalía, no se generó una alerta que impidiera la circulación normal de los trenes por esa vía. Decenas de convoyes, incluidos los implicados en la tragedia, circularon por un tramo con una rotura conocida (o detectable) sin que se activaran los protocolos de seguridad correspondientes.

Esto evidencia una cadena de fallos: falta de inspecciones rigurosas, supervisión inadecuada y, en última instancia, una deficiente inversión en el mantenimiento preventivo de la red ferroviaria.

46 vidas segadas por falta de inversión

Las 46 víctimas mortales no son solo una cifra trágica: representan el precio de años de falta de inversión en el ferrocarril que trascienden gobiernos. La rotura de un carril que pudo detectarse y repararse con antelación, unida a la ausencia de sistemas de alerta fiables, convierte este accidente en un caso paradigmático de negligencia estructural.

No se trata de un suceso aislado o de mala suerte. Es el resultado previsible de priorizar otras partidas presupuestarias por encima de la seguridad de los pasajeros y trabajadores del sector ferroviario. La Guardia Civil ha ido descartando progresivamente otras hipótesis (como sabotaje o fallos humanos directos) para centrarse en problemas de infraestructura y mantenimiento.

Los familiares tienen derecho a exigir justicia

Ante esta evidencia, es inadmisible que se intente minimizar o diluir responsabilidades. Las familias de las víctimas, los heridos y la sociedad en general tienen pleno derecho a exigir justicia, transparencia total en la investigación y que se depuren todas las responsabilidades, desde los niveles operativos hasta los políticos y empresariales que permitieron que la red ferroviaria llegara a este estado de degradación.

No puede repetirse una tragedia como la de Adamuz. Es necesario exigir que se esclarezca completamente lo ocurrido, que se sancione a los responsables y que se destinen los recursos necesarios para modernizar y mantener de forma adecuada toda la infraestructura ferroviaria. 46 muertos por una vía rota que nadie reparó a tiempo y por sistemas de seguridad que fallaron. Eso no es un accidente, es un escándalo que no puede quedar impune.

Fuente: Nueva Revolución.