Según un informe ahora publicado por la comisión, colonos ilegales y fuerzas militares de ocupación han sido responsables de 900 incendios en Cisjordania ocupada desde principios de 2023, que tienen como objetivo hogares, vehículos, propiedades e infraestructuras palestinas.

De estos, 799 incendios (88,8%) fueron causados por colonos y 101 (11,2%) por tropas sionistas. Como resultado de estas acciones, registradas hasta el 10 de julio de este año, 121 comunidades palestinas han sido desplazadas total o parcialmente.

Además de los incendios provocados, los ataques incluyeron controles de carretera y restricciones al acceso a tierras y fuentes de agua, como parte de la campaña estatal israelí de limpieza étnica en toda la Cisjordania ocupada.

Cuarenta y seis comunidades han quedado completamente vacías, lo que equivale a la expulsión de más de 6200 palestinos de sus hogares, 3000 de los cuales son menores, informa Al Mayadeen basándose en el documento.

En 2026, a fecha de 10 de julio, la Comisión para la Resistencia al Muro y la Colonización registró 112 incendios, que siguen a un aumento constante en el número de casos anuales: 217 en 2023, 264 en 2024 y 307 en 2025.

La provincia de Nablus, con 281 casos, y la de Ramalah y al-Bireh, con 271, suman 552 ocurrencias, o el 61,3% de los 900 incendios documentados por la organización.

En el informe, la comisión subraya que el aumento constante y la recurrencia de estos incendios reflejan un patrón organizado y sistémico que apunta explícitamente a la seguridad, la propiedad y los medios de vida de los palestinos.

Hasta 3000 palestinos desaparecieron forzosamente en Gaza

El Centro Palestino para Personas Desaparecidas y Desaparecidas por la Fuerza estima que entre 2500 y 3000 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas en la Franja de Gaza durante la ofensiva genocida israelí.

La estimación se publicó en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), basándose en un estudio analítico de una muestra de 317 casos, y el grupo de derechos humanos afirmó que los hallazgos apuntan a pruebas que justifican una investigación sobre la posibilidad de un patrón más amplio de desapariciones forzadas en Gaza.

El centro afirmó que su estudio se basa en informes enviados por familiares de personas desaparecidas y en casos documentados sobre el terreno, advirtiendo que no representa todos los casos de personas desaparecidas o desaparecidas por la fuerza en Gaza.

De los 317 casos examinados, 302 (95,27%) concernen a hombres y 15 mujeres. La muestra también incluyó a 41 niños y 17 personas de 60 años o más. La ciudad de Gaza registró el mayor número de casos (89), seguida por el norte de Gaza (74), Khan Yunis (59), el centro de Gaza (37) y Rafah (32), según la agencia Anadolu.

En cuanto a las circunstancias de las desapariciones, ocurrieron 76 casos durante redadas militares israelíes en viviendas o asedios vecinales, mientras que 60 ocurrieron cuando personas intentaron regresar a sus hogares o intentaron adquirir necesidades básicas.

Se registraron otros 42 casos mientras viajaban o cuando personas pasaban por puestos de control militares, y 39 mientras buscaban comida o esperaban ayuda. El centro también documentó 22 casos relacionados con el asedio o invasión de instalaciones médicas, así como el traslado de pacientes, y diez casos relacionados con trabajo periodístico o de campo.

Entre 4000 y 5000 personas bajo los escombros

La organización también estimó que entre 4.000 y 5.000 personas están desaparecidas bajo los escombros de edificios destruidos, y recalcó que estos casos no deben confundirse con sospechas de desapariciones forzadas.

En abril, el Ministerio de Justicia palestino informó de que más de 11.200 palestinos habían sido reportados como desaparecidos o desaparecidos por la fuerza desde octubre de 2023, incluyendo más de 4.700 mujeres y niños.

Según la definición de la ONU, la desaparición forzada ocurre cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada por las autoridades estatales, o por agentes que actúan con su permiso, apoyo o aquiescencia, y las autoridades se niegan entonces a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre el paradero o destino de la persona.

Fuente: Abril Abril.