La Unión de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía (USTEA) ha anunciado que ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la Orden de 3 de julio de 2026 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. El sindicato de enseñanza exige la nulidad de esta resolución administrativa al constatar un trato de favor injustificado que blinda unidades en centros privados concertados sin demanda real mientras impone recortes a la red de colegios e institutos públicos en las mismas áreas de escolarización.

A partir de los datos recabados desde el sindicato USTEA afirman haber detectado «un patrón de actuación sistemático» en la política educativa del Gobierno de Moreno Bonilla. Por un lado, se autorizarían y renovarían «unidades en colegios privados concertados que presentan una demanda insuficiente o nula» mientras que por otro lado, en la misma zona de escolarización y ante cifras de demanda similares o superiores, la Consejería denegaría «la apertura de nuevas líneas en centros públicos, suprimiendo unidades».

Según USTEA «la Administración invoca la falta de necesidades de escolarización para recortar en la escuela pública, pero ignora ese mismo parámetro al evaluar las unidades de la red privada concertada«.

En el aspecto legal, el recurso argumenta que la actuación de la Consejería «vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución», al aplicar criterios contrapuestos a situaciones objetivamente idénticas entre centros públicos y concertados dentro de una misma área de influencia.

Por todo ello, el sindicato solicita en su escrito la «anulación de la planificación aprobada y la retroacción del procedimiento para dictar una nueva resolución basada en criterios únicos, transparentes e iguales para ambas redes», exigiendo además la «revisión individualizada de los expedientes donde se hayan registrado tratos diferenciados injustificados».