Las protestas del domingo en el Estado francés, que tuvieron lugar en ciudades como Marsella, Toulouse, París o Lyon, fueron convocadas por organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierdas y la Unión de Magistrados.

«Nuestras vidas merecen ser vividas, no cosechadas», «No a la licencia para matar», «Más poder = más abusos», leen algunos de los carteles que los manifestantes exhibieron en París, donde se movilizaron 21.000 personas, según la alcaldía.

El proyecto de ley, aprobado por los diputados el 7 de julio, establece la presunción de que la policía y los gendarmes han actuado conforme a la ley «usando sus armas». Esa presunción puede ser ‘refutada por cualquier prueba en contrario’.

Miedo a que la ley ‘empeore la situación’

Los críticos del proyecto de ley denuncian que existe el riesgo de una «licencia para matar», argumentando que las investigaciones sobre la legitimidad de los tiroteos policiales se verán socavadas o incluso obstaculizadas.

«Tememos que la violencia policial aumente aún más con esta ley», dijo Cédric Picard, de 48 años, de Amnistía Internacional, mientras participaba en la manifestación en Marsella.

«En un país donde los abusos policiales son de los más frecuentes, esta ley corre el riesgo de agravar la situación», añadió Hugo, un estudiante de secundaria, también en Marsella. En Grenoble, Alice argumentó que el texto «permite a los agentes de policía justificar cualquier acto de violencia».

Por su parte, Amal Bentousi, hermana de Amine, un ladrón disparado por la policía en 2012, declaró en París que esta «licencia para ejecutar […] quiere invertir la carga de la prueba».

Más de 150 organizaciones se oponen a este proyecto

También en París, Samia El Khalfaoui, cofundadora de la asociación Stop aux violences d’État, enumeró los nombres de varios jóvenes —»la mayoría de barrios obreros»— que murieron al ser disparados por las fuerzas de seguridad.

Según la fuente, más de 150 organizaciones, incluidos colectivos locales y partidos políticos como el Partido Socialista, Ecologistas y LFI, han firmado la petición de la organización Stop aux violences d’État contra el proyecto de ley.

Fuente: Abril Abril.