De enero a marzo de este año se ejecutaron 87 desahucios en la provincia de Sevilla (una de las ocho en las que los Borbones dividieron Andalucía en el siglo XIX), según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir: prácticamente uno cada día. Esta cifra, además, supone un incremento de casi el doble -el 89%- respecto a los que se llevaron a cabo en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 46 desalojos.

Del total de 87 desahucios, una veintena procedían de «ejecuciones hipotecarias», tal como detalla la estadística oficial del primer trimestre de 2026. Y hasta 56 casos se debían a problemas con la Ley de Arrendamientos Urbanos, o lo que es lo mismo, con el alquiler. Por su parte, los restantes 11 estaban vinculados a otras causas diferentes a las ya citadas.

Dos desahucios al día en Sevilla durante 2025

724. Estos fueron los desahucios que se llevaron a cabo en la provincia sevillana durante todo el año pasado. 724 familias a las que echaron de su hogar, según reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial. Prácticamente dos cada día.

Una realidad que, atendiendo a las cifras más recientes, está al alza en Sevilla: los «lanzamientos» -tal como los define el CGPJ- totales subieron también un 7% de 2024 a 2025. De 675 a 724 desalojos, respectivamente. Además, la gran mayoría en ambos casos relacionados a problemas con el alquiler.

«La vivienda es una necesidad, no un activo»

«Los desahucios son siempre algo muy preocupante», afirma Ibán Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla en declaraciones a El Correo de Sevilla. «Y hay muchos que son invisibles: gente con subidas de alquiler disparatadas, otros a los que les convierten sus viviendas en pisos turísticos… Al final te ponen condiciones inaceptables que te obligan a abandonar tu hogar», resalta Díaz a este periódico.

«Me acuerdo de un caso reciente en el centro, en el Pumarejo, en el que una mujer con 65 años y una pensión de 400 euros se tuvo que ir de la ciudad. Tenía un contrato del 1987, y su bloque lo compró una empresa que acabó reconvirtiendo el inmueble en pisos turísticos», recuerda el portavoz de esta organización.

Ante esta problemática, desde este sindicato abogan por «dar mayor protección y seguridad para el inquilino». «Somos partidarios de controles y límites a la revaloración de los alquileres, y también de una prórroga indefinida mientras el inquilino cumpla con sus obligaciones», defiende su portavoz, Ibán Díaz. «La vivienda no debería ser un objeto de inversión ni un activo que se compra y vende con expectativas especulativas».

Presión a manos de fondos buitres y empresas de «desokupación»

Un ejemplo se vive en el número 27 de la calle Jiménez-Becerril, en Sevilla, donde 102 familias residen en viviendas de protección oficial (VPO) de alquiler asequible. La adquisición del inmueble por parte de un fondo buitre ha derivado en renovaciones de contrato con incrementos de renta de entre el 30% y el 50%. Vecinos que pagaban inicialmente unos 300 euros ven cómo sus alquileres se elevan hasta los 488 euros, una cifra inasumible para pensionistas con ingresos reducidos que denuncian no llegar a fin de mes tras abonar el alquiler y los suministros básicos.

A esta asfixia económica inmediata se suma la incertidumbre a largo plazo. Los residentes temen la llegada del año 2036, fecha en la que el inmueble perderá su condición de vivienda protegida y la propiedad podrá comercializar los pisos a precio libre de mercado, abocando a los inquilinos más vulnerables a la exclusión residencial.

La presión no solo adopta la forma de subidas de precio. En los históricos corralones de la calle Castelar, inquilinos con contrato en regla denuncian coacciones e intervenciones de empresas de desokupación para forzar su salida. Entre los testimonios recabados por Andalucía Directo se señalan agresiones, retirada de puertas comunes, cortes de suministros e incluso intentos de incendio. El objetivo final de la propiedad sería la transformación del inmueble en un complejo con un hotel y 35 viviendas de lujo, un proyecto que, según los afectados, choca con la ordenación actual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que califica el suelo para uso de artesanía y servicios múltiples.