
Ante la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que avala que un colegio privado-concertado de ideario católico en Granada no imparta la asignatura de religión islámica reclamada por una familia, Andalucía Laica ha manifestado su total rechazo al modelo de adoctrinamiento escolar sufragado con fondos públicos.
Este nuevo episodio en los tribunales no hace más que «evidenciar la trampa estructural que supone el modelo de educación concertada» en el Estado español según el colectivo.
Financiada íntegramente con dinero público mediante impuestos, «la patronal católica exige mantener la prerrogativa de adoctrinar bajo su ideario privado, imponiendo sus dogmas» a la comunidad educativa escolarizada en sus centros.
Desde Andalucía Laica señalan que la concertada es un «negocio confesional». Resulta «inaceptable» en un Estado formalmente aconfesional que se destine dinero público a financiar centros privados que imponen un ideario dogmático.
Denuncian que introducir la religión dentro de la jornada escolar «somete a los estudiantes a una profunda confusión entre el conocimiento científico, sustentado en la razón, la evidencia y el pensamiento crítico, y los dogmas religiosos» basados en la creencia no demostrable.
La solución no pasa por un sistema multicultural de segregación religiosa, sino «por el respeto estricto a la libertad de conciencia» de la infancia y la juventud, declaran. Las religiones pertenecen «al ámbito de lo privado y de los lugares de culto, jamás al currículo escolar» según afirma Andalucía Laica.
Andalucía Laica exige:
- La derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que imponen el dogma religioso en la enseñanza obligatoria, sufragando el sueldo de catequistas con fondos públicos.
- La eliminación progresiva de los conciertos educativos hasta su total extinción, destinando todos los recursos a la creación de una red de Escuela Pública Única, Gratuita y Laica.
- La salida inmediata de todas las asignaturas de religión: católica, islámica, evangélica o de cualquier otra fe, del horario lectivo y del espacio escolar público, garantizando una formación basada estrictamente en la razón y la ciencia.






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