En menos de cuatro meses desde que asumió como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Delcy Rodríguez ha impulsado un paquete de reformas legislativas que marcan un viraje histórico en la política económica venezolana. El objetivo explícito es propiciar un “gran desembarco” de capital privado —nacional y, sobre todo, extranjero— para explotar los vastos recursos naturales del país. Aunque el Estado mantiene el control público sobre los hidrocarburos y los minerales, la realidad es que las nuevas normas otorgan a las grandes empresas transnacionales la gestión operativa, la comercialización y los beneficios principales de esa explotación.

El primer gran paso fue la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sancionada por unanimidad el 29 de enero y promulgada de inmediato. Por primera vez desde la nacionalización de 1976, las empresas privadas pueden asumir directamente la exploración, extracción, producción y venta de petróleo sin necesidad de formar empresas mixtas con mayoría accionaria de PDVSA. Se elimina el monopolio estatal sobre la fijación de precios y la comercialización. La nueva norma reduce la carga tributaria (regalía máxima del 30% e Impuesto Integrado de Hidrocarburos del 15 %), permite el arbitraje internacional independiente para resolver disputas y abre la puerta a la cesión de derechos operativos a operadores privados. Rodríguez lo presentó ante inversores en Miami como una “industria reformada” lista para el capital privado, con “seguridad jurídica” garantizada incluso ante cambios políticos.

Apenas semanas después, el 9 de abril, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la nueva Ley Orgánica de Minas (131 artículos), que deroga el marco restrictivo de 1999 y 2013. La norma autoriza a empresas o consorcios nacionales, extranjeros, estatales y privados a explotar oro y “minerales estratégicos” mediante concesiones de hasta 30 años (renovables). Crea la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin) para “ordenar” el sector y ofrece garantías explícitas de seguridad jurídica y arbitraje independiente. El Estado sigue siendo propietario formal de los yacimientos, pero las empresas privadas obtienen el control operativo y la prioridad en la comercialización, con mecanismos fiscales flexibles diseñados para atraer inversión extranjera.

Estas dos leyes forman parte de una serie de medidas orientadas a desmontar la legislación que durante dos décadas limitaron la participación privada. El mensaje es claro: Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y un subsuelo rico en oro, coltán, bauxita y minerales críticos, está abierta al negocio. Grandes petroleras internacionales y mineras transnacionales ya han sido invitadas públicamente por Rodríguez en foros como el FII Priority Summit de Miami.

No es un detalle menor el anuncio realizado el 16 de abril por el Fondo Monetario Internacional (FMI): tras siete años de suspensión de relaciones (desde 2019), el organismo reanuda formalmente sus vínculos con Venezuela bajo el gobierno de Delcy Rodríguez. El FMI es una institución históricamente asociada a programas de ajuste estructural, liberalización económica y privatización de sectores estratégicos. Su regreso suele preceder a la implementación de recetas ortodoxas: recorte de la inversión pública, apertura comercial, eliminación de subsidios y, en última instancia, mayor presencia del capital privado en áreas antes reservadas al Estado. En el caso venezolano, este “regreso” coincide perfectamente con las reformas petrolera y minera, reforzando la narrativa de que el país se alinea con las condiciones que los organismos multilaterales y los inversionistas extranjeros exigen para inyectar capital a gran escala.

En síntesis, el gobierno de Delcy Rodríguez está construyendo un nuevo marco legal que, aunque mantiene la retórica de “soberanía” sobre los recursos, en la práctica transfiere la explotación efectiva de hidrocarburos y minerales a manos privadas extranjeras. PDVSA y las empresas estatales mineras pasan de ser operadores exclusivos a socios o reguladores menores. Es un cambio de modelo: del estatismo petrolero chavista a un extractivismo abierto al mercado. Queda por ver si esta apertura genera el desarrollo prometido o si, como en otros países con recursos similares, termina concentrando beneficios en pocas manos mientras el control real de la economía se desplaza hacia corporaciones multinacionales. Lo que ya es evidente es que Venezuela ha entrado en una nueva fase: la de la gran licitación de sus recursos naturales al mejor postor privado.

Fuente: Nueva Revolución.