La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la Junta de Andalucía por la cesión de información personal de 525.000 alumnos y alumnas menores de edad, 74.000 docentes y cerca de un millar de centros educativos a Microsoft. Es lo que ha denunciado el sindicato USTEA mediante una nota de prensa.

El sindicato señala que «la transformación digital de los centros no puede convertirse en una puerta abierta para la explotación de datos personales ni en una renuncia a la soberanía tecnológica de las administraciones públicas».

Y añade que «la digitalización de la enseñanza debe responder a criterios pedagógicos, éticos y de protección de derechos fundamentales, no a la consolidación de modelos basados en el control de los datos por parte de las denominadas Big Tech».

Desde USTEA reclaman la depuración de responsabilidades por esta vulneración de la normativa de protección de datos, transparencia sobre el alcance real de la cesión de información y las medidas adoptadas para evitar que vuelva a producirse, una revisión profunda del modelo de digitalización educativa impulsado por la Junta y la apuesta decidida por soluciones basadas en software libre, estándares abiertos y tecnologías que garanticen la privacidad, la seguridad y la soberanía digital de la educación pública.