El presidente colombiano Gustavo Petro ha pedido una movilización nacional para el 20 de julio, Día de la Independencia del país, en defensa de las reformas sociales aprobadas durante su gobierno y frente a las amenazas del presidente electo, el derechista Abelardo de la Espriella.

La llamada se produce en medio del empeoramiento de la situación política colombiana tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el 21 de junio. De la Espriella, apoyado por el imperialismo estadounidense, recibió las credenciales de presidente electo a finales de junio, pero su victoria ha sido impugnada por Petro y el senador Iván Cepeda, el candidato derrotado por el Pacto Histórico.

«El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones», dijo Petro en una publicación en X el lunes (6). El presidente también declaró que acepta, «de acuerdo con la decisión del pueblo colombiano», a Iván Cepeda como representante de la voluntad popular.

El domingo (5), Petro ya había convocado a la población a las calles para el 20 de julio. «20 de julio, día de movilización general para proclamar independencia y permanencia de las reformas sociales», escribió. El presidente afirmó que la ley se centrará en la defensa de los logros de su gobierno y en su despedida pública como jefe de Estado.

«Te invito a unirte a la fuerza pública y, tras el desfile, a escuchar mi despedida como jefe de Estado de Colombia», dijo Petro. «No haremos esto el 6 o 7 de agosto, son fechas trágicas. Lo haremos el 20 de julio, en todas las plazas públicas de Colombia.»

El sábado (4), durante un acto público en Cali, el senador Iván Cepeda dijo que no reconoce a De la Espriella como el legítimo presidente de la República. «Tal y como están las cosas hoy, debo decir con total claridad: hoy no reconocemos a Abelardo de la Espriella como presidente de la República», declaró.

Cepeda reiteró su disposición a organizar una campaña de «desobediencia civil pacífica» si De la Espriella lleva a cabo sus amenazas contra la oposición, las reformas sociales y la soberanía nacional. Según el senador, el nuevo gobierno amenaza con entregar Colombia a Estados Unidos y a Donald Trump, desmantelar reformas sociales, violar la Constitución y perseguir a sus opositores políticos.

«Que no siga este camino», dijo Cepeda. El senador afirmó que su equipo político puede desobedecer medidas que ataquen los derechos fundamentales de los colombianos, siempre mediante acciones pacíficas de resistencia, protesta y oposición.

Cepeda también afirmó que el Pacto Histórico y los más de 12,7 millones de votantes que votaron a favor de su candidatura continuarán organizando acciones pacíficas. «Seguiremos promoviendo acciones de naturaleza pacífica y rechazo cualquier forma de violencia», afirmó.

Uno de los puntos principales planteados por Petro y sus aliados del Pacto Histórico es la conexión de De la Espriella con Estados Unidos. El derechista tiene nacionalidad estadounidense y, para obtenerla, juró lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. Para Petro y para sectores cercanos al gobierno colombiano, este vínculo pone en duda la soberanía nacional.

El abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, cercano a Petro, declaró a la radio colombiana Blu Radio que tiene la intención de presentar una demanda para anular la elección de De la Espriella. Entre los argumentos se encuentran la nacionalidad estadounidense del presidente electo, el apoyo a Donald Trump, la retórica agresiva de la campaña y las acusaciones de irregularidades en el recuento.

Petro también denunció que el fraude habría sido organizado en Los Ángeles, en Estados Unidos, a través de una empresa israelí y con financiación de un abogado del estado de Florida. Desde antes de la votación, el presidente colombiano ya ha denunciado problemas en el proceso de recuento.

Folha de S.Paulo, en un artículo publicado el lunes, intentó reforzar la versión de las misiones internacionales de observación, según la cual la segunda ronda habría sido «transparente y bien organizada». Sin embargo, el propio aumento de las quejas muestra que las elecciones abrieron una crisis política en el país, especialmente porque la diferencia entre los candidatos era mínima.

La transición hacia el nuevo gobierno ha estado marcada por ataques de De la Espriella contra Petro, Cepeda y la izquierda colombiana. La derecha calificó al gobierno de Petro como «el gobierno más corrupto de la historia», sin presentar pruebas, y comenzó a utilizar las redes sociales para atacar reformas sociales y preparar el terreno para una ofensiva contra la oposición.

De la Espriella amenazó a Cepeda con prisión por su defensa de la desobediencia civil pacífica. «Algunos locos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que las primeras líneas, los bloqueos y el terrorismo urbano», dijo el presidente electo. «Todo lo que esté fuera de la ley, venga de donde provenga, o sea promovido por quien sea, se enfrentará a toda la fuerza del estado de derecho. Que quede claro.»

De la Espriella también anunció recortes de 60 billones de pesos colombianos, unos 20.000 millones de dólares, en el presupuesto nacional. La medida supondría un ataque directo a la inversión social y a los salarios de los trabajadores, en oposición a las reformas defendidas por Petro y el Pacto Histórico.

La investidura de De la Espriella está programada para el 7 de agosto. Antes de eso, Petro pretende organizar una movilización nacional el 20 de julio en defensa de las reformas sociales y contra el avance de la derecha colombiana liderada por el imperialismo estadounidense.

La crisis política en Colombia expone una nueva etapa en la ofensiva del imperialismo contra América Latina. Tras la victoria de Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador y Rodrigo Paz en Bolivia, Estados Unidos también busca imponer un gobierno neoliberal y golpista en Colombia, utilizando la candidatura del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

No hay razón para reconocer pasivamente una operación política que lleva al país a la derecha más vinculado a Estados Unidos. Pero si la denuncia no va acompañada de medidas reales, se convierte en solo una declaración. No reconocer a De la Espriella significa, en la práctica, rechazar la normalidad institucional del golpe: no entregar la banda presidencial, no colaborar con la transición, llamar al pueblo a las calles y organizar una resistencia nacional contra el gobierno que el imperialismo busca imponer.

De la Espriella representa el intento de poner a Colombia en el mismo camino que otros países latinoamericanos sometidos a gobiernos de ataque abierto contra los trabajadores, privatizaciones, represión y completa alineación con Estados Unidos. Este es el significado político de la campaña de derechas.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella anuncia creación de comandos para reprimir la protesta social

Nunca antes una transición o empalme entre gobiernos saliente y entrante había sido tan traumática como la que experimenta hoy Colombia; el ultraderechista, Abelardo de la Espriella, no se ha guardado nada para descalificar a quien deja el cargo, el izquierdista, Gustavo Petro: “es el gobierno más corrupto de la historia”, sin aportar prueba alguna.

Mientras asume la presidencia el próximo 7 de agosto, De la Espriella, optó por las redes para desprestigiar, paso a paso, los logros y reformas sociales del gobierno de izquierda liderado por Petro, amén de amenazar a su oponente Iván Cepeda, quien convocó al “pueblo” a ejercer “la desobediencia civil pacífica para defender los avances del país”.

Tiempos difíciles se ciernen sobre las colombianas y colombianos tras los anuncios hechos por el nuevo mandatario en materia económica y seguridad, dos variables que concentran la atención de la opinión en el país. 

Aunque Colombia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , es valorada entre las mejores cinco economías gestionadas en el mundo a diciembre de 2025, el ultraderechista De la Espriella, asegura, sin argumentos, que económicamente el país va camino a la quiebra, por tanto, propone, de entrada, la reducción de 60 billones de pesos -unos 20 mil millones de dólares- del presupuesto de la nación; es decir, busca castigar drásticamente la inversión social, incluidos los salarios de los trabajadores “abelardistas o petristas”.

Entre tanto, De la Espriella anunció la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana -BDSU- para, según dice, erradicar la extorsión, el hurto y el raponazo, reviviendo, dicen observadores en materia de seguridad, el fantasma del paramilitarismo que otrora dejó miles de muertos de los llamados “Falsos Positivos” o Ejecuciones Extrajudiciales.

Fuentes: Resumen Latinoamericano / DCO.