El pasado día 16 de septiembre, después de su paso por el Senado estatal, se aprobaron modificaciones a las leyes de Dependencia 39/2006 y la ley de Discapacidad del RD 1/2013.

Con motivo de esta modificación el partido Nación Andaluza ha señalado algunas cosas positivas aunque «no solucionan los males de fondo con los que nació la Ley de Atención a la Dependencia». Entre ellas se encuentran el compromiso del Estado de financiar el 50% de la atención a la Dependencia, que la persona Cuidadora Principal pueda recaer en una persona no familiar o que no sean incompatibles más de una prestación en el Plan Individual de Atención, que el SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio) no solo se preste en el domicilio de la persona dependiente. Para la formación independentista son «cuestiones de sentido común» pero «insuficientes, pues no acometen ninguna de las reformas de fondo que deberían aplicarse».

Denuncian que la atención a la Dependencia sigue «sin ser un derecho totalmente subjetivo. Es decir, sigue siendo el único servicio público que depende de un presupuesto y que si ese presupuesto se agota en octubre hay que esperar a enero para volver a conceder prestaciones». «¿Alguien puede pensar que llamemos al INFOCA por un incendio y nos dijeran que no pueden ir a apagarlo porque no hay presupuesto?» se preguntan.

Señalan que rebajar de 6 a 3 meses el periodo para resolver el grado de dependencia que corresponde a cada peticionario es «un precepto cínico de la ley, pues la demora de resolución de los expedientes es uno de los mecanismos de regulación del presupuesto» y un límite material en su aplicación. Y recuerdan que en Andalucía, el periodo medio de resolución es de 418 días, «el triple de lo que preveía la ley hasta ahora».

Además Nación Andaluza apunta que se pierde «la oportunidad de que el modelo de atención a la dependencia sea un sistema 100% público. O sea de provisión, gestión y titularidad pública».

Desde Nación Andaluza plantean varias medidas a la Junta de Andalucía en este campo:

– un modelo 100% público de Ayuda a la Dependencia.

– convertir la Ayuda a la Dependencia en un derecho subjetivo, dotándola del presupuesto necesario para que nadie vea demorada su prestación.

– plan de choque para cumplir el plazo legal: entre la solicitud y la efectiva concesión de las prestaciones habrá un plazo máximo de 90 días.

– dotación de las plantillas necesarias en los servicios sociales de la Junta para cumplir con estos objetivos.

– que nunca más muera una sola persona dependiente esperando su prestación.

Y concluyen recordando los límites de un modelo de atención a la dependencia de calidad porque «estos objetivos no son posibles en el marco del régimen del 39/78» actual. Por eso Nación Andaluza declara que «en paralelo y consecuentemente, luchamos por la República Andaluza de Trabajadoras donde las necesidades del pueblo estarán antes que los beneficios de la patronal».