Las masivas movilizaciones contra el desahucio de Maricarmen y por el derecho a la vivienda, que han culminado con acampadas en varias ciudades, expresan que la crisis de la vivienda no puede explicarse por la insuficiencia de vivienda construida, sino por la concentración de la propiedad de las que ya hay, la especulación con los activos inmobiliarios y años de políticas fiscales que no le ponen ningún límite a los fondos buitre y los grandes tenedores.

No solo faltan casas: el problema es quién posee las que ya hay. El censo del INE contabilizaba 3.837.328 viviendas vacías en el Estado en 2021, un 14,4% del parque residencial.

Al mismo tiempo, la propiedad inmobiliaria se ha ido concentrando. Un informe elaborado en 2026 por el Ministerio de Derechos Sociales y el CSIC señala que los grandes tenedores con más de diez inmuebles han pasado de controlar unos 138.000 inmuebles a más de 626.000 en catorce años, mientras el porcentaje de hogares que vive en propiedad ha bajado del 79% al 63,9% y el de hogares de alquiler ha subido del 11,9% al 19%. El mismo informe describe esta transformación como un problema de distribución de la propiedad inmobiliaria.

Los datos del Catastro también muestran que más de un millón de viviendas son propiedad de empresas privadas. Según datos de 2025, 1.076.753 viviendas estaban a nombre de sociedades, y el 5% de las empresas propietarias concentraban el 52% de este parque corporativo. Solo 563 sociedades acumulaban una cuarta parte de estas viviendas, con más de cien propiedades cada una. Cien propiedades frente a miles de familias que al año son desahuciadas sin alternativa habitacional.

La vivienda es un derecho, no un activo financiero

La contradicción entre los cientos de miles de viviendas sin uso o para un uso turístico mientras las familias trabajadoras son desahuciadas por no poder permitirse un alquiler obliga a abrir la discusión de la expropiación de vivienda.

La Casa Orsola en Barcelona se convirtió en un símbolo porque el Ayuntamiento acabó comprando el edificio para evitar el desahucio de las familias que todavía vivían allí. Pero aquella operación también abrió una discusión sobre quién asume el coste de poner fin a un conflicto provocado por una la estrategia inmobiliaria de los grandes tenedores. La compra pública, en este caso, terminó siendo una salida pagada con dinero público. Un trasvase de fondos públicos a manos privadas. La expropiación sin indemnización es una alternativa que rompe esta lógica.

La expropiación sin indemnización se plantea como una forma de cambiar la titularidad de una parte del parque inmobiliario existente para que todas esas viviendas dejen de ser instrumentos de acumulación de super ricos como los especuladores de Urbagestión, el fondo que ha dejado a Maricarmen en la calle. En lugar de eso, se propone que esas viviendas pasen a tener una función residencial y social, formando parte de un parque público de vivienda al que sea posible acceder para las familias trabajadoras.

¿Por qué sin indemnización?

Una expropiación convencional implica que el Estado o una administración adquiere forzosamente un bien por una “causa de utilidad pública o interés social” y paga al propietario lo que se conoce como “justiprecio”. La Constitución blinda el derecho a la propiedad privada y establece que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin una causa justificada por esta utilidad pública, con una indemnización. La Ley de Expropiación Forzosa también establece el mecanismo del justiprecio y el pago al propietario.

Estas leyes van en contra de todas aquellas que también blindan, supuestamente, el acceso a la vivienda. Porque permiten que un gran propietario acumule viviendas con fines especulativos o las mantenga vacías mientras existe una necesidad social de vivienda. Estos propietarios no deben recibir una compensación pública por perder un activo que se utiliza para agravar la crisis de vivienda. Pagar el valor de mercado significa asumir socialmente el coste de deshacer una situación creada dentro del propio mercado inmobiliario.

Esta es la principal diferencia entre una compra pública y la expropiación sin indemnización. En el primer caso, la administración compra la vivienda al propietario; en el segundo, la titularidad se transforma por una decisión de interés social sin que el antiguo propietario reciba el valor de mercado del activo. Es una diferencia económica, pero sobre todo política, porque determina quién asume el coste de la transformación del parque inmobiliario.

Berlín llevó el debate a las urnas

En septiembre de 2021, los habitantes de la capital alemana votaron en referéndum sobre la socialización de las viviendas de las grandes empresas inmobiliarias. La propuesta planteaba transferir a la propiedad común las viviendas de las empresas privadas con más de 3.000 pisos, crear una administración pública sin ánimo de lucro y establecer una participación democrática de trabajadores, inquilinos y sociedad civil en la gestión.
El resultado fue que 1.035.950 personas votaron a favor, el 57,6% de los votos válidos, con una participación del 73,5%. El referéndum superó también el umbral mínimo de aprobación exigido en Berlín. La propuesta berlinesa, sin embargo, no consistía en una expropiación sin indemnización. El texto aprobado planteaba una compensación «significativamente inferior al valor de mercado» y la propia administración berlinesa calculaba diferentes escenarios de coste según la valoración de los inmuebles.

El problema, además, es que con el referéndum no alcanza. El gobierno del SPD alemán y Die Linke lo dejó en un cajón. Por eso, la clave para hacer efectivo un programa así, que no solo impida los desahucios, sino que permita expropiar vivienda la clave es la movilización. En este sentido, las acampadas por la vivienda de Madrid, pero también de otras ciudades, y las movilizaciones masivas de ciudades como Barcelona vienen planteando la necesidad de la perspectiva de una huelga general. Esta huelga es clave para imponer que el gobierno no desvíe la enorme fuerza social del movimiento de vivienda desplegado en las calles hacia un decreto “farsa” y que se aprueben medidas de calado profundo.

Poner la vivienda bajo control de las inquilinas y trabajadoras

Expropiar viviendas no resuelve por sí solo la crisis residencial. Si los pisos pasan a manos públicas pero continúan gestionándose con lógicas de mercado, el cambio de propietario puede no transformar sustancialmente las condiciones de acceso.

Frente a cualquier decreto recortado o maniobra institucional que busque vaciar de contenido las reivindicaciones del movimiento de vivienda, hace falta defender un programa de fondo: expropiación sin indemnización de las viviendas vacías en manos de bancos, fondos buitre y grandes tenedores; alquileres sociales; bajada drástica de los alquileres; contratos indefinidos o renovación automática; prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional; fin de los usos especulativos de la vivienda turística y de temporada; y la construcción de un parque público de vivienda gestionado bajo control de las propias inquilinas y trabajadoras.

Fuente: Izquierda Diario.