El primer decreto cayó por 178 votos en contra frente a 172 a favor. Incluía una moratoria de los desahucios de familias vulnerables hasta 2030, topes a la subida de los alquileres, más obligaciones para los grandes tenedores y límites temporales a determinadas operaciones de compra de vivienda. El segundo, que recogía la renovación automática de los contratos de alquiler, corrió la misma suerte.

Los votos de Junts, PP, Vox y UPN han sumado más que los de PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria. Junts ha consumado así su negativa después de que su Ejecutiva decidiera por unanimidad votar en contra si el Gobierno no retiraba los textos, petición a la que el Ejecutivo se ha negado. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha ratificado su ‘no’ desde la tribuna y ha exigido al Gobierno que “retiren los reales decretos” y negocien un nuevo texto “a puerta cerrada”. El resultado confirma el diagnóstico de que viene señalando buena parte del movimiento por la vivienda: el Congreso no puede aprobar ni un decreto-trampa con algunas contraprestaciones en materia de moratorias que el PSOE había puesto como anzuelo para aprobar un histórico paquete de rebajas fiscales de hasta el 100% a los rentistas, y que la derecha y Junts rechazan por electoralismo y partidismo, dejando además a la mayoría trabajadora sin ninguna protección, ni siquiera temporal.

El contenido del decreto caído era, en sí mismo, un señuelo. El bloque fiscal incluía un verdadero “paraíso fiscal para rentistas”: hasta un 100% de reducción en el IRPF para los caseros que bajaran mínimamente el alquiler, frente a un 10% para los inquilinos y con umbrales de renta tan bajos que dejaban fuera a la mayoría de los hogares alquilados. Según datos de Gestha, solo 121.573 inquilinos se beneficiaban de la deducción residual por alquiler —un alivio medio de 212 euros—, mientras más de dos millones de rentistas disfrutaban de un regalo fiscal medio superior a 3.000 euros. De cada 100 euros que cobran los rentistas por alquiler, apenas 24 llegan a Hacienda, mientras un asalariado con 30.000 euros brutos paga 4.926 euros de IRPF. Las deducciones fiscales a los rentistas restaban cada año más de 1.200 millones de euros a las arcas públicas: el equivalente a ocho hospitales públicos de tamaño medio o al salario de más de 30.000 docentes. La AIReF ya advirtió de que la medida era regresiva: el 1% de los declarantes con mayores rentas concentraba el 15% del beneficio, mientras que el 50% con menores rentas apenas percibía el 5%.

Además, el decreto tampoco prohibía a los fondos buitre: solo limitaba temporalmente —hasta el 31 de diciembre de 2028— las compras por debajo del 70% del precio de tasación, sin fijar quién debía tasar. En la práctica, quien compraba podía encargar una tasación a la baja y sortear el umbral, y a partir del 1 de enero de 2029 la restricción desaparecía por completo. La norma, por tanto, se quedaba muy lejos de la “prohibición” anunciada.

La votación deja una lección clara para el movimiento de vivienda. Confiar en la aritmética parlamentaria es dejar en manos de los partidos una cuestión que decide las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras.

La cuestión ahora es cómo convertir esa movilización en una fuerza capaz de arrancar lo que las instituciones no han garantizado. Eso significa vivienda digna, el fin de la especulación y un freno al encarecimiento de la vida. Para eso hace falta organización en los centros de trabajo, en las universidades, en los institutos y en los barrios. Y hace falta unir esas luchas en una fuerza común capaz de paralizar la economía: la huelga general.