Mediante un comunicado remitido a esta redacción, el partido de izquierda independentista Nación Andaluza ha expresado su apoyo a las movilizaciones por el derecho a la vivienda, al tiempo que cuestiona que sus objetivos queden limitados a la aprobación de los dos decretos rechazados por el Congreso. La organización reclama reivindicaciones más amplias y advierte de que la convocatoria electoral puede desplazar el protagonismo de la lucha social.

En su pronunciamiento, Nación Andaluza se pregunta por qué PSOE y Podemos no impulsaron medidas semejantes cuando contaban con mayoría parlamentaria. También acusa al PSOE de presentar al Gobierno estatal como el único actor capaz de intervenir y a los decretos como la única respuesta posible. Según su interpretación, el adelanto electoral pretende aprovechar el malestar generado durante décadas de gobiernos del PP y del PSOE para prolongar la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.

La organización considera que el anuncio de una posible huelga general ha quedado eclipsado por las elecciones. Aunque respalda a los sectores que luchan por el derecho a la vivienda, sostiene que sus demandas deben ser ambiciosas y evitar medidas que califica de «meros maquillajes».

Nación Andaluza defiende que la solución definitiva requiere una economía socialista planificada democráticamente, que sustraiga la vivienda a las leyes del mercado. Junto a ese objetivo, plantea actuaciones que considera inmediatas y dirige sus exigencias tanto al Gobierno estatal como a la Junta de Andalucía.

Entre ellas propone que ambas administraciones acuerden la transferencia de todas las viviendas de la Sareb situadas en Andalucía para destinarlas al alquiler social. Reclama también que la Junta dedique a ese fin los inmuebles que herede de personas sin herederos y promueva vivienda pública sobre terrenos propios o cedidos por los ayuntamientos.

Asimismo, pide la cesión de suelo a cooperativas vecinales que construyan con sus propios recursos, conservando la Junta la propiedad del terreno y otorgando a sus integrantes el derecho de uso. Al Estado le exige expropiar viviendas de los bancos hasta recuperar el importe del rescate bancario, que el comunicado cifra en 60.000 millones de euros, y transferir las situadas en Andalucía para alquiler social.

Protección frente a los desahucios y organización popular

Nación Andaluza reclama que ninguna familia declarada vulnerable por los servicios sociales pueda ser desahuciada y que la Junta declare zonas tensionadas en el mayor número posible de localidades andaluzas. Estas propuestas se inscriben en su defensa de una vivienda pública y social gestionada por y para la población trabajadora andaluza.

El Secretariado de la Comisión Nacional sitúa, finalmente, el fortalecimiento de las organizaciones por la vivienda como la tarea más urgente. Para defender esa orientación, recuerda el llamamiento de Blas Infante a los inquilinos sevillanos a permanecer organizados y reforzar sus asociaciones. Nación Andaluza sostiene que la movilización debe conservar sus propios objetivos y continuidad ante el nuevo escenario electoral.