El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el pasado 30 de octubre en el BOE la Orden APA/1145/2026, que habilita por primera vez en el Estado español una retirada obligatoria y temporal de parte del aceite de oliva del mercado durante la campaña 2026/2027. La norma no fija todavía el porcentaje concreto: la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios deberá decidir antes del 15 de noviembre cuánto aceite se inmoviliza, con un límite máximo del 20% de la producción estimada.

La medida se activa ante una cosecha prevista de 1.602.596 toneladas, un 23% más que la campaña anterior y la cuarta mayor de la serie histórica, a la que se suman 357.040 toneladas de existencias iniciales, un 23,3% más que el año anterior. La combinación de ambos volúmenes supera el umbral del 120% exigido por la normativa para activar el mecanismo, según recoge ABC. La patronal del sector calcula que la retirada afectará a unas 190.000 toneladas, en torno al 13% de la producción, según el responsable de olivar de COAG, Francisco Elvira. El aceite retirado quedará almacenado en las almazaras y parte podría permanecer inmovilizado hasta septiembre de 2027.

Poolred registra que entre el 20 y el 26 de octubre el AOVE cotizaba a 3,07 euros por kilo, el virgen a 2,93 y el lampante a 2,79. La patronal teme que esos niveles dejen al olivar cerca del límite de rentabilidad, con costes de producción que habrían aumentado un 57%, según Agroclm. Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias están satisfechos con la herramienta política y ya habían reclamado que el Gobierno central que la reactivara para frenar la caída de las cotizaciones y proteger la rentabilidad de sus explotaciones.

La industria envasadora, en cambio, se opone o muestra reticencias. Llevó la norma a los tribunales y sostiene que congelar parte de la oferta perjudica la competitividad de las empresas españolas del sector frente a otros países, porque la medida solo se aplica a los operadores españoles. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un informe del 5 de octubre, advirtió de que restringir la oferta puede encarecer los precios, reducir la variedad y calidad disponible y alterar la competencia. El regulador estima que, en un escenario de aplicación máxima, el almacenamiento obligatorio costaría entre 9,24 y 11,68 millones de euros adicionales a los productores, un sobrecoste que podría trasladarse al precio final pagado por los consumidores. La CNMC también cuestionó que se pretenda amortiguar las subidas de precio en campañas futuras de escasez a costa de limitar la bajada de precios en las de cosechas abundantes.

Avanza el proceso de venta de Deoleo con la pasividad de la administración andaluza

El proceso de venta de Deoleo suma nuevos ingredientes en su recta final. Finalmente, cuatro gigantes del sector olivarero andaluz y mundial, repartidos en dos consorcios, se disputan la propiedad de la compañía aceitera dueña de Carbonell después de presentar las ofertas definitivas por la misma, una vez expirado el plazo dado hasta el pasado lunes.

Y conforme avanza este proceso la oportunidad para hacer de Deoleo una empresa controlada por la administración andaluza, que garantice precios justos a los agricultores y un coste reducido a los consumidores por este alimento básico, se esfuman.

Dcoop y Acesur, dos de los grandes dominadores del mercado, han unido sus fuerzas y han decidido presentar una oferta conjunta a los principales accionistas de Deoleo, los fondos CVC y Alchemy, tal y como confirman fuentes financieras conocedoras del proceso. Del mismo modo, la familia italiana Coricelli, que fue la primera en mostrar un interés sólido antes del verano, ha unido fuerzas a última hora con Migasa, otro de los grandes grupos aceiteros y alimentarios andaluces, dueño entre otras marcas de La Masía. Este, que tiene el 50% de la propiedad del Grupo Ybarra, genera una facturación anual en el entorno de los 2.000 millones de euros anuales, con un foco muy centrado en la exportación. Migasa es propiedad de la familia Gallego, ahora en su segunda y tercera generación.

Por su parte, la Junta de Andalucía sigue sin hacer nada PP e IU coincidieron en la Cámara Baja en una resolución para que el Gobierno detalle por escrito su valoración sobre una eventual adquisición de Deoleo por parte de un grupo extranjero o un fondo de inversión en una poco frecuente conjunción de esfuerzos que pone de manifiesto dónde se encuentran los límites políticos de ambas formaciones: en la propiedad privada y las reglas del capitalismo. ¿Cómo es posible que una formación que se dice comunista no haya pensado en la adquisición pública de Deoleo?

Una «falsa disyuntiva», ¿los poderes públicos deben comprar Deoleo?

El partido Nación Andaluza rechaza este planteamiento en el que coinciden PP e IU como una «falsa disyuntiva». Esta operación, lejos de resolver el problema, afirman que «consolidaría un oligopolio que controlaría aproximadamente el 15% del consumo estatal de aceite de oliva, con un poder de negociación apabullante frente al pequeño agricultor andaluz».

Por eso proponen que la Junta de Andalucía asuma «el control de Deoleo, utilizando los instrumentos legales existentes: la declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía (Decreto-ley 4/2019), que permitiría a la Junta blindar la empresa y evitar su desmantelamiento y la participación mayoritaria de la Junta a través de la Corporación Empresarial Pública de Andalucía».

Para Nación Andaluza es «una oportunidad para avanzar hacia la soberanía alimentaria andaluza, evitando que Deoleo quede en manos de fondos italianos o del oligopolio agroalimentario».

Por todo ello, Nación Andaluza exige a la Junta de Andalucía:

1. Paralizar la venta de Deoleo mediante la declaración de interés estratégico, impidiendo que se cierre la operación con Coricelli o Dcoop.
2. Elaborar un plan de compra pública que ponga el control de Deoleo en manos de la administración andaluza, garantizando la gestión democrática de un recurso estratégico.
3. Abrir un debate social sobre el modelo del sector oleícola andaluz, superando el oligopolio y apostando por la pequeña producción campesina.

Y añaden que «la solución es que el pueblo andaluz sea dueño de su producción agroindustrial avanzando hacia la soberanía alimentaria».

FACUA: “Qué puñetera vergüenza”

La medida ha desatado una polémica política sobre quién debe beneficiarse de la abundancia. El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, criticó al Gobierno en la red social X: “El Gobierno impidiendo que bajen los precios del aceite de oliva. Qué puñetera vergüenza”. Su intervención señala la situación de un sector que, tras varios años de producción menor y precios récord que castigaron a los consumidores, especialmente a los hogares de clase trabajadora, la “recuperación” de la cosecha no beneficiará al consumidor final, porque el Gobierno “progresista” interviene para sostener las cotizaciones en origen en lugar de dejar que la supuesta “mano invisible de mercado” traslade la bajada al bidón de aceite. La CNMC, por su parte, se limita a “recomendar” a Agricultura reforzar la justificación de la medida, con datos de demanda y flujos comerciales. El Ministerio defiende que la orden “recoge el criterio de determinación del porcentaje de retirada de aceite de cualquier categoría, a decidir por el operador, sobre el total de la producción acumulada mensualmente”.

Fuentes: Diario Socialista / El Conciso.