La paralización y las manifestaciones convocadas por la CGT y otros sindicatos y organizaciones afectaron a los servicios públicos y a las infraestructuras, con un fuerte apoyo de profesionales de la salud y la educación, controladores aéreos, trabajadores ferroviarios, portuarios y postales. La ola de indignación popular llega tras semanas de protestas estudiantiles contra la precariedad de las escuelas y universidades, que rápidamente se mezclaron con el descontento general por el alto coste de la vida y el colapso del poder adquisitivo.

El gobierno francés prohibió la ruta original de la manifestación entre la Bastilla y la Place de la Concorde en un intento de evitar la ocupación del centro de París. Sin embargo, el tira y afloja provocó que la protesta se trasladara a la ruta entre la Plaza da República y la Plaza de la Nación. A pesar de las restricciones, el impacto de la huelga se sintió con fuerza, paralizando a los sectores público y privado y conduciendo al cierre del mayor símbolo nacional, la Torre Eiffel, que se ha convertido en el centro de la lucha laboral.

La huelga general estalló menos de 24 horas antes de que los diputados franceses rechazaran expresamente la primera parte del proyecto de presupuesto para 2027, en un raro consenso transversal de la oposición en la Asamblea Nacional. El plan presupuestario del Ejecutivo, diseñado bajo el pretexto de responder a las presiones de los mercados financieros y a las demandas de Bruselas para reducir el déficit y la deuda pública, apuesta fuertemente por recortes en los servicios públicos.

Los principales sindicatos denuncian que el presupuesto sacrifica a los más vulnerables. En un comunicado conjunto, los sindicatos subrayaron que la propuesta del gobierno «agrava la situación al dirigirse a los más vulnerables y enfermos, al congelar las prestaciones sociales y debilitar el papel protector del sistema de seguridad social».

A estos factores se suman los impactos directos de la crisis energética global, agravada por el conflicto en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz, que ha hecho disparar los precios del combustible y ha generado fuertes críticas populares contra los beneficios récord de las grandes empresas energéticas a costa de las familias trabajadoras.

Ante la movilización de trabajadores, el Ministerio del Interior francés movilizó a más de 70.000 elementos de las fuerzas de seguridad a las calles, alegando riesgos asociados a la presencia de grupos radicales, imponiendo estrictas restricciones y rutas vigiladas a los manifestantes en París.

Los sindicatos y organizaciones de derechos humanos han denunciado enérgicamente la estrategia del ejecutivo, acusando al gobierno de recurrir a tácticas policiales excesivas y medidas autoritarias para intentar silenciar el derecho a protestar y criminalizar la movilización social.

Fuente: Abril Abril.