
«Se consagra la subordinación de los recursos públicos a los intereses privados, la privatización de la gestión ambiental y la falta de planificación democrática» con el pacto de gobierno PP-Vox según Ecologistas en Acción-Andalucía.
Señalan que particularmente preocupantes «son los propósitos de este lamentable acuerdo de desregular todo lo inimaginable, dedicando toda una Consejería, en manos de Vox, no a gobernar o legislar, como corresponde a todo gobierno, sino a anular leyes».
La “simplificación” para todo tipo de proyectos e iniciativas empresariales sigue el camino de las letales y recién aprobadas leyes de Gestión Ambiental y de Montes, donde la Administración externaliza las tareas de control al interés privado y permite ceder la explotación de fincas y montes públicos al capital privado.
Denuncian que se suprimen «las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde», se revisan las zonas de protección de fauna y flora ZEPA y LIC y se defiende la ganadería intensiva frente a la que el aucerdo PP-Vox denomina “criminalización animalista”.
A dos serios problemas de nuestro país, como son las inundaciones y los incendios forestales, «se dan soluciones simples e ignorantes, en plan cuñadismo, como “limpiar” ríos y “limpiar” bosques, cuando se trata de efectos de causas mucho más complejas e universales».
Otras defensas sin matices en este pacto son igualmente de «vergüenza» para el colectivo ecologista como:
- tauromaquia, cuya defensa, junto a la caza como atractivo turístico es patético, y les puede salir mal transmitiendo una imagen atávica y cruel con los seres vivos.
- la caza como gestora del medio natural, una ignorancia irresponsable.
- la ganadería intensiva y la pesca de arrastre, actividades que a corto y medio plazo supondrán problemas graves a nuestros recursos.
- Permitir sin control los fitosanitarios, seguir con la dependencia de fertilizantes y combustibles, en vez de apostar por un modelo agroecológico que reduzca dependencias externas y produzca sano, es otro ejemplo de este sinsentido programático.
La fiscalidad ambiental también se suprime: «desaparecerían los impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a aguas litorales: toda una contrarreforma antiecológica».






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