El pasado 2 de julio, tras firmar el pacto de gobierno con Vox que le garantizaba la investidura como presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno anunció que Manuel Gavira tendría rango de vicepresidente y asumiría las competencias en Turismo, Justicia y Administración Local. Una semana después, dio a conocer la composición de su Gobierno al completo, las tareas que asumirían los consejeros y consejeras y la letra pequeña de las competencias asignadas a esas áreas. Esa letra pequeña, con la que conocimos por ejemplo que Cetursa estará asignada a Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y no a Fomento, como estaba en la anterior legislatura, cuando fue el trampolín de Marifrán Carazo a la Alcaldía de Granada, certifica también que la ultraderecha gestionará políticas para hacer frente a la violencia de género. En concreto, todas aquellas relacionadas con Justicia. 

Así, en la XIII Legislatura, un partido que niega la existencia de la violencia de género y que hace gala de ello tendrá bajo su mando una parte muy importante de la respuesta a las mujeres que la sufren. La otra parte seguirá en la Consejería de Asuntos Sociales, Familias e Igualdad que seguirá dirigiendo Loles López (PP). Con ella, una parlamentaria de Vox tuvo en octubre del pasado año en el Parlamento un debate que es un claro ejemplo de la manera en la que el socio del PP actúa y su posición.

Una parlamentaria de ultraderecha -Purificación Fernández Morales- interpelaba a Loles López en comisión parlamentaria y, para exponer su posición, contó que había visitado un centro de atención integral 24 horas a víctimas de agresión sexual -estos siguen dependiendo de la Consejería de López en esta legislatura-. Tras cuestionar su funcionamiento y afearle a la consejera que mantuviera «la red de chiringuitos ideológicos, como el IAM», el Instituto Andaluz de la Mujer y otros centros, como el que había visitado, se pronunció en los siguientes términos:

«Sabe lo que va a hacer Vox cuando gobierne, los vamos a cerrar todos», le espetó la parlamentaria ultra a la consejera. Loles López, molesta pero sin llegar a pisar los callos de Vox -entonces no eran socios pero se barruntaba qué podía ocurrir-, le afeó que su objetivo fuese cerrar «todos los recursos para la violencia de género». No lo negó la parlamentaria de Vox. «Está asintiendo con la cabeza», precisó la consejera.

Lo hará con un pacto de 150 medidas en las que no se menciona la violencia machista. No hay ninguna medida para mejorar las casas de acogida o el centro 24 horas que visitó esa parlamentaria. Las únicas referencias a la mujer llegan en las medidas para fomentar la maternidad y otra que resume el ideario de Vox: la prohibición del uso en espacios públicos del «burka y nicab» y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro. Una medida a la que añade la siguiente coletilla: «No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustentan nuestra sociedad». De paso, otro elemento crucial del ideario de la extrema derecha: señalar al extranjero -a unos en concreto, no a todos-. 

Esa medida, por cierto, ya la ha colado Vox en ayuntamientos y diputaciones. Ocurrió en la Diputación Provincial de Granada y en el Ayuntamiento de la capital, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero la medida salió adelante. Se colocó en la Plaza del Carmen un cartel especificando que estaba prohibida la entrada con esas prendas. La Secretaría emitió un informe jurídico en el que advirtió de la ilegalidad de la medida. Cabe preguntarse si, como consejero de Turismo, defenderá esta medida en lugares como la Costa del Sol, donde no el burka, pero sí el niqab, es una prenda habitual en turistas procedentes de países como Arabia Saudí o Emiratos.

Es solo un ejemplo de la posición de Vox. Pero hay otros muchos que certifican su negacionismo de la violencia de género, como haber impedido año tras año, desde su llegada al Parlamento de Andalucía, que se aprobara una declaración institucional el 25 de noviembre. Para que sea una declaración institucional, el texto debe contar con el apoyo de todos los grupos. Han tenido que quedar en manifiestos.

Es el contexto en el que Vox recibe la competencias para dar respuesta a la violencia de género desde el área de Justicia, un departamento del que dependen los Institutos de Medicina Legal y, con ellos, las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, las UVIVG. Son equipos clave  formados por profesionales de la medicina, la psicología y el trabajo social y encargados de prestar asesoramiento técnico pericial especializado en violencia de género a los tribunales y al Ministerio Fiscal, en todos los procedimientos penales relacionados con la violencia de género y los procedimientos civiles derivados de estos. Además -según detalla la Memoria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, recopilan, gestionan y difunden datos de su actividad y realizan labores de docencia e investigación en violencia de género. El servicio público prestado por la UVIVG debe garantizar la máxima calidad pericial, el respeto al secreto procesal, la independencia y fiabilidad en los informes emitidos para conseguir la mejora continua dirigida a la excelencia, añade la Memoria.

Para este ejercicio, precisamente, Justicia había anunciado mejoras, como la creación de la figura de un coordinador médico forense en cada unidad. Es un recurso, además, que está financiado a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El socio de Moreno en Andalucía no oculta su «rechazo frontal» al Pacto contra la Violencia de Género. De hecho, el pasado año votó en contra de la renovación del acuerdo con mejoras respecto a las introducidas en 2017. 

De la Consejería de Justicia dependen los servicios de asistencia jurídica gratuita especializada para víctimas de violencia de género y otras medidas específicas orientadas a evitar, por ejemplo, que la víctima se cruce con el agresor cuando tiene que declarar, las llamadas ‘salas gesell’. Así que, evitar a partir de ahora la exposición de las víctimas dependerá de la Consejería de Gavira. De todas las víctimas, no solo las asesinadas por hombres de determinada nacionalidad. 

También gestiona los Puntos de Encuentro Familiar, que tienen aún mejoras pendientes -en concreto, el despliegue de los equipos especializados- y que se convierten en escenario de verdaderos dramas en el que niños y niñas que han sido testigos de violencia hacia sus madres son obligados a encontrarsse con sus progenitores. 

Esto enlaza con uno de los proyectos piloto que puso en marcha la Consejería de Justicia, una medida que suscita muchas dudas porque abona ideas negacionistas y sin aval científico, como es el Síndrome de Alienación Parental. Se trata de la «Coordinación de Parentalidad». En su día, Justicia -con el PP- lo presentó como «un servicio novedoso que pretende servir como alternativa para la resolución de conflictos familiares colaborando con los jueces de familia con el doble objetivo de proteger a los menores que se encuentran en medio de un conflicto entre adultos y descongestionar esta jurisdicción, facilitando la ejecución de las sentencias». Sin adornos en la descripción, se trata de una figura que, en casos en los que la custodia es de la madre, se estable un coordinador parental para fomentar el vínculo con el padre. 

Fuente: El Independiente de Granada.