El pleno del Parlamento de Andalucía, ha investido este jueves a Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía para un nuevo mandato de cuatro años tras concederle su apoyo el partido ultraderechista Vox. Tras semanas de intensas negociaciones llevadas a cabo bajo un estricto compromiso de discreción y una primera votación en la que la ultraderecha le dio la espalda a la derecha (ultra) de Juan Manuel Moreno, el dirigente del Partido Popular (PP) ha logrado asegurar su reelección en una segunda votación gracias al respaldo definitivo de los quince parlamentarios de Vox.

Ambas formaciones sellaron un Acuerdo de Gobierno y Estabilidad minutos antes del inicio de la sesión plenaria en la Cámara autonómica, abriendo por primera vez las puertas del Ejecutivo andaluz a la formación fascista de Santiago Abascal. De esta manera, Moreno sumó los 53 escaños obtenidos por su partido a los 15 de su nuevo socio de coalición, alcanzando una mayoría absoluta de 68 votos a favor.

Con el nuevo reparto de poder ratificado por las fuentes oficiales, el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, asumirá una ‘macroconsejería’ con rango de vicepresidencia del Ejecutivo regional que concentrará la gestión de las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

No es la primera vez que PP y Vox llegan a acuerdos en Andalucía. Los ultraderechistas ya hicieron presidente a Moreno Bonilla en 2018 abriendo el llamado «gobierno trifachito» con Ciudadanos y el PP.

Una ‘macrovicepresidencia’ para la ultraderecha

El último capítulo del acuerdo recoge un «reparto de responsabilidades» entre PP y Vox. En el plano parlamentario, los de Abascal asumirán la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento de Andalucía y un senador por designación autonómica. Pero, para Vox, el principal elemento del pacto es su entrada en el Ejecutivo con la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que tendrá además rango de Vicepresidencia.

Moreno reconoció que la cartera es «muy importante» porque «el turismo es el motor económico» de Andalucía. También se justificó arugmentando que «es similar» a la que asumió Juan Marín en su primer Gobierno en 2019, cuando Ciudadanos ocupó la Vicepresidencia y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

El giro es especialmente llamativo porque Moreno fue el primer presidente autonómico del PP que alcanzó el poder gracias a un pacto con Vox, aunque entonces dejó a los de Abascal fuera del Gobierno y se apoyó en Ciudadanos para armar su primer Ejecutivo. Ocho años después de aquel acuerdo fundacional de la ultraderecha y la derecha ultra andaluza, el barón popular ha perdido la mayoría absoluta y ha terminado metiendo a Vox en el Consejo de Gobierno.

Esta es una de las grandes cesiones de Moreno Bonilla, que en campaña electoral dijo que un Gobierno con Vox era «imposible» y llegó a cuestionar que su flamante socio tuviera «equipos preparados para gobernar». El pacto, además, evidencia la falsedad de la denominada «vía andaluza» del Partido Popular que pretendía Moreno Bonilla, una fórmula política de los conservadores basada teóricamente sobre la moderación y la centralidad.

Fuentes presidenciales han confirmado que el reelegido presidente andaluz tomará posesión de su cargo de manera oficial el próximo domingo en un acto institucional en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, procediendo en las jornadas posteriores al nombramiento formal de los miembros del Consejo de Gobierno.

Un primer análisis del Acuerdo PP-Vox

El «Acuerdo de gobierno y estabilidad para Andalucía» firmado por el Partido Popular y Vox el 2 de julio de 2026 no es un mero pacto de gobernabilidad. Es la confirmación de una alianza de las derechas más ultras (frente a la otra derecha, el PSOE) que busca aplicar una agenda neoliberal y reaccionaria, disfrazada de «sentido común».

1. Ataque a los derechos y servicios públicos

Empezando por el final, la «lealtad institucional» y la «unidad de voto» del punto final (punto 150) no es una muestra de estabilidad, sino un intento de Moreno Bonilla de anular las disgresiones de la ultraderecha manifestando la actual debilidad del gobierno de la Junta.

El acuerdo es un manual ultraderechista de cómo desmantelar el estado del bienestar bajo el pretexto de la eficiencia.

• Sanidad (Puntos 76-104): Aunque se promete incrementar el presupuesto, este viene condicionado por una lógica privatizadora. La «colaboración público-privada» (punto 93) es la puerta de entrada para que la sanidad pública andaluza se convierta en un negocio para aseguradoras, sometido a «contratos transparentes» que, como hemos visto en otras comunidades, siempre acaban beneficiando a las grandes empresas. La obsesión por auditar el «coste sanitario derivado de la atención a extranjeros» (punto 100) no es más que un ejercicio de xenofobia para culpar a los inmigrantes de los problemas de gestión del SAS, creando una unidad de facturación para perseguir a los más débiles.
• Educación (Puntos 63-72): La gratuidad de 0 a 3 años, aunque positiva, se ve empañada por una batería de medidas que buscan adoctrinar y controlar el pensamiento. La eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (punto 64) es un claro gesto de islamofobia. La inclusión de la «Historia del terrorismo en España» (punto 71) tiene un abierto carácter adoctrinador del chauvinismo español como ha denunciado el sindicato USTEA que apunta al independentismo de los pueblos y la izquierda revolucionaria. La «concertación progresiva del Bachillerato» (punto 72) y de Formación Profesional es otro paso más para privatizar la educación, financiando con dinero público centros que segregan por razón de clase o ideología. Para USTEA el acuerdo evidencia que PP y Vox pretenden utilizar las aulas como escenario de una batalla cultural de la ultraderecha mientras continúan debilitando la educación pública mediante la privatización.
• Dependencia y Familia (Puntos 33-40): El concepto de «familia» que defiende el acuerdo es el de la familia tradicional, nuclear y católica. La «Ley de Familia» (punto 34) y las campañas de apoyo a la «cultura de la vida» (punto 36) son un caballo de Troya para imponer una agenda ultraconservadora, recortando derechos a las familias monoparentales, LGTBI+ y a las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo. El fomento de la maternidad no como una opción sino como obligación para las andaluzas se establecerá con el fomento de la natalidad, el apoyo a la maternidad y la “cultura de la vida”, un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada, y el reconocimiento del “valor social” de las familias numerosas.

2. Inmigración y «Prioridad Nazional»

El capítulo de inmigración es un compendio de racismo institucional que criminaliza a las personas por su origen y condición social.

• Rechazo y Repatriación (Puntos 12, 13): El acuerdo se jacta de un «rechazo frontal» a la inmigración, negándose a crear plazas para menores no acompañados y buscando su «retorno». Una violación flagrante de los derechos humanos y un ejercicio de crueldad contra niños y niñas que huyen de la pobreza o la guerra.
• Principio de «Prioridad Nazional» (Punto 18): Este es el concepto más totalitario del acuerdo. Implica que los derechos sociales y las ayudas públicas se asignen en función del «arraigo» y la «cotización», creando una escala de ciudadanía de primera y segunda clase. Este dudoso principio se pretende aplicar en el acceso a las subvenciones y los servicios públicos esenciales, incluida la vivienda protegida que quedará condicionado por ley a “la cotización laboral previa de los solicitantes” y exigirá la demostración de “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio andaluz”. Es un intento de establecer un apartheid social, donde los inmigrantes son vistos como una carga frente a su papel como la capa más explotada y desprotegida de la clase obrera andaluza.
• Control y Represión (Puntos 21, 22): La creación de un «servicio de Verificación del Fraude» y la reforma del padrón para excluir a los ocupantes sin título son medidas que estigmatizarán a barrios enteros y vulneran el derecho a la intimidad, convirtiendo a la administración en una policía social.

3. Un acuerdo para la oligarquía y la rehabilitación del franquismo

El acuerdo es un regalo para la gran burguesía y las grandes empresas.

• Fiscalidad Regresiva (Puntos 1-11): La rebaja del IRPF y la bonificación de sucesiones y donaciones a los hermanos (punto 11) benefician claramente a las rentas altas y a los grandes patrimonios como ya es habitual en los gobiernos de Moreno Bonilla. La supresión de impuestos ambientales (punto 9) es un golpe al planeta y a nuestra salud, incentivando la contaminación para contentar a los lobbies empresariales.
• Sector Primario y Energía (Puntos 105-137, 24-27): Bajo la excusa de defender al campo andaluz contra la «Agenda 2030» y el «Pacto Verde», el acuerdo protege los intereses de los grandes latifundistas y de la agricultura intensiva. La protección del suelo frente a las macroplantas solares es, en realidad, un escudo para el ladrillo y para especular con el suelo rústico, mientras se niegan alternativas reales para una transición ecológica justa.
• Nueva Ley de Concordia (Punto 148): Este es el mayor insulto a la memoria de las víctimas del franquismo. La prometida ley no es de «concordia», sino de impunidad, para equiparar a las víctimas con los verdugos y seguir rehabilitando al franquismo. Es un intento de blanquear la dictadura y de silenciar a los andaluces y andaluzas que lucharon contra ella.

Frente a este gobierno de la derecha y la ultraderecha, solo cabe la movilización social, la lucha en las calles y en los barrios. La organización del Pueblo Trabajador Andaluz no solo para tumbar este gobierno ultraderechista sino para impedir que la otra derecha (el PSOE) acceda al gobierno de la Junta para implementar otro programa igualmente neoliberal, españolista y antipopular, aunque menos agresivo en su retórica.