El próximo 22 de septiembre, el Consejo de Ministros deberá resolver si autoriza la extradición a Estados Unidos de James «Fergie» Chambers, militante propalestino de 41 años que permanece encarcelado sin fianza en la prisión de Aranjuez, Madrid, desde el pasado 10 de julio. Chambers, heredero de la fortuna del conglomerado mediático y energético Cox Enterprises, fue detenido en Eivissa por la Policía Nacional a petición de la Administración de Donald Trump, que lo señala como uno de los mayores donantes individuales de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El Departamento de Justicia estadounidense formalizó la solicitud de entrega el 26 de agosto, imputándole delitos de blanqueo internacional de capitales por haber transferido 7,5 millones de dólares a Túnez, fondos que la fiscalía de EEUU vincula, sin aportar pruebas de actos violentos concretos, con la financiación de la organización de resistencia palestina Hamás. La Audiencia Nacional avaló su ingreso en prisión provisional al considerar que la elevadísima fortuna familiar de Chambers, representa un riesgo de fuga.

La defensa de Chambers está encabezada por el bufete Ilocad, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, quien sostiene que Washington pretende criminalizar la protesta política y el apoyo humanitario canalizado a través de iniciativas como el Sameer Project. Los abogados señalan además que delitos como la «conspiración para incitar a disturbios», invocados por la fiscalía estadounidense, no existen en el Código Penal español, lo que anularía el requisito de doble incriminación exigido para autorizar la entrega. Sobre el supuesto blanqueo, remarcan que la fortuna personal del activista proviene de la venta de su participación accionarial a su propia familia en 2023, por unos 250 millones de dólares. Vale apuntar que el propio Garzón fue artífice de la doctrina conocida como «todo es ETA», que en su momento amplió la definición de terrorismo para perseguir apoyo político y actividades no violentas, y que arrastra denuncias por desatender torturas bajo su instrucción, una contradicción que no pasa desapercibida entre quienes siguen el caso.

El expediente ha generado movilizaciones de apoyo a Chambers en distintas ciudades como Madrid y Barcelona, donde se ha señalado que el caso funciona como una prueba sobre el grado de presión que Washington puede ejercer sobre los gobiernos europeos. Movimientos propalestinos como el BDS y otras organizaciones se han pronunciado enérgicamente contra la extradición de Chambers.

El caso trascendió fronteras: el diario británico The Guardian dedicó una amplia pieza al expediente, señalando que, de autorizarse la extradición, sería la primera vez que Estados Unidos logra la entrega judicial de un ciudadano propio por respaldar la causa palestina.

La decisión que adopte el Ejecutivo español el 22 de septiembre mide hasta qué punto los gobiernos europeos, incluido el del PSOE y Sumar, están dispuestos a plegarse a los dictados de Washington y a la política genocida que Israel ejecuta sobre Gaza con el respaldo directo del imperialismo estadounidense, incluso cuando eso signifique entregar a uno de sus propios ciudadanos por el simple hecho de financiar ayuda humanitaria.

Fuente: Izquierda Diario.