Los datos oficiales del Ministerio de Igualdad del Gobierno español confirman se registran a esta fecha 37 víctimas de violencia de género en el Estado —mujeres asesinadas por su pareja o expareja—, la cifra más alta acumulada en esas fechas desde 2019. Un análisis de la composición de los agresores revela una tendencia estadística significativa que se repite año tras año: los agentes de policía están sistemáticamente sobrerrepresentados entre los perpetradores. Dos de esos 36 casos, es decir, el 5,41%, fueron cometidos por agentes de la Guardia Civil, un cuerpo que en su conjunto (hombres y mujeres) representa apenas el 0,17% de la población total y cuyos varones suponen aproximadamente el 0,30% de la población masculina española. La sobrerrepresentación policial entre los perpetradores de este tipo de asesinatos es, por tanto, de unas 18,5 veces superior a su peso demográfico; un alarmante dato al que los medios de comunicación apenas prestan atención.

El primer caso ocurrió el 16 de mayo en Dolores (Alacant), cuando un agente en activo de la Guardia Civil disparó a su esposa de 51 años y a su hijo de 24 en la vivienda del cuartel, para luego suicidarse con su arma reglamentaria. El Ministerio de Igualdad lo confirmó como violencia de género; no constaban denuncias previas. El segundo tuvo lugar el 5 de agosto en Llanes (Asturies), donde un guardia civil que se encontraba apartado del servicio por expedientes de violencia de género asesinó a tiros a su expareja, también agente del cuerpo, dentro del cuartel, tras sustraer un arma. La víctima figuraba en el sistema VioGén. En ambos casos, la Guardia Civil no es un dato circunstancial, sino el marco institucional donde se cometieron los crímenes y desde donde se facilitó el acceso a las armas. Un tercer caso, ocurrido el 28 de agosto en Isla Cristina (Huelva), se encuentra en investigación y, de confirmarse como violencia de género, elevaría la cifra a 37 víctimas en lo que va de año.

Un intento más en la misma semana: un policía jubilado encerró a su mujer y roció la casa con gasolina

El mismo día 8 de agosto en que se confirmaba el feminicidio de Llanes a manos de un guardia civil, la Policía Nacional española detenía en el núcleo de Almayate (Vélez-Málaga) a un hombre de 54 años, policía jubilado, que había encerrado a su mujer y amenazado con quemar la vivienda. El expolicía agresor cerró con llave las puertas, atrancó las cerraduras para impedir que la mujer escapara y roció el interior de la casa con gasolina. Fueron los dos hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad, quienes ayudaron a la madre a salir, lo que permitió activar el dispositivo policial que culminó con la detención del exagente. El hombre fue puesto a disposición del juzgado de violencia de género de Vélez-Málaga. Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indicaron que su jubilación anticipada se produjo por «problemas psicológicos». El caso, aunque no se ha saldado con un asesinato, ilustra la letalidad potencial de la violencia machista ejercida por agentes —activos o jubilados— y la normalidad con la que acceden a métodos extremos, en este caso gasolina y cerrojos, para consumar la agresión.

Sobrerrepresentación policial y opacidad institucional

La comparación demográfica, aunque basada en una muestra pequeña (dos casos), arroja un claro factor de sobrerrepresentación que no puede atribuirse al azar: mientras los hombres de la Guardia Civil constituyen el 0,30% de la población masculina, los feminicidios cometidos por ellos representan el 5,56% del total este año, 18,5 veces más de lo que cabría esperar; un patrón que se repite año tras año. El acceso fácil a armas de fuego reglamentarias, la cultura del encubrimiento, el silencio en los cuarteles, la dificultad para denunciar a compañeros, y los patrones de control y violencia inherentes la función policial constituyen factores que podrían explicar este fenómeno. Los datos recabados hasta la fecha no incluyen casos de la Policía Nacional española ni de otros cuerpos. Organizaciones como Feminicidio.net, que contabilizan una cifra más amplia de asesinatos de mujeres —alrededor de 60 hasta el 5 de agosto—, apuntan a que la sobrerrepresentación podría ser aún mayor si se incluyen otros tipos de feminicidio.

Los datos de anteriores veranos refuerzan esta misma conclusión. Tanto en 2023 como en 2024, se registraron 19 feminicidios en los meses de junio, julio y agosto, y en ambos periodos, 3 de esos 19 asesinatos —un 15,75%, casi uno de cada seis— fueron cometidos por policías en activo o retirados. A lo largo de todo el año 2023, fueron cuatro las mujeres asesinadas por parejas o exparejas miembros de los cuerpos policiales. Esta proporción se vuelve aún más alarmante si se tiene en cuenta que el número de agentes representa aproximadamente el 0,3% de la población, lo que recalca la propensión especialmente acentuada a cometer este tipo de crímenes entre los policías. El total histórico general desde el inicio del registro oficial en 2003 asciende ya a 1.377 víctimas mortales.

A la gravedad del hecho en sí se suma la opacidad institucional: los datos oficiales no permiten saber cuántos policías han sido procesados o condenados por violencia machista, lo que dificulta aún más la evaluación, la identificación y la prevención de este problema específico. Sin embargo, los dos casos en lo que va de año han vuelto a poner el foco sobre esta realidad oculta. Un estudio realizado en Estados Unidos, titulado Police Wife: The Secret Epidemic of Police Domestic Violence, concluyó que los agentes de policía ejercen violencia doméstica aproximadamente 15 veces más que la población general. En España no existe una investigación equivalente con datos desagregados, pero la evidencia disponible en la prensa —la sobrerrepresentación sistemática en feminicidios año tras año— apunta en la misma dirección. La contradicción es evidente: quienes teóricamente tienen la misión de “proteger a las mujeres contra la violencia machista” aparecen como perpetradores en una proporción desmesurada, mucho mayor que la media social, mientras las instituciones mantienen un manto de silencio sobre el alcance real de la violencia machista policial.

Fuente: Diario Socialista.