Dos trabajadores migrantes mueren en menos de 15 días en los asentamientos de la fresa de Huelva

Este septiembre, se cierra con una cifra trágica en la provincia de Huelva: dos trabajadores de la fresa han muerto durante dos incendios en asentamientos chabolistas de las localidades de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.

De forma continuada las llamas calcinan las chabolas construidas con pallets y plásticos en estos núcleos de infraviviendas donde viven más de 5.000 personas. El pasado sábado 26 de septiembre un trabajador procedente de Mauritania de 39 años que se encontraba trabajando en las campañas agrícolas  en Palos de las Fronteras desde 2025 ha muerto calcinado durante un incendio que arrasó con veinte chabolas.

Apenas 11 días antes, el pasado martes 15 de septiembre en otra localidad onubense donde se concentra la actividad fresera otro trabajador de 36 años originario de Mali murió calcinado en un incendio que destruyó 50 chabolas y produjo varios heridos.

Desde 2019 como apuntan las organizaciones por derechos humanos se han producido al menos 40 incendios en los asentamientos de la provincia

Estas muertes se unen a las que desde 2019 se producen a causa de los fuegos en estos espacios. En 2019 moría entre las llamas el joven de 24 años, Toufik Alasar, en 2021 Ato y Ghida en Lucena del Puerto, en 2022, Mohamed Alam en un incendio en un asentamiento de Lepe. El 24 de enero de 2025 Kullo Konay, jornalero de 40 años, en Lucena del Puerto.

Desde 2019 como apuntan las organizaciones por derechos humanos se han producido al menos 40 incendios en los asentamientos de la provincia. En julio de 2026 se produjo un macro incendio en Palos de la Frontera que arrasó 300 chabolas.

Desde la Apdha denuncia que se trata de “un problema estructural” y recuerda que “la respuesta institucional no puede comenzar cuando arden las chabolas y terminar cuando se apagan las llamas”. Desde finales de los noventa miles de personas que trabajan en el sector millonario de las fresas viven en este tipo de infraviviendas. “La prevención, la vivienda y la garantía de derechos también son responsabilidades de las administraciones públicas”.

Soluciones habitaciones y padrón

Desde la plataforma Padrón x Derecho exigen soluciones habitacionales urgentes y dignas. Una petición que distintas organizaciones llevan años pidiendo a las administraciones.

El problema del chabolismo en los municipios de agricultura intensiva en Andalucía “está cronificado ante la falta de respuestas institucionales al problema de la vivienda, el racismo inmobiliario y la ausencia de políticas públicas que encuadren la estrategia de “erradicación” del chabolismo dentro de un interés por dotar de vivienda digna alternativa a las personas migrantes trabajadoras del campo”, sostiene la organización. 

Padrón x Derecho pone el foco en que la industria de los frutos rojos sigue un “modelo depredador, cruel y extractivista que crece bajo la complicidad de las administraciones”.

El colectivo señala que los planes para acabar con estos asentamientos siguen “el objetivo de desalojar y destruir asentamientos de chabolas para invisibilizar todo lo posible la precariedad y la pobreza que rodean al agronegocio”. Tras 26 años de chabolismo en Huelva consideran que esos planes “han sido una farsa”.

Padrón x Derecho pone el foco en que la industria de los frutos rojos sigue un “modelo depredador, cruel y extractivista que crece bajo la complicidad de las administraciones”. También ponen en foco sobre la negativa de los alcaldes de los municipios freseros a empadronar a las personas que residen en estos asentamientos, a pesar de estar obligados a ellos para seguir despojando a las personas temporeras “de sus derechos fundamentales”.

Un negocio millonario

Desde el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha señalan que estas personas fallecidas son víctimas “del sistema racista y criminal que perpetuamos desde los países europeos llamados democráticos y del progreso”.

Pepa Suarez, activista de la Asociación Multicultural de Mazagón pone el foco sobre los empresarios y las instituciones públicas que “consideras que las personas migrantes son máquinas de trabajar”. Suarez insiste en que “Los primeros explotan los cuerpos para sacar el máximo beneficio. Los segundos protegen la precarización laboral y la ausencia de derechos. Se trata de un negocio redondo”.

Mientras miles de personas seguirán durmiendo bajo un plástico hoy la campaña de 2026 de la fresa y el fruto rojo se cerró con 677 millones de euros en exportaciones, un 1.7% respecto a la anterior.

Fuente: El Salto.

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